La hormigonera ilegal de Bilbao recibió más dinero público: hasta 4,7 millones de euros

No fueron dos millones de euros, sino bastantes más. La hormigonera ilegal de Bilbao, ubicada en las faldas del monte Pagasarri, recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Como ha informado este blog, el Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre pasado el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad durante los últimos cinco años. Esta hormigonera se construyó la década pasado en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran .autovía de pago en torno a Bilbao.  La empresa Hormigones Vascos tenía una hormigonera en un lugar cercano, que tuvo que derribarse por la Supersur. La solución fue permitir otra fábrica aunque incumpliendo la ley al tratarse de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Hasta hace poco, nada se sabía del dinero público pagado por el traslado. En la investigación judicial del caso, apareció  el acta de expropiación firmada el 6 de junio de 2007 por la Diputación de Bizkaia y la empresa. Ese documento revelaba que la Diputación vizcaína le abonó 168.000 euros por el suelo de la anterior ubicación y  1, 8 millones «correspondiente a la indemnización», a lo que se añadía una cantidad que se determinaría más tarde por «el proyecto, la obra civil y los gastos de dirección de obra» de la nueva planta.

Esta cantidad supera lo percibido anteriormente. Son otros 2,7 millones de euros, según la información remitida por la Diputación vizcaína a EH Bildu. Pero el expediente está incompleto (faltan varias páginas) y sin ningún informe que justifique ese pago. Solo está incluido un estudio de la empresa de consultoría Idom para rechazar os 30 millones de euros que exigía Hormigones Vascos por el traslado. Dicho informe cuantifica en cerca de 420.000 euros el pago por el derribo de la vieja fábrica, el suelo y los cierres. Bastante alejado de los más de dos millones de euros abonados en concepto de suelo e indemnización. De los otros 2,7 millones pagados el 14 de enero de 2008 por la Diputación vizcaína, no se aporta informe justificativo.

 

Hormigones Vascos mantuvo durante 20 años otra fábrica en Bilbao sin ninguna licencia de actividad

 

El expediente aporta otra novedad. Hormigones Vascos mantuvo una hormigonera en el barrio bilbaíno de El Peñascal durante más de 20 años (de 1968 a finales de los 90) sin licencia de actividad, como lo reconoce el entonces alcalde de Bilbao Josu Ortuondo en un convenio firmado el 19 de septiembre de 1997. Dicho convenio fija el traslado a otra ubicación en condiciones bien diferentes: el suelo de la anterior fábrica sin licencia se cede gratuitamente al ayuntamiento y la empresa se hace cargo del traslado y la construcción de la nueva fábrica. Todo lo contrario que en el último traslado.

Mientras, el Ayuntamiento de Bilbao no ha cumplido el fallo judicial (que fue recurrido, como última instancia, por la empresa ante el Tribunal Supremo) que ordena el cierre y el derribo de la fábrica. En diciembre comunicó que trasladaría la sentencia al Área de Seguridad Ciudadana pero a día de hoy no existe ningún precinto ni cierre de la fábrica, Responsables del Ayuntamiento de Bilbao han señalado a los concejales de EH Bildu que no hay actividad industrial pero en las oficinas siguen entrando empleados.

La actitud del Consistorio de Bilbao en este caso es muy cuestionable. Primero, por permitir la ubicación en un suelo no urbanizable y, luego, por incumplir el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo la intervención de la Fiscalía en 2015, tras la denuncia de un vecino, hizo reaccionar al Ayuntamiento… con cuatro años de retraso. Ordenó, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa judicializó el caso y el 20 de enero de 2016, solo ocho meses después, el ayuntamiento aceptó la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defendía su propio acto de clausura.  El juzgado aceptó entonces que la hormigonera siguiera con su actividad. Sin embargo, dos meses después, en marzo de 2016, el Ayuntamiento presentó otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde volvía a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad llevó a la Fiscalía a pedir, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado consideraba ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se oponía a que siga funcionando.

En octubre llegó la sentencia del Tribunal Superior Vasco que denegó la petición de Hormigones Vascos de continuar con su fábrica, al resaltar que dicha actividad «sólo se contempla en suelo industrial» y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: «desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria». Por ello concluía que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

Según se conocen más detalles de este caso, el escandalo crece. Además de conceder una licencia para uso industrial en un suelo rústico, totalmente ilegal en el Plan General Urbanístico de Bilbao, y la pasividad en paralizar una fábrica que debió pararse en 2011, es bastante sospechoso el pago por el traslado de la hormigonera. Seguro que algún lector conoce a personas afectadas por expropiación de viviendas, a causa de la construcción de una carretera, a quienes la indemnización no les ha llegado ni para pagar la mitad de su nuevo piso.

Con  esta fábrica, la administración ha sido generosa. Le paga dos millones de indemnización y otros 2,7 para construir la nueva factoría. Muchos empresarios quisieran para sí una expropiación similar. Y sin informes que justifiquen las elevadas cuantías. ¿Buena praxis de administración de lo público? Me temo que no.