Mundaka incumple tres leyes al ocultar, tras un año, la polémica obra en el chalé de los Atutxa

El Ayuntamiento de Mundaka ha vuelto a incumplir las leyes de información a la ciudadanía para proteger a un poderoso vecino. Tras un año sin ofrecer datos sobre las polémicas obras en el chalé de la familia Atutxa a pie de playa (la construcción de una escolera que  invade el dominio público marítimo-terrestre), ha accedido a que se examine el expediente, pero sin poder obtener una copia completa. Un incumplimiento de la ley vasca de urbanismo sobre participación ciudadana, que garantiza “acceder y obtener copia” de la documentación pública.

Imagen del chalé de la familia Atutxa en Mundaka, con la escollera que entonces estaba en construcción en la parte inferior.
Imagen del chalé de la familia Atutxa en Mundaka, con la escollera que entonces estaba en construcción en la parte inferior.

Este caso se remonta a marzo de 2016, cuando los propietarios de un chalé en Mundaka, entre ellos Iskander Atutxa, (arquitecto e hijo de Juan María Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente histórico del PNV), iniciaron las obras de construcción de una escollera bajo la vivienda. Ecologistas denunciaron la ilegalidad de las obras, con un proyecto técnico desconocido porque el Ayuntamiento  no lo había entregado, las obras carecían del informe del Patronato de Urdaibai (cualquier actuación fuera de áreas urbanas requiere el visto bueno del órgano que gestiona la reserva) y el permiso concedido por la Demarcación de Costas no permitía usar la playa para el paso de excavadoras (que si se empleó como lo reflejan las imágenes tomadas por los ecologistas).

Los promotores erigieron una escollera de cerca de 15 metros de altura y más de 12 metros de anchura, con el sorprendente amparo del Patronato de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Después de tres meses de silencio, la directora Paula Caviedes emitió un informe de tres párrafos en el que calificaba las obras a pie de playa como “urbanas”. Hace ya casi un año,  la asociación ecologista Zain Dezagun Urdaibai presentó, ante el Ayuntamiento de Mundaka, el Patronato de Urdaibai y la Demarcación de Costas una “acción pública de protección de la legalidad medioambiental y urbanística” por las obras del chalé de los Atutxa. Además de denunciar ilegalidades por invadir áreas protegidas, pedían el proyecto de obra y el informe municipal de concesión de la licencia.

El Ayuntamiento de Mundaka solo respondió el 23 de junio, mes y medio después, a través de un correo electrónico de su concejal de Urbanismo Álvaro Amann, quien fue consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco entre 1999 y 2005. El edil anunciaba el traslado del informe de los técnicos municipales (que nunca se ha llegado a facilitar a los ecologistas) y aseguraba que las obras “se ajustaban a la licencia de obras concedida”. Además trasladaba “que se comparte la preocupación ante intervenciones de este tipo que afectan al medio natural y más en espacios como son las franjas costeras”. Curioso: definía como franja costera lo que la directora del Patronato de Urdaibai, Paula Caviedes, en su informe, califica de “área urbana”.

Desde ese correo electrónico, durante nueve meses no habido ninguna respuesta del consistorio ni noticias sobre el proyecto técnico presentado por la propiedad o el informe técnico del arquitecto municipal. Un silencio que incumple la Ley Vasca de Instituciones Locales, aprobada en abril de 2016, que establece en su artículo 63 que “resolución de la solicitud deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde su recepción”, la ley estatal de Transparencia, de 2013, que en su artículo 20 fija igualmente el plazo de un mes para responder y la ley vasca de Suelo y Urbanismo de 2006, que en su artículo 8, garantiza el acceso y la obtención de copias de los expedientes públicos.

El alcalde de Mundaka, Aitor Egurrola (PNV)

El pasado 13 de febrero, ante el persistente silencio, los ecologistas volvieron a pedir la información del proyecto. Esta vez hay una respuesta del alcalde Aitor Egurrola (PNV) mediante un decreto firmado el 22 de marzo. O sea, que de nuevo se incumple el plazo de un mes para responder a la ciudadanía. En el escrito se permite el acceso al expediente, en un plazo de 10 días y con la presencia de un funcionario, pero sin obtener una copia completa alegando protección intelectual y sin datos personales.

Otro incumplimiento de la ley vasca de Urbanismo que garantiza el acceso y copia al expediente completo. Fuentes jurídicas consultadas han asegurado que el promotor de una actuación urbanística debe pedir previamente una solicitud de confidencialidad y con argumentos fundados para que cualquier ciudadano no pueda acceder a un expediente completo. Y, en cualquier caso, cuando se accede a esa confidencialidad, la limitación se suele reducir a los datos personales. No consta (dicha confidencialidad) ni ha informado de ello en este año el Ayuntamiento de Mundaka.

El Ararteko (el Defensor del Pueblo Vasco) se ha encontrado con denuncias de ocultación de información a la ciudadanía y ha sido contundente:  “el derecho a la información lleva aparejado el de poder obtener copia de la documentación que configuran los planes propiamente dichos, así como la documentación relativa a los expedientes urbanísticos en los que han sido tramitados.

¿Tendrá algo que ver que el chalet bifamiliar es propiedad de uno de los Atutxa y de  María Isabel Ellakuría, una empresaria copropietaria de Talleres Wolko SL de Lemoa, la localidad natal de la histórica familia del PNV?  Iskander Atutxa es administrador único de la empresa de arquitectura e ingeniería Arkigest, que actualmente trabaja externamente para una docena de ayuntamientos vascos (todos dirigidos por el PNV) y su nombre apareció en la denuncia que a finales de 2015 hizo el PP del País Vasco. Acusaba a familiares directos del ex consejero de Interior Juan María Atutxa de haber recibido en los últimos años más de 200 adjudicaciones de contratos públicos por un importe de 68 millones de euros, en un caso que los populares tachaban de “clientelismo”. En esa denuncia, a Iskander Atutxa se le atribuían haber facturado tres millones de euros por servicios de arquitectura a diferentes ayuntamientos de Bizkaia. El dueño del chalé de Mundaka ha elaborado otros proyectos urbanísticos polémicos: la recalificación del solar familiar de la alcaldesa de Lezama y el frustrado proyecto de un campo de golf en un acantilado de Bakio.

A diferencia de su padre y de su hermano Asier, el actual presidente del Puerto de Bilbao y ex miembro de la ejecutiva del PNV vizcaíno, Iskander Atutxa siempre ha permanecido alejado del foco público y se ha centrado en sus negocios privados. Una discreción que ha mantenido en este caso: la petición de la licencia de obras solo aparece a nombre de María Isabel Ellakuría.

Un año ocultando el expediente, incumpliendo hasta tres leyes diferentes, y una aceptación a regañadientes y con limitaciones, infringiendo de nuevo la legislación, denotan la escasa defensa del interés público de un ayuntamiento, Y añaden más dudas a unas obras con múltiples visos de ilegalidad.

 

 

 

 

 

 

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