El empresario que prometió 300 empleos en Zalla y ha traído la contaminación

Una historia que vuelve a repetirse. Un empresario que promete grandes inversiones y empleo que al final se quedan en casi nada y, en cambio, origina un problema de contaminación. Es lo que está ocurriendo en la antigua papelera de Pastguren, ubicada en los municipios vizcaínos de Zalla y Güeñes. La protagonista es la empresa Glefaran, del grupo Orue (una familia vizcaína dedicada históricamente al sector de la madera), que adquirió hace tres años y medio Pastguren con un proyecto industrial de producción de pellets y energías renovables que iba a crear 60 empleos directos y casi 300 indirectos en un plazo de dos años. El plan ha quedado hasta ahora en una decena de empleos y en una planta que se limita a la cogeneración de energía y, según las denuncias de los vecinos, nada renovable. Desde hace casi un año, se suceden las denuncias por ruidos, olores y contaminación por humos procedentes de la factoría. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco tiene media docena de quejas de contaminaciones concretas, lo que ha obligado a instalar en diciembre pasado una unidad móvil de medición de la calidad del aire.

El Ejecutivo autonómico dispone incluso de información, aportada por vecinos, del almacén del material que usa la caldera de producción de energía, en el que, además de biomasa, aparecen materiales como espuma, fibra y madera con barniz. El hartazgo ha movilizado  a los vecinos que, a través de las plataformas Güeñes Bizia (creada por esta problemática) y Aranguren Aurrera, han recogido 1.450 firmas y este sábado han convocado una manifestación de protesta.

El proyecto de Glefaran se presentó hace ya tres años como un respiro a esta comarca vizcaína que a finales de la década pasada vio que sus tres grandes empresas quedaban prácticamente sin actividad. Primero fue la empresa Reckitt con casi 200 trabajadores, a la que siguió Pastguren, con 170, y Virtisu, con 105 trabajadores. Estas tres compañías eran el motor económico de la zona con más de 500 puestos de trabajo directos.

El cierre de Pastguren tuvo su controversia, ya que la empresa recibió una ayuda pública de 2,5 millones en 2009 que solo sirvió para acelerar su caída y esfumarse el dinero. Fue un aval concedido por la Diputación de Bizkaia que los acreedores utilizaron, en vez de buscar un plan de viabilidad, para saldar parte de la deuda y llevó a la compañía al concurso de acreedores en solo cuatro meses. Pastguren se cerró y entró en concurso de acreedores con unas deudas de 40 millones de euros.

[pullquote]Tres meses antes ya estaba decidida la venta a otro empresario guipuzcoano pero el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a los administradores que esperaran[/pullquote]

Desde entonces las instituciones vascas, el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, buscaron atraer un inversor y hubo hasta cinco intentos fallidos. El grupo Orue fue finalmente el adjudicatario, en 2013, de los activos de Pastguren por los administradores concursales, entonces dirigidos por el anterior consejero de Empleo del Gobierno vasco, Ángel Toña. Fue una operación singular porque tres meses antes ya estaba decidida la venta a otro empresario guipuzcoano pero el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a los administradores que se esperaran ese trimestre. Hasta que llegó la oferta del grupo Orue.

La adquisición se cerró en 2014 y la empresa anunció una inversión de hasta 12 millones de euros para la producción  de astilla y pellets de madera, un producto cada vez más utilizado como combustible en chimeneas del hogar, la fabricación de pasta  y la generación de energía renovable a partir de la biomasa. La compañía quería utilizar la caldera y la turbina que usaba Pastguren para secar los pellets.

La realidad es que la única actividad actual es la cogeneración a través de la quema de residuos, que se ha iniciado hace menos de un año y desde entonces han surgido los problemas de contaminación. Nada de producción de pellets, fabricación de pasta o generación de energía renovable.

La única licencia de actividad de Glefaran es la fabricación de pasta (un permiso que heredó de la desaparecida Pastguren), a la que está asociada la generación de energía. Pero ese cometido no aparece en la nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), el requisito impuesto a las empresas contaminantes, aprobada en 2016 por el Gobierno vasco. Por ello, el Ayuntamiento de Zalla va a anular la licencia, que dejaría sin cobertura legal la generación de energía.

El Ayuntamiento de Zalla, el más activo en buscar una solución (con cerca de 30 escritos de quejas y peticiones de reuniones en el último año), está decepcionado con la actitud de la empresa por las continuas promesas incumplidas. Un ejemplo: Glefaran presentó en agosto de 2015 su plan operativo global con todas las actividades industriales anunciadas. Meses después, pidió una licencia al ayuntamiento para el achatarramiento de las instalaciones de la fábrica inservibles (y obtener así ingresos) y el consistorio condicionó el permiso al cumplimiento de su plan industrial. Hasta hoy.

Los vecinos no aguantan más ya los ruidos, olores y emisiones que les han causado episodios de náuseas e irritaciones respiratorias y a menudo llenan de cenizas y polvos sus vehículos y viviendas. Aseguran que los episodios son «casi todos los días». «Es la misma caldera [de cogeneración] que utilizaba Pastguren pero nunca hemos tenido estos problemas». Pero sobre todo temen «por lo que no se ve. Nos preocupa, no la suciedad que se quita, sino las partículas que van a nuestros pulmones». La empresa, que cuando se realizaron las primeras quejas en febrero, lo atribuyó a un problema puntual que «se resolvería en una semana», asegura que se trata de incidencias «puntuales» y que se cumplen los parámetros medioambientales.

A todo ello se añaden los accidentes laborales ocurridos en la planta, que se han silenciado. Algo propiciado por el temor de los trabajadores de perder su puesto. Las condiciones laborales, según los testimonios recabados, dejan bastante que desear.

Que varios miles de vecinos lleven casi un año soportando ruidos y emisiones de lo que iba a ser un proyecto industrial ilusionante es inadmisible. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno, hasta ahora bastante pasivo, debe ser escrupuloso e imponer las medidas correctoras necesarias. Y el empresario debiera primero velar por un actividad industrial limpia y, luego, cumplir lo prometido. Otro proyecto al garete no se merecen los vecinos de esta castigada comarca vizcaína.