El juzgado activa la investigación de la apropiación indebida de un concejal del PNV en una residencia de ancianos

El juzgado de Balmaseda que investiga una posible apropiación indebida de 9.000 euros por parte de un concejal del PNV del municipio vizcaíno de Karrantza en una residencia de ancianos ha activado el caso. Ha tomado ya declaración al principal implicado: Julián Izuskiza, quien fue candidato a alcalde en Karrantza por el PNV y ostenta el cargo de presidente de la junta de patronos de la Residencia Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de los Desamparados del Valle de Carranza (más conocida como la Residencia de Ancianos de Karrantza).

Julian Isuskiza, concejal y portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Karrantza.

Como ya publicó este blog, este caso surgió tras la denuncia formulada el pasado 11 de abril por una ex trabajadora de la residencia, creada por un benefactor hace más de un siglo y que es la única residencia del municipio. Es un centro concertado que recibe ayudas de la Diputación de Bizkaia. En apenas dos meses, en junio, la Fiscalía de Bizkaia presentó una denuncia y la trasladó a los tribunales. La investigación está en manos del juzgado de instrucción número 1 de Balmaseda.

El juzgado inquirió el pasado 8 de septiembre al presidente de la residencia sobre los hechos denunciados: cómo una de las residentes depositó en 2013 en la caja fuerte del despacho de la dirección de la residencia “más de 9.000 euros para la construcción de un panteón, en forma de nicho, para su entierro pues carecía de familia directa”, según aparece en la instrucción judicial. La donante no  suscribió ningún escrito sobre sus últimas voluntades pero “si lo hablo con muchas trabajadoras”.

El 7 de noviembre de 2013, según la documentación, el presidente de la  Fundación de la Residencia,  Julián Isusquiza, la vicepresidenta Juana Fisure Portillo y la secretaria María Cruz Pardo “presuntamente utilizaron este dinero para pagar en mano 9.000 euros a la empresa Hostelfar para una primera entrega de pago de electrodomésticos para la Residencia”. El juzgado tiene la factura del pago, que  “no tiene asiento contable en las cuentas de la Fundación”.

En los siguientes meses, la anciana empezó a preguntar al personal de la residencia sobre la marcha de las obras de su panteón. En enero de 2015, incluso realizó el requerimiento a la psicóloga de la residencia y expresó “su obsesión por su panteón, que no se le hace caso y muchas preguntas del tema”. Estas preocupaciones de la donante también están documentadas.

Entrada a la residencia de ancianos de Karrantza.

La residente falleció en abril de 2015 sin cumplir su voluntad de que sus restos se trasladaran a un panteón de la residencia. Su cuerpo fue inhumado en la parroquia de la residencia, en un panteón de monjas, ante varios testigos. La fallecida, según la denuncia, pagó parte del entierro de su cuenta bancaria pero dejó una deuda, por su plaza en la residencia, de 351 euros a la Diputación de Bizkaia.

Isusquiza se mostró especialmente inquieto en los días previos a la declaración y quiso defender su inocencia ante los empleados de la residencia, según fuentes del centro. El juzgado ha llamado a declarar para el próximo 10 de octubre a la denunciante para continuar con la instrucción judicial.

El presidente y concejal del PNV confirmó, en una reunión de  la Fundación de la residencia, que el dinero se destinó a electrodomésticos y que la donante había sido incinerada pero estas explicaciones no se reflejaron en el acta. En las diligencias hay una declaración firmada por otro patrono de la Fundación, que confirma las anteriores aseveraciones del presidente y que éste plantea, como solución al problema, la construcción de un pequeño panteón “poniendo allí la urna”. Pero es imposible puesto que la donante fue inhumada.

De estas dos declaraciones y el análisis de la documentación aportada, el juzgado debe aclarar cómo el presidente de una fundación sin ánimo de lucro incumple los deseos últimos de una paciente de una residencia de ancianos y especialmente utilize una significativa suma de dinero aportado por la residente para otros fines, como la compra de electrodomésticos para el centro. Una operación sin ningún reflejo en las actas del Patronato.

 

 

 

 

 

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