Un juzgado dicta el embargo de bienes de la fábrica de Bilbao, ilegal desde hace siete años, que se niega al derribo

La fábrica ilegal de Bilbao desde hace siete años sigue con sus artimañas para evitar su derribo. Actualmente tiene presentados tres recursos en la vía contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Bilbao que buscan dilatar este largo proceso judicial y, como se ha negado a pagar las costas en los pleitos que perdió contra el denunciante del caso, un juzgado ha dictado dos órdenes de embargo de sus bienes.

La fábrica de Hormigones Vascos en Bilbao que se tiene que demoler.

Este asunto es una clara muestra de una gran empresa, Hormigones Vascos, que pleitea sin límite para no cumplir la ley. Tiene una fábrica, ubicada en un suelo no urbanizable, que debió parar su actividad en 2011 pero siguió fabricando hormigón hasta 2016. Esta hormigonera se construyó la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad. El Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016.  Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

En marzo pasado,  el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas.Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos

Los reproches del Tribunal Superior al ayuntamiento confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día. En respuesta a una pregunta del grupo municipal de EH Bildu, este concejal detalló las gestiones realizadas desde hace un año, que han pasado por exigir a la empresa la presentación de una licencia de derribo.

La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales. Ahora tiene tres abiertos: contra la orden de derribo, el cambio del plan general de Bilbao para que el área donde está la fábrica se recalifique como urbana y por la prescripción de su infracción urbanística. Todo apunta a una estrategia de ganar tiempo, sobre todo tras el reciente anuncio de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. Hormigones Vascos buscaría así un argumento para mantener su planta ilegal.

Hormigones Vascos se ha negado a pagar las costas judiciales por la condena que ordenó el derribo de la fábrica

Pero estas artimañas han llegado a la insumisión ante la Justicia. Hormigones vascos se ha negado a pagar las costas a las que fue condenado por el pleito principal que ordenó el derribo: un total de 5.927 euros (3.805 de la sentencia condenatoria del juzgado y 2.122 del fallo confirmado por el Tribunal Superior de Justicia). El pago fue ordenado en julio pasado pero ante la falta de respuesta, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao ha ordenado, el pasado 10 de octubre, el embargo de bienes de la empresa.

Pero, además, Hormigones Vascos no ha dado ninguna información al juzgado sobre sus bienes (un requisito obligatorio en estos casos para que la Justicia ejecute el embargo concreto), por lo que el juzgado ha iniciado una investigación interna para identificar el patrimonio. El decreto judicial ya advertía de “las sanciones que pueden imponérsele cuando menos por desobediencia grave en caso de que no presente la relación de sus bienes”.

Hormigones Vascos ya pagó al denunciante 468 euros en 2017 por las costas judiciales, al perder otro pleito en el que pedía seguir con la actividad de fabricación de hormigón tras al fallo firme del derribo de la fábrica.

El Ayuntamiento tiene, desde marzo pasado, un informe sobre los costes de la demolición, que ha asegurado acometerá de manera subsidiaria tras la negativa de la empresa. El presupuesto total del derribo se eleva a 958.855 euros. Pero, en el proyecto de presupuestos  del Ayuntamiento bilbaíno para 2019, se ha habilitado una partida de cerca de 400.000 euros, menos de la mitad del coste calculado.

Es inaudito que una fábrica que funciona ilegalmente desde hace siete año siga en pie. No se suele ser tan condescendiente con una modesta tienda o un bar que incumple la ley. Como agravante, Hormigones Vascos ha recibido 4,7 millones de dinero público de más que dudosa justificación, ha facturado millones de euros por fabricar hormigón durante cinco años de actividad ilegal y tiene dos sentencias que certifican la ilegalidad de la fábrica. Y ahora se niega a pagar las costas judiciales y hace caso omiso del embargo judicial dictado al no facilitar la relación de sus bienes. ¿Se les ocurre que un ciudadano de pie cometa esta retahíla de insumisiones y siga indemne?

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