La hormigonera ilegal de Bilbao recibió más de 2 millones de indemnización con dinero público

La hormigonera ilegal de Bilbao, en las faldas del Pagasarri, recibió más de dos millones de euros de dinero público para su traslado. El acta de expropiación, firmado por la Diputación de Bizkaia y la empresa propietaria, Hormigones Vascos, refleja el pago de casi 1,8 millones por el terreno anterior y el abono de todos los costes de la nueva fábrica, que no están desglosados.

La fábrica de Hormigones Vascos en Bilbao que se tiene que demoler.

Como ha informado este blog, el Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre pasado el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad durante los últimos cinco años. Pese al medio año trascurrido, el Ayuntamiento de Bilbao no ha cumplido el fallo judicial. En diciembre comunicó que trasladaría la sentencia al Área de Seguridad Ciudadana pero a día de hoy no existe ningún precinto ni cierre de la fábrica, en la que se evidencia la bajada de actividad (hay menos camiones que entran y salen) pero los trabajadores continúan acudiendo a la fábrica. La empresa ha recurrido el fallo al Tribunal Supremo.

Esta hormigonera se construyó la década pasado en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran .autovía de pago en torno a Bilbao.  La compañía tenía una hormigonera en un lugar cercano, que tuvo que derribarse por la Supersur . La solución fue permitir otra fábrica aunque incumpliendo la ley al tratarse de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Lo que nunca se supo, hasta ahora, es el dinero público pagado por el traslado. 168.000 euros corresponden al suelo de la anterior ubicación, 1, 8 millones “correspondiente a la indemnización” y una cantidad que se determinaría más tarde por “el proyecto, la obra civil y los gastos de dirección de obra” de la nueva planta. Así aparece en el acta de expropiación firmado el 6 de junio de 2007 por la Diputación de Bizkaia y la empresa. Uno de los firmantes por parte de la Diputación es uno de los tres altos cargos que fue imputado en el caso (la directora del Servicio de Expropiaciones María Eugenia Maté) por parte de la Fiscalía de Bizkaia, que luego quedó archivado penalmente.

El caso volvió a los juzgados en 2015 cuando el denunciante, uno de los propietarios de la zona expropiados, puso otra denuncia y la Fiscalía pidió explicaciones al Ayuntamiento sobre la continuación de la actividad industrial pese a estar finalizadas las obras de la Supersur.

[pullquote]El Ayuntamiento de Bilbao ha permanecido inmóvil durante cuatro años[/pullquote]

La intervención de la Fiscalía provoca la reacción del Ayuntamiento de Bilbao, que había permanecido inmóvil durante cuatro años. Ordena, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa lleva el asunto a los juzgados y se opone alegando que tiene muchos clientes y contratos de otras obras (cuando el permiso claramente refleja que se circunscribía a la Supersur), y amenaza con la pérdida de empleos que supondría.

Entonces llegan los vaivenes del consistorio de Bilbao. El 20 de enero del pasado año, solo ocho meses después, el ayuntamiento acepta la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defiende su propio acto de clausura.  El juzgado acepta que la hormigonera siga con su actividad. Sin embargo, dos meses después, en marzo pasado, el Ayuntamiento presenta otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde vuelve a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad lleva a la Fiscalía a pedir, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado considera ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se opone a que siga funcionando.

Hormigones Vascos incluso solicitó al Tribunal Superior vasco que la fábrica continuara más allá del límite de 2017 y de ahí vino la sentencia del alto tribunal del pasado octubre, donde resalta que dicha actividad “sólo se contempla en suelo industrial” y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: “desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria”. Por ello concluye que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

Ahora se conoce con detalle, por la petición del juzgado que investiga el caso, el coste público del traslado con el acta de expropiación firmada en 2007. No aparece la cifra final, pese a que se sabe, con los costes finales de la nueva fábrica. Que te financien íntegramente la nueva fábrica y te indemnicen con 1,8 millones no parece un mal negocio para la empresa. Los partidos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao deberían pedir explicaciones.

Y todo con una licencia para uso industrial en un suelo rústico, totalmente ilegal en un  Plan General Urbanístico, donde el  el interés público en defender en suelo prevalece sobre cualquier interés privado, como lo atestiguan sentencias judiciales. Estamos con que en 2017 todavía persiste una actividad industrial que debió paralizarse en 2011; que el Ayuntamiento de Bilbao miró a otro lado hace cinco años y solo ha admitido la ilegalidad cuando ha sido presionado por la Fiscalía. Y de nuevo todo pagado con un dinero público, cuya cuantía se desconocía hasta ahora. Otro ejemplo de mala administración pública.

 

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