El inexplicable retraso en las declaraciones ante el juzgado del ex alcalde de Alonsotegi y tres técnicos por el cobro de obras públicas falsas

Medio año de retraso se va a cumplir en mayo en la toma de declaración de los principales imputados en el caso de los cobros por obras públicas no ejecutadas en el municipio de Alonsotegi. Y aún no se ha fijado la fecha para la comparecencia ante el juzgado. En este caso los imputados son el ex alcalde José Luis Erezuma (primer edil en representación del PNV entre 2011 y 2015), dos arquitectos y un aparejador, además de dos constructores, que ya declararon en diciembre pasado.

Se les acusa de cuatro delitos (prevaricación, falsedad, fraude a las administraciones públicas y malversación) por el cobro de obras públicas no ejecutadas  en 2011. El dinero desviado, 600.000 euros, procedió además de una subvención de la Diputación vizcaína, según la denuncia de la Fiscalía.

Imagen del ambulatorio de Alonsotegi, donde se ejecutaron obras supuestamente falsas.

Este es el último de los casos de supuesta corrupción bajo investigación judicial en Alonsotegi, el municipio vasco de más de 1.000 habitantes con mayor endeudamiento (763 euros por vecino). Los tribunales tienen abiertos tres investigaciones diferentes en los que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres anteriores legislaturas (de 2003 a 2015). El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales.

El primer caso es el de la sociedad municipal urbanística Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse  un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio pasado con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011 (Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban). Se les acusa, junto a tres abogados y al arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Una auditoría  externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico. Ahora, una vez que se formulen las peticiones de cárcel, está pendiente la fijación del día del juicio.

El segundo caso se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitosprevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

El ex alcalde José Luis Erezuma.

El tercer sumario indaga otro episodio de obras falsas en noviembre de 2011. La investigación se abrió el pasado año e igualmente se centra en obras justificadas por unas riadas. En este caso se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Pero la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones. Por este caso, están imputados por cuatro delitos (prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos, malversación y fraude de subvenciones) el alcalde entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, la arquitecta municipal, el arquitecto asesor (el único que está investigado en los tres casos), el aparejador y dos constructores de la empresa Laneder, (empresa en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más  de un millón de euros por una obra realizada en 2008.

Estos dos constructores ya declararon el 20 de noviembre y, uno de ellos, Eduardo Ibarra, confirmó que las obras no se ejecutaron. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”.

A preguntas de la Fiscalía, admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró.

El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El ex alcalde y los técnicos tendrían que haber declarado ese 20 de noviembre ante el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo, pero no acudieron. Se fijó su asistencia para el 22 de enero, pero se retrasó al alegar su abogado que tenía otro juicio. La siguiente fecha establecida fue el 19 de febrero. Pero tampoco: se aplazó porque la Fiscalía no podía acudir. Y a día de hoy, cinco meses después, se sigue sin conocer cuándo comparecerán. Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, como mínimo podría ser en mayo, ya con medio año de retraso.

Son inconcebibles las dilaciones de la Justicia especialmente en temas tan delicados como estas supuestas corruptelas. Hablamos de algo ocurrido hace más de siete años y en un ayuntamiento, Alonsotegi, con tres casos de supuesta corrupción en los tribunales (uno ya con procesamiento de dos alcaldes pendiente de fijarse el juicio), donde el agujero económico por estas prácticas se calcula en 17 millones de euros. Y no es la primera vez que ocurre. Ahí está el caso del casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), con cinco imputados, donde la Audiencia de Gipuzkoa tardó dos años en tomar una decisión. La Justicia cuando es lenta, lo que sucede a menudo, es todo menos justa.

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