La fábrica ilegal de Bilbao pendiente de derribo desde 2016 exige una indemnización de 5 millones

El culebrón de la factoría ilegal de Bilbao que estuvo fabricando hormigón sin permiso durante cinco años tiene un nuevo episodio. La empresa, Hormigones Vascos, que tiene presentados cuatro recursos judiciales para evitar el derribo, ha exigido a la Diputación de Bizkaia el pago casi 5 millones de euros por “daños y perjuicios” tras la paralización de la actividad ordenada en 2016 por la Justicia.

La fábrica de Hormigones Vascos en Bilbao que se tiene que demoler.

Esta historia arranca de una hormigonera, construida la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri, que debió parar su actividad en 2011 pero siguió fabricando hormigón hasta 2016. Consiguió un singular y polémico permiso para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Su construcción fue denunciada en los tribunales por un propietario cuyos terrenos se expropiaron para habilitar la fábrica y solo la intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al consistorio, que durante cuatro años hizo caso omiso a la paralización de la actividad. El Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016.  Se trata además de una fábrica que recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Hace poco más de un año, en marzo de 2018, el Tribunal Superior vasco lanzó un severo rapapolvo a las administraciones públicas. Censuró, en una sentencia, hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos

Los reproches del Tribunal Superior al ayuntamiento confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017, la planta sigue en pie hoy en día. 

 La compañía ha hecho caso omiso y se ha dedicado a presentar recursos administrativos y judiciales. Ahora tiene cuatro abiertos: contra la orden de derribo, el cambio del plan general de Bilbao para que el área donde está la fábrica se recalifique como urbana, por la prescripción de su infracción urbanística y la última, presentada en diciembre, contra la adjudicación del proyecto de derribo de la planta. El Ayuntamiento lo ha encargado a una empresa externa ante la negativa de Hormigones Vascos a acometer la demolición. Todo apunta a una estrategia de ganar tiempo, sobre todo tras el anuncio de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. Hormigones Vascos buscaría así un argumento para mantener su planta ilegal.

Las artimañas han llegado hasta la insumisión judicial. Hormigones vascos se ha negado a pagar las costas a las que fue condenado por el pleito principal que ordenó el derribo: un total de 5.927 euros(3.805 de la sentencia condenatoria del juzgado y 2.122 del fallo confirmado por el Tribunal Superior de Justicia) solo en el caso del denunciante. Hay otras cuatro partes personadas en el caso (la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, la sociedad foral Interbiak y el grupo ecologista Pagasarriko Urko Laguntzak), por lo que, con una media para cada uno de 4.500 euros en costas y otros 500 por los gastos en no abonarlas, la cantidad total rondará los 25.000 euros. El pago fue ordenado en julio pasado pero ante la falta de respuesta, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao ordenó, el pasado 10 de octubre, el embargo de bienes de la empresa.

Pero, además, Hormigones Vascos no aportó ninguna información al juzgado sobre sus bienes (un requisito obligatorio en estos casos para que la Justicia ejecute el embargo concreto), por lo que el juzgado inició una investigación interna para identificar el patrimonio. Finalmente, ha localizado cuentas bancarias para proceder al cobro, como consta en una diligencia dictada el pasado 2 de enero por el juzgado de lo contencioso.

El Ayuntamiento tiene, desde hace año y medio, un informe sobre los costes de la demolición, que ha asegurado acometerá de manera subsidiaria tras la negativa de la empresa. El presupuesto total del derribo se eleva a 958.855 euros. Pero, en el proyecto de presupuestos  del Ayuntamiento bilbaíno para 2019, se ha habilitado una partida de cerca de 400.000 euros, menos de la mitad del coste calculado.

Ahora se ha sabido, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del pasado 18 de febrero, que la empresa exige el pago de 4,8 millones de euros. Hormigones Vascos argumenta que solo han podido usar la fábrica tres años cuando, según su versión, la Diputación vizcaína les prometió diez años.

La Diputación inadmitió esta reclamación de la empresa pero sin contestar a la petición concreta de daños, por lo que el Tribunal Superior ordena, en el fallo, que “se retrotraigan las actuaciones” a la respuesta a la solicitud del pago de esos casi 5 millones.

Parece inexplicable que una empresa reclame esa abultada indemnización cuando, tres años después de que los tribunales decretasen el cierre y la demolición, mantenga la fábrica en pie. Y ello tras haber estado cinco años fabricando hormigón ilegalmente y después de recibir 4,7 millones de dinero público de más que dudosa justificación. La estrategia de seguir pleiteando parece ilimitada y alguien debiera parar ya todo esto. Especialmente, hacer cumplir el derribo de una fábrica ilegal. ¿O es que algunos son más iguales que otros?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *