Los 300 entes gestores del agua en Álava que bloquean reducir la grave contaminación

En Álava existe un grave problema de contaminación de sus ríos: solo el 26% de sus aguas cumple la calidad exigida, según los datos del Gobierno vasco. Salvo el caso de Vitoria, con una correcta gestión, en los principales municipios alaveses los problemas se suceden por los vertidos sin control y las obsoletas depuradoras.  De hecho, la Unión Europea abrió en diciembre pasado sancionador por incumplir una directiva comunitaria, que data de 1991 y obliga a un correcto saneamiento de los ríos. Gran parte del problema radica en la carencia de un consorcio de Aguas para todo el territorio, salvo Vitoria.

Un tramo del Zadorra en Álava, en el que se aprecia claramente la contaminación.

La falta de depuradora en varios municipios como Llodio, Amurrio, Ayala y Orozko expone al río Nervión y sus afluentes a vertidos urbanos e industriales sistemáticos desde hace décadas. 35.000 habitantes vierten directamente sus aguas residuales a la cuenca fluvial. Hace dos años se calculaba que las obras de nuevas depuradoras y red de colectores costarían más de 80 millones de euros. Colectivos ecologistas han definido al Zadorra, uno de los principales cauces, como “el museo de los horrores de los ríos”.

La peculiar red administrativa de Álava, con la figura de los concejos (hay 334 y son organismo por debajo de los municipios pero con autonomía propia) deriva en que ahora coexistan más de 300 entes que gestionan el saneamiento.

La diferencia es sustancial respecto a Bizkaia y Gipuzkoa, con tres entidades en cada territorio. El múltiple entramado administrativo en Euskadi, con cuatro administraciones diferentes (Gobierno central, vasco, diputaciones y ayuntamientos), se complica en Álava con los concejos, que tienen la competencia en el abastecimiento y saneamiento del agua. Pero la Unión Europea obliga a que los costes de este servicio sean financiados con las tarifas del agua que pagan los ciudadanos. El resultado es que, en núcleos pequeños, los costes se disparan y es imposible que las tarifas se ajusten a los gastos que comporta la g gestión del agua. Por ello, es inexcusable conformar entes que agrupen a muchos municipios.

Bizkaia y Gipuzkoa han hecho los deberes pero en Álava se ha mantenido la ineficaz estructura de más de 300 entes gestionando el abastecimiento y saneamiento del agua. El expediente sancionador abierto por la Unión Europea ha movido el árbol. La multa parece inevitable y no es baladí: en noviembre, las autoridades europeas sancionaron con 46,5 millones a España (las multas siempre se tramitan al Estado) por contaminación en ríos de cinco comunidades autónomas y una multa diaria de 171.000 euros hasta resolverse el problema.

Esta amenaza y la presión del Gobierno vasco, a través de la Agencia Vasca del Agua Ura, parecen haber tenido efecto en los ayuntamientos y concejos alaveses. La Diputación de Álava ya apoya abiertamente la creación de un consorcio de aguas para toda la provincia salvo Vitoria, con su órgano gestor propio. Uno de los municipios más importantes, Salvatierra, y también uno de los más reacios hasta ahora a la creación de un consorcio, ha aceptado integrarse en el futuro ente. El consistorio, Ura y la Diputación alavesa firmaron en diciembre un convenio para ejecutar la nueva depuradora en Salvatierra, que incluye el compromiso de integrarse el consorcio. En Llodio, Ura ha obligado al ayuntamiento a implantar medidas de reducción de de la contaminación, como 24 controles al año, un chequeo de los vertidos industriales o elaborar una ordenanza de vertidos.

En Euskadi hay otra zona, Urdaibai, también con problemas de saneamiento pese a haberse invertido ya más de 150 millones de euros y ser la única reserva de la biosfera del País Vasco.

Resulta incomprensible que, con una directiva comunitaria que lo obliga desde hace casi 20 años, se sigan vertiendo residuos fecales e industriales directamente a los ríos. Y criticable la actitud de ayuntamientos alaveses que, por seguir aferrados a una obsoleta red administrativa de concejos,, no tengan la suficiente flexibilidad para conformar entes gestores que agrupen a los ayuntamientos para hacer frente a los grandes costos de gestión del abastecimiento y saneamiento. Como se ha hecho, con éxito, en Bizkaia y Gipuzkoa. No tienen más que seguir el ejemplo.

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