La extraña sentencia del fiasco de 10 millones en Carranza y el abogado-juez del principal acusado

Esta es una historia judicial con elevadas dosis de inquietud. El principal acusado de dilapidar más de 10 millones de dinero público ha sido exonerado de provocar la quiebra del negocio por el juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao. Nada raro si no fuera porque su abogado defensor ha sido un ex juez de lo mercantil de Bilbao y por el sospechoso fallo, que ha echado por tierra los demoledores informes del administrador concursal, la Fiscalía y la abogada del Estado y que ha causado estupor en muchos círculos jurídicos de la capital vizcaína. Las  dudas se acrecientan por la cercana relación entre el abogado Edorta Etxarandio (ahora juez en ejercicio) y varios jueces de lo mercantil de Bilbao.

El caso juzgado es el de la planta de purines del municipio vizcaíno de Carranza, que causó gran escándalo cuando saltó a la luz pública en 2010. Un proyecto puesto en marcha a comienzos de 2000 para resolver el problema medioambiental de los residuos ganaderos en esta zona, con ríos contaminados. Pero, tras recibir 11 millones de euros de ayudas públicas, tanto de Euskadi como del Gobierno central, se quedó paralizado por su falta de viabilidad. Solo se recuperaron 750.000 euros y, como recuerdo, un esqueleto de hormigón.

El fiasco está investigado en la vía penal,  donde un juzgado de Balmaseda ha imputado a 11 personas -entre ellos un ex alto cargo del PNV en el Gobierno vasco, el ex alcalde peneuvista de Carranza y otro ex edil del mismo partido- de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y malversación. En octubre se celebró el juicio en la vía mercantil (que tenía que determinar si la quiebra fue intencionada o fortuita por parte de los promotores del proyecto). Las acusaciones del administrador concursal de la empresa quebrada y la abogada del Estado eran contundentes: fue un proyecto «ideado» por el ex alto cargo del Gobierno vasco, Martin Ascasibar, (exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Agricultura y actualmente alto cargo de la constructora Altuna y Uria) con la intención de recibir fondos públicos, que la empresa  Ade Biotec cobró 4,2 millones de euros «sin poner un ladrillo», las subvenciones solicitadas se presentaban en blanco, se manipularon para no perder ayudas, hubo sobrecostes de 800.000 euros en facturas de dos millones, ayudas para proyectos como una planta de abonos que iba a aprovechar los residuos, que recibió un millón de euros y de la que nunca se supo nada o que se compraron terrenos pagando 100.000 euros en una zona karstica, lo que obligó a adquirir otro suelo abonando otros 300.000 euros. Además de que el ex alto cargo Martin Ascasibar, tras dejar el puesto público, en solo 11 días pasara a ser consejero de la empresa promotora del proyecto Karrantzako Minda,

El fallo, dictado el 28 de febrero por la juez de lo mercantil número 2 de Bilbao, Olga Ahedo, elude valorar varias de esas irregularidades, como las peticiones de subvenciones en blanco, la manipulación para no perder ayudas o la inmediata incorporación a Karrantzako Minda del principal acusado.  Tampoco dedica una línea al millón de euros de la planta de abonos y se limita a valorar sobre su conexión o no al proyecto de la planta de purines. La juez sostiene que los pagos anticipados, aunque totalizasen 4,2 millones (la tercera parte del presupuesto inicial estimado, que era de 12,8 millones), «al inicio del contrato es práctica habitual» en las obras; que los 100.000 euros perdidos en la elección del suelo son «fruto de un proceso de valoraciones de la Administración pública»  y los sobrecostes se deben a «hechos ajenos a la voluntad» de los acusados.

Edorta Etxarandio ha sido el abogado defensor del principal acusado hasta hace medio año, cuando se reincorporó a la carrera judicial como juez de primera instancia de San Sebastián. Etxarandio ha estado ocho años (de 2008 a 2016) en la empresa privada y se ha forrado como administrador concursal. Antes, entre 2006 y 2008 fue titular del juzgado número 2 de lo mercantil de Bilbao, el mismo de la sentencia de la planta de purines.

Durante su excedencia judicial, ha seguido manteniendo una relación fluida con los jueces de lo mercantil de Bilbao, especialmente con quien le sustituyó en el juzgado de lo mercantil 2 de Bilbao, Aner Uriarte Codon, elegido hace un año juez decano. Su influencia, dicen en medios judiciales, es más que notoria.

La labor en algunos de los juzgados de lo mercantil de Bilbao ha sido cuestionada incluso en la cúpula del Tribunal Superior vasco de Justicia. En estos últimos años, ha salido a la luz la polémica por la designación de los administradores concursales a dedo. Dos de los cinco juzgados de lo mercantil que tramitaron los concursos  en Euskadi durante 20012 y 2013  han adjudicado de forma directa al menos un tercio de ellos.  En ese listado de adjudicaciones, que fue facilitado entonces por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aparece la designación de dos concursos a dedo a Rafael Bilbao Sandoval, socio en la empresa Edorta Josu Herrera Rafael Bilbao Sandoval SC, dedicada a actividades jurídicas y con sede en Bilbao. El otro socio era Edorta Etxarandio. La adjudicación fue adoptada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao.

Que un caso con varios informes periciales contundentes tenga un fallo exculpatorio puede ocurrir. Que vuelva a pasar en un juzgado precedido de actuaciones sospechosas empieza a extrañar. Que el beneficiado tenga como abogado a un juez de puertas giratorias y con gran influencia en sus colegas de lo mercantil añade inquietud. Y que lo que se cuece ahí dentro sea conocido por la cúpula judicial vasca enciende todas las alarmas.