La Fiscalía investiga un vertedero clandestino permitido desde hace 10 años por el Ayuntamiento de Amorebieta

La Fiscalía de Bizkaia investiga desde julio un vertedero clandestino que ha estado funcionando en Amorebieta (Bizkaia)  desde hace 10 años sin autorizaciones y ante la pasividad del Ayuntamiento. El fiscal indaga sobre la comisión de tres delitos: contra el medio ambiente, contra las especies protegidas y de prevaricación en el caso del Consistorio. El ayuntamiento ha emitido hasta cuatro decretos para paralizar los vertidos y ha incoado un expediente sancionador. Pero ha quedado en papel mojado: no ha habido resolución del expediente ni ninguna sanción contra los promotores del vertedero.

La historia se remonta a 2008, cuando un propietario de un terreno colindante denuncia ante el Ayuntamiento de Amorebieta vertidos en la parcela que albergó la cantera de Antzuntze en el barrio de Boroa, cerca del polígono industrial. “Son residuos de obras y demoliciones, neumáticos, plásticos, hierros, grava, losetas, materiales de PVC, tierra y restos vegetales”, señala el escrito que acompaña fotografías que lo corroboran.

El entonces alcalde de Amorebieta David Latxaga (PNV), en la actualidad parlamentario vasco por este partido, emite un decreto el 11 de febrero de 2009, en el que suspende lo que denomina “actos de rellenos de tierras”, identifica como responsable a la constructora Excavaciones Bernaola y le obliga a pedir la licencia de actividad y, en caso negativo, le advierte de la imposición de sanciones.

El decreto, como otros tres posteriores emitidos en los siguientes años, no tiene efecto alguno. Los vertidos prosiguen pese a tres informes emitidos en 2010. Un primer escrito, firmado el 16 de agosto por la técnica de Medio Ambiente del  Ayuntamiento de Amorebieta, concluye que los vertidos ilegales se siguen produciendo. Un segundo informe de la Policía Municipal, de 4 de octubre de 2010, constata que ese mismo día tres camiones de Excavaciones Bernaola  han vertido en ese lugar. Y el tercer informe, de nuevo de la técnico municipal de Medio Ambiente firmado el 8 de octubre de 2010 , pide la clausura del vertedero clandestino, la retirada de los residuos y el inicio de un expediente sancionador.

Tiene que transcurrir más de medio año para que el Ayuntamiento, el 26 de mayo de 2011, decrete la clausura del vertedero y abra un expediente sancionador. No obstante, los vertidos continúan hasta 2013 o 2014, según la  denuncia que investiga la Fiscalía. “Lo que si es cierto es que el final de los vertidos tuvo más que ver con la falta de necesidad por parte de quien vertía que por la labor municipal. Ya que en ningún momento se inició expediente sancionador alguno por parte de la autoridad municipal, ni tampoco se legalizó la mencionada actividad que durante todo el periodo de los vertidos fue clandestina”.

Además, un abogado de Amorebieta pidió en 2012, sin ninguna actuación previa de retirada de los residuos,  un permiso para un “un proyecto de remodelación y ampliación de relleno”, denegado primero por el Ayuntamiento y luego por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que, en un informe del 19 de octubre de 2015, concluyó que se quería instalar un vertedero y no un relleno.

La Fiscalía, que inició la investigación el pasado 5 de julio , tomó declaración el pasado septiembre al denunciante. En sus pesquisas, se incluyen también la afección a un arroyo que se tapó con los vertidos y en las fotos de la denuncia se aprecia “como el agua surgía con un color rojizo muy extraño”.

Por desgracia, no es éste el único caso de vertederos clandestinos. Ahí están los ejemplos del gigantesco basurero de Alonsotegi donde se iban a crear 1.000 empleos o el relleno en un terreno público de Zalla que “ahorró” más de 100.000 euros a una constructora. El negocio de los vertidos es más suculento de lo que parece y depositar los residuos sin control es una práctica más habitual de lo que se piensa.

En este vertedero de Amorebieta, además de la desfachatez de los promotores por verter sin ningún permiso, es inaudita la pasividad del Ayuntamiento. Desde hace 10 años conoce la clandestinidad, emite hasta cuatro decretos anunciando sanciones pero finalmente no hace nada. Y en medio está una constructora. ¿Les suena la historia?