El casoplón de una concejal del PNV que incumple la ley del Suelo

La concejal del PNV en Zarautz, Maite Garrastazu, y su familia están construyendo un casoplón en el alto sobre la playa de Orio que incumple la ley vasca del Suelo (según han constatado el Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa), está en investigación judicial desde hace meses y ha soliviantado a vecinos y parapentistas, a los que se les ha cerrado el acceso mediante un vallado. El caso tiene más miga: la construcción se ubica en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. La familia de la edil tenía en esta zona un caserío en ruinas y en 2010 presentó una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. Y la nueva casa es la que prohíbe la legislación, según el Ararteko y los denunciantes.

La megaconstrución llama la atención: además de la superficie construida de 567 metros cuadrados, una cocina que se puede definir de industrial por su tamaño y 11 habitaciones todas ellas con su propio baño. Unos datos que inducen a sospechar del uso residencial de la familia Garrastazu. Los denunciantes, la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, creen que el fin último es el hostelero. La planta del casoplón es 2,5 veces mayor que el caserío antiguo: 469 metros cuadrados frente a 183.

Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Tailamendi (el paraje donde se ubica) por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

Aunque se percataron de la existencia del casoplón hace un par de años, las alarmas saltaron en mayo del pasado año cuando varios montañeros se encontraron con el acceso a la cima cerrado por un vallado. Se presentó una denuncia en la Ertzaintza, un juzgado de Azpeitia abrió en septiembre diligencias penales por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio y desde diciembre el caso también está en un juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de San Sebastián. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

La demanda resalta que la familia de la concejal de Zarautz pidió la rehabilitación del caserío en ruinas en 2010 y apenas dos años después solicitó la «reconstrucción» del caserío pero en otro emplazamiento, que sitúan en «unos 50 metros» pero que la realidad constata que son más de 200 metros. En esta segunda petición no hay ninguna referencia al uso residencial, que sí se concretaba en la primera. El ayuntamiento de Aia aprueba la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha presentado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia.

El vallado del alto realizado por la familia Garrastazu es ilegal según los demandantes, que aportan un estudio de la sociedad de ciencias Aranzadi, de diciembre pasado, que recomienda su eliminación por su afección al halcón peregrino. Además, esgrimen que incumple la normativa europea de la Red Natura 2000 que considera todo el área como Zona Especial de Conservación (ZEC).

El consistorio, tras las denuncias, abrió un expediente urbanístico en julio pasado, y lo resolvió dos meses después decretando la legalidad de la nueva  edificación y el vallado. Relativiza que la petición de licencia no concrete un uso residencial porque «no se menciona cambio de uso» respecto a la solicitud de 2010 y que la «atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa»  explica que haya 11 dormitorios. «Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma». Argumenta que la reconstrucción se ejecute en «un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación» y alude a un «eventual riesgo de deslizamiento» esgrimido por los propietarios en un informe técnico. Algo que ha sido rebatido por otro geóloga. Sobre el vallado, defiende que está fuera de cualquier área protegida.

La actuación municipal en este caso ya motivó un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que, el 12 de abril, apercibió al Ayuntamiento de Aia de un «delito de desobediencia» por negarse a facilitar el expediente urbanístico, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

El ayuntamiento tampoco convence al Ararteko ni a la Diputación de Gipuzkoa. El Defensor del Pueblo concluye, en un informe fechado el pasado 28 de enero, tras una investigación de medio año, que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección «solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes» en casos excepcionales y la ley de suelo «no permite el cambio de ubicación». «La posibilidad del cambio de ubicación está restringida única y exclusivamente a los caseríos demolidos por causa de expropiación forzosa». Y la Diputación de Gipuzkoa, en un informe del Departamento de Ordenación del Territorio firmado en mayo de 2015,  concluye que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agrega que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección».

El pasado 25 de mayo el juzgado de Azpeitia que investiga posibles delitos ha decretado el archivo provisional y ha instado a los denunciantes a que el caso prosiga en la vía contencioso.administrativo. El juez no ve ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Considera legal la licencia aunque pasa por encima el cambio de ubicación y que se trate de una nueva ubicación. «No hay una infracción clara y patente de la normativa aplicable». Igual argumentación emplea para el vallado que recalca es «provisional». A la espera de que se confirme este archivo, el caso quedaría en el área contencioso, que había paralizado sus actuaciones al estar abierta la vía penal.

El caso está lleno de dudas. Primero, que el municipio permita rehabilitar un caserío que a simple vista se observa como ruinoso y la sospechosa petición de otra licencia para construir otra nueva edificación, a más de 200 metros de distancia, casi duplicando la superficie habitable y con un diseño más propio de un hotel. El contundente informe contrario del Ararteko deja en evidencia al Ayuntamiento, cuya actitud de ocultar la documentación urbanística durante casi un año alimenta las sospechas de parcialidad. Y los protagonistas una familia influyente con un cargo público municipal. Una sucesión de hechos que está lejos de ser casual.