El periodista Manu Leguineche, fallecido el pasado enero, ha recibido un premio más. Esta vez ha sido en el pueblo junto al que nació, Gernika, que le ha otorgado este sábado su principal galardón, el Premio a la Paz y la Reconciliación. Lo más curioso fue relatado por su hermano Benigno, al recoger el galardón. En ese mismo sitio, el teatro Lizeo, Leguineche realizó su primera entrevista cuando tenía solo 14 años.

“Fue a los niños cantores de Viena, que actuaron aquí. Y yo le acompañé a realizar la entrevista para una revista, Vida Joven”, ha relatado Benigno Leguineche en un emotivo acto donde se ha vuelto a glosar la figura del fallecido reportero. “Actitudes como la de Manu y John [Wynne, el otro galardonado] esperemos que sirvan para paliar e incluso eliminar la peor faceta de la condición humana”, ha agregado tras recibir, junto a su hermana Rosa Leguineche, la placa que reconoce su labor por la paz, en medio de un atronador aplauso de los asistentes al acto. El jurado destacó la “honestidad, independencia y dignidad” del periodista.

La recaudación del impuesto del IBI (el popularmente conocido como la contribución), que grava una vivienda en propiedad, está en entredicho. Colectivos sociales han reclamado una reducción que acompañe la drástica bajada del valor de la vivienda, que en Euskadi se ha depreciado un 40% (en España ha alcanzado el 45%) desde el inicio de la crisis en 2007. Como el cálculo del impuesto se realice sobre el valor de la vivienda, con la bajada de ésta el tributo debe reducirse igualmente. Esa es la argumentación de la plataforma por un IBI justo y equitativo constituida en Vitoria por 23 organizaciones diferentes.

En 2010, los últimos datos oficiales del Gobierno vasco, la recaudación del IBI superó los 318 millones de euros, lo que supone casi la mitad de todos los tributos locales, que incluyen los impuestos de vehículos, terrenos, actividades económicas y los de construcción y obras. Los defensores de la reducción del IBI aseguran que en Vitoria las «instituciones se han apropiado de 42 millones desde 2007, unos siete millones al año». Un dato que, trasladado a toda Euskadi, alcanzaría los 300 millones de euros en estos siete años.

El Gobierno vasco ha pedido nuevas aclaraciones a la Diputación de Bizkaia sobre los vertidos que se han realizado en un gigantesco basurero, que era temporal (para acoger los residuos de la construcción de la autovía del Cadagua) pero ha cumplido diez años y en el que se están depositando todo tipo de desechos sin autorización. El Departamento de Medio Ambiente investiga una denuncia presentada en diciembre por el propietario de los terrenos y, en febrero, exigió a la empresa foral Interbiak, la encargada del proyecto, un informe exhaustivo de este asunto.

En la petición de Medio Ambiente, se reclamaba un informe sobre los residuos existentes, las medidas adoptadas para “impedir el vertido incontrolado de residuos” y el certificado de la conclusión de los rellenos, como se establece en la autorización concedida en 2005 para crear el vertedero.

“Entorno intimidatorio, humillante, degradante y ofensivo”. “Lesiones psicológicas a la trabajadora”. “Falta de intervención del empresario”. La Inspección de Trabajo del País Vasco ha propinado un fuerte varapalo a la Mancomunidad de las Encartaciones (la entidad que gestiona servicios de nueve municipios vizcaínos de esta comarca) al calificar su actitud con una empleada de infracción laboral “muy grave” y le ha sancionado con una multa de 20.000 euros. La  trabajadora fue despedida tras quedarse embarazada y tuvo que ser readmitida tras ganar el pleito pero desde entonces sufrió  lo que la Inspección califica de “acoso y abuso de autoridad”, con la retirada de funciones, quitarle el móvil y el portátil que requería para su trabajo o amonestarle por atender a clientes.

El caso, según el acta de la Inspección fechada el pasado 12 de noviembre, relata el sinfín de humillaciones y ofensas a una empleada de la Mancomunidad, una entidad cuya gestión ya ha sido cuestionada por otros asuntos y que por primera vez en su historia ha puesto sueldo a su presidente desde principios de año. La trabajadora, una técnico de empleo, empezó a tener los mayores problemas tras quedarse embarazada en agosto de 2010. Volvió, tras la baja de maternidad, en febrero de 2011 pero sin que tuviera las funciones y el trabajo que realizaba con anterioridad. Presentó una denuncia ese febrero ante la Inspección de Trabajo y en marzo recibió la carta de despido.

Cerca de 50 toneladas de plomo desperdigadas en un abandonado campo de tiro siguen sin preocupar a las autoridades vascas. Desde hace cuatro años está pendiente un plan de descontaminación de una zona de monte público en Lezama, de más de 4.000 metros cuadrados, de propiedad municipal pero gestionada por la Diputación de Bizkaia, que ha estado plagada de irregularidades: el campo de tiro funcionó durante 22 años sin licencia de apertura ni de actividad en un suelo calificado desde 1994 de protección especial no urbanizable y solo dejó de utilizarse a partir de 2009 tras difundirse públicamente los hechos. El abandono de la actividad dejó una herencia delicada para el medio ambiente, con los perdigones y los platos utilizados por los tiradores.

El caso fue investigado por la Fiscalía y un juzgado de Bilbao, que archivaron el caso al no hallar indicios de delito contra el medio ambiente. Aunque la investigación fue complicada: la fiscal encargada del caso tuvo que enviar por dos veces oficios a la Diputación y la Ertzaintza (en este caso pidiendo un informe toxicológico de los suelos del campo de tiro) para que remitan información sobre el caso, al no recibir ninguna contestación en el primer requerimiento.

El Foro Económico Global, celebrado en Bilbao el pasado 3 de marzo con la presencia de los principales líderes económicos mundiales y los empresarios más importantes de España, tuvo un coste de 400.00 euros, de los que más de un tercio fueron financiados públicamente. Según los datos ofrecidos por el ICEX  (El Instituto Español de Comercio Exterior), uno de los principales organizadores del evento, esta entidad aportó más de 140.000 euros, a lo que se añadieron otros 5.000 del Club de Exportadores (la asociación privada de empresas exportadoras).

Los 255.000 restantes procedieron de la vía privada, como el CEC (Consejo Económico de la Competitividad, que agrupa a las  grandes empresas españolas) y “otros patrocinadores privados”.

Construcciones Olabarri, la constructora que creó un vertedero ilegal en Zalla, ha visto desmontada su coartada. La empresa Cespa, a la que Olabarri aseguró haber depositado los residuos de manera legal, ha comunicado al juez que investiga el caso que no ha recibido residuos procedentes de movimientos de tierras.

Este caso se suscitó porque el Ayuntamiento de Zalla decidió ejecutar el aval de de casi 200.000 euros de la constructora, afín al PNV, por no realizar los vertidos de las obras del frontón municipal (las que ocasionaron los residuos) en un basurero oficial  sino que llevaron a un monte donde está el vertedero ilegal.

La deuda de la Diputación de Bizkaia superó en 2012 los 2.207 millones de euros, lo que duplica el gasto disponible de sus departamentos en ese ejercicio, que rondó los 1.100 millones. El último informe del Tribunal Vasco de Cuentas destaca que casi la mitad de ese dinero, 1.026, corresponde a las sociedades públicas forales, que como en todas las administradores supone una de las mayores sangrías de dinero público y que tienen un menor control parlamentario que las administraciones generales.

La auditoría del Tribunal señala que además el endeudamiento de las 16  sociedades públicas forales ha crecido un 60% desde 2009, cuando era de 643 millones, y se ha triplicado si se toma como referencia 2007, ejercicio en el que rondaba los 380 millones frente a los 1.026 contabilizados en 2012 en el informe del órgano fiscalizador. La oposición vizcaína ha reiterado la falta de información sobre la deuda de estas empresas a lo que califican de la “administración paralela que tenemos en Bizkaia”.

La concesión de subvenciones públicas en Bizkaia sigue cuestionándose año tras año. La Diputación otorgó a dedo subvenciones por más de 36 millones de euros, según constata el informe del Tribunal Vasco de Cuentas referido al ejercicio de 2012, un procedimiento que debe utilizarse “de forma excepcional”, resalta. El estudio censura que no se publiquen los beneficiarios ni los importes concedidos, dado que sólo se difunden a través del Boletín Oficial de Bizkaia “los  extractos de los acuerdos de Consejo de Gobierno en los que  aparecen estas concesiones, pero sin concretar el importe concedido”, salvo las referidas a la innovación, empleo y promoción empresarial del Departamento foral de Promoción Económica.

La auditoría realizada constata varias irregularidades en las subvenciones directas, como las 12  concedidas por un importe total de 8,1 millones de euros a entidades “que se repiten en los últimos ejercicios, para proyectos similares, por lo que no tienen el carácter excepcional que se requiere para este tipo de concesiones”.