Un juzgado investiga una apropiación indebida de un concejal del PNV en una residencia de ancianos

Un juzgado de Balmaseda investiga una posible apropiación indebida de 9.000 euros por parte de un concejal del PNV del municipio vizcaíno de Karrantza en una residencia de ancianos. La Fiscalía de Bizkaia ha presentado una denuncia tras recibir información documentada del caso.

El implicado es Julián Izuskiza, quien fue candidato a alcalde en Karranza por el PNV, ostenta el cargo de presidente de la junta de patronos de la Residencia Fundación Hospital Asilo Nuestra Señora de los Desamparados del Valle de Carranza (más conocida como la Residencia de Ancianos de Karrantza), creada por un benefactor hace más de un siglo y que es la única residencia del municipio. Es un centro concertado que recibe ayudas de la Diputación de Bizkaia.

La denuncia ante la Fiscalía se presentó el pasado 11 de abril. En un detallado relato de los hechos, se asegura que una de las residentes depositó en 2013 en la caja fuerte del despacho de la dirección de la residencia “más de 9.000 euros para la construcción de un panteón, en forma de nicho, para su entierro pues carecía de familia directa”. La donante no  suscribió ningún escrito sobre sus últimas voluntades pero “si lo hablo con muchas trabajadoras”.

El 7 de noviembre de 2013, según consta en la denuncia en el juzgado, el presidente de la  Fundación de la Residencia,  Julián Isusquiza, la vicepresidenta Juana Fisure Portillo y la secretaria María Cruz Pardo “presuntamente utilizaron este dinero para pagar en mano 9.000 euros a la empresa Hostelfar para una primera entrega de pago de electrodomésticos para la Residencia”. El juzgado tiene la factura del pago, que  “no tiene asiento contable en las cuentas de la Fundación”.

En los siguientes meses, la anciana empieza a preguntar al personal de la residencia sobre la marcha de las obras de su panteón. En enero de 2015, incluso realiza el requerimiento a la psicóloga de la residencia y expresa “su obsesión por su panteón, que no se le hace caso y muchas preguntas del tema”. Estas preocupaciones de la donante también están documentadas.

La residente fallece en abril de 2015 sin cumplir su voluntad de que sus restos se trasladaran a un panteón de la residencia. Su cuerpo es inhumado en la parroquia de la residencia, en un panteón de monjas, ante varios testigos. La fallecida, según la denuncia, pagó parte del entierro de su cuenta bancaria pero dejó una deuda, por su plaza en la residencia, de 351 euros a la Diputación de Bizkaia.

Este caso fue debatido, en marzo de 2016, en el seno de una reunión de la Fundación de la residencia tras la petición de datos “sobre el rumor que hay en el municipio de que no se han cumplido unas voluntades post morten de una residente que había depositado 9.000 euros en Dirección”. El presidente y concejal del PNV confirma que el dinero se destinó a electrodomésticos y que la donante había sido incinerada pero estas explicaciones no se reflejan en el acta.

En las diligencias se aporta una declaración firmada por otro patrono de la Fundación, que confirma las anteriores aseveraciones del presidente y que éste plantea, como solución al problema, la construcción de un pequeño panteón “poniendo allí la urna”. Algo imposible puesto que la donante fue inhumada.

En poco más de dos meses desde que recibió la denuncia, la Fiscalía ha trasladado los hechos a los tribunales y la investigación ha recaído en el juzgado de instrucción número 1 de Balmaseda.

No es justificable que el presidente de una fundación sin ánimo de lucro incumpla los deseos últimos de una paciente de una residencia de ancianos y especialmente utilice una significativa suma de dinero aportado por la residente para otros fines, como la compra de electrodomésticos para el centro. Y que esta operación no esté reflejada en las actas del Patronato. La celeridad en la presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía de Bizkaia apunta indicios importantes de ilegalidades.