El derribo de la fábrica de hormigón de Bilbao deberá esperar

El derribo de la hormigonera de Bilbao, en las faldas del Pagasarri, tendrá que esperar. La empresa propietaria, Hormigones Vascos, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada el 27 de octubre. por el Tribunal Superior vasco, que, como informó este blog,  ha ordenado el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad durante los últimos cinco años. Entre sus argumentaciones, la empresa sostiene que cuentan con una licencia por silencio administrativo y que deben prevalecer sus intereses de mantener la planta y los empleos por encima del interés general.

La fábrica de Hormigones Vascos en Bilbao que se tiene que demoler.

La hormigonera se construyó la década pasado en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran .autovía de pago en torno a Bilbao.  La compañía tenía una hormigonera en un lugar cercano, que tuvo que derribarse por la Supersur y aquí aparece una de las claves. La expropiación de esa fábrica habría costado a la Diputación vizcaína, quien gestionó la construcción de la autovía, cerca de 22 millones de euros. Por ello, la solución fue permitir otra fábrica aunque incumpliendo la ley al tratarse de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Uno de los propietarios expropiados denunció a la Fiscalía de Bizkaia cómo era posible construir una fábrica en suelo no urbanizable. La fiscal pidió explicaciones a la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao. Pero no recibió respuesta alguna e interpuso una querella. Un juzgado de Bilbao imputó a tres altos cargos y fue entonces, durante la instrucción, cuando ambas instituciones alegaron que no era una fábrica privada y que se podían crear instalaciones auxiliares para construir infraestructuras públicas. Argumentaron que era una planta provisional para hacer exclusivamente el hormigón de la Supersur. El caso quedó archivado penalmente.

La Supersur se terminó de construir en 2011 pero la hormigonera siguió trabajando para obras diversas: allí se fabricó, por ejemplo, el hormigón para la construcción del nuevo campo de fútbol de San Mamés. El denunciante volvió a denunciar el caso a la Fiscalía, que mandó un escrito en enero de 2015 al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre la continuación de la actividad industrial pese a estar finalizadas las obras de la Supersur.

La intervención de la Fiscalía provoca la reacción del Ayuntamiento de Bilbao, que había permanecido inmóvil durante cuatro años. Ordena, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa lleva el asunto a los juzgados y se opone alegando que tiene muchos clientes y contratos de otras obras (cuando el permiso claramente refleja que se circunscribía a la Supersur), y amenaza con la pérdida de empleos que supondría.

Entonces llegan los vaivenes del consistorio de Bilbao. El pasado 20 de enero, solo ocho meses después, el ayuntamiento acepta la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defiende su propio acto de clausura.  El juzgado acepta que la hormigonera siga con su actividad. Sin embargo, dos meses después, en marzo pasado, el Ayuntamiento presenta otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde vuelve a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad lleva a la Fiscalía a pedir, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado considera ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se opone a que siga funcionando.

[pullquote]Hormigones Vascos ha aducido ante el Tribunal Supremo que disponen de licencia por silencio administrativo[/pullquote]

Hormigones Vascos incluso solicitó al Tribunal Superior vasco que la fábrica continuara más allá del límite de 2017 y de ahí vino la sentencia del alto tribunal del pasado octubre, donde resalta que dicha actividad “sólo se contempla en suelo industrial” y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: “desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria”. Por ello concluye que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

En su recurso ante el Tribunal Supremo, Hormigones Vascos aduce que en 2014 ya comunicaron al Ayuntamiento que iban a producir hormigón para otras obras y ante el silencio administrativo entienden que tienen licencia; que la pérdida de empleo que supondría el cierre debe prevalecer sobre el interés público y se escudan en la decisión de enero pasado del consistorio de aceptar el mantenimiento de la actividad industrial. “Es de señalar que la medida adoptada por el Juzgado lo fue conforme a lo interesado por la Administración local demandada”, argumentan.

Una licencia para uso industrial en un suelo rústico no puede darse válida. Contra un Plan General Urbanístico no hay silencio que valga. Y en cualquier caso habrá que preguntar al Ayuntamiento de Bilbao las razones de ese silencio. En un Plan General, el interés público en defender en suelo prevalece sobre cualquier interés privado, como lo atestiguan sentencias judiciales. Y el argumento de que en su día el ayuntamiento bilbaíno avaló mantener la actividad pone aún más en cuestión esa maniobra municipal.

El fondo  de este caso es que todavía persiste una actividad industrial que debió paralizarse en 2011 y que el Ayuntamiento de Bilbao miró a otro lado hace cinco años y solo ha admitido la ilegalidad cuando ha sido presionado por la Fiscalía. En caso de que el Supremo admita a trámite el recursos de la empresa, tenemos caso para unos años más. Cosas de la lentitud de la Justicia, que dan para otros posts.

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *