La Justicia ordena el derribo de una fábrica en Bilbao ilegal desde hace cinco años

La Justicia ha puesto fin a la ilegal situación de una hormigonera en Bilbao. El Tribunal Superior vasco  ha ordenado el cierre y la demolición de la fábrica de Hormigones Vascos en las faldas de monte Pagasarri por mantener ilegalmente su actividad durante los últimos cinco años. «Es alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente», asegura la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco, en una sentencia dictada el 27 de octubre.

Esta es la historia en la que, de nuevo, una constructora se ve beneficiada por una expropiación. La protagonista es la empresa Hormigones Vascos que la década pasada construyó una planta hormigonera en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran .autovía de pago en torno a Bilbao.  La compañía tenía una hormigonera en un lugar cercano, que tuvo que derribarse por la Supersur y aquí aparece una de las claves. La expropiación de esa fábrica habría costado a la Diputación vizcaína, quien gestionó la construcción de la autovía, cerca de 22 millones de euros. Por ello, la solución fue permitir otra fábrica aunque incumpliendo la ley al tratarse de suelo no urbanizable. El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Uno de los propietarios expropiados denunció a la Fiscalía de Bizkaia cómo era posible construir una fábrica en suelo no urbanizable. La fiscal pidió explicaciones a la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao. Pero no recibió respuesta alguna e interpuso una querella. Un juzgado de Bilbao imputó a tres altos cargos y fue entonces, durante la instrucción, cuando ambas instituciones alegaron que no era una fábrica privada y que se podían crear instalaciones auxiliares para construir infraestructuras públicas. Argumentaron que era una planta provisional para hacer exclusivamente el hormigón de la Supersur. El caso quedó archivado penalmente.

La Supersur se terminó de construir en 2011 pero la hormigonera siguió trabajando para obras diversas: allí se fabricó, por ejemplo, el hormigón para la construcción del nuevo campo de fútbol de San Mamés. El denunciante volvió a denunciar el caso a la Fiscalía, que mandó un escrito en enero de 2015 al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre la continuación de la actividad industrial pese a estar finalizadas las obras de la Supersur.

La intervención de la Fiscalía provoca la reacción del Ayuntamiento de Bilbao, que había permanecido inmóvil durante cuatro años. Ordena, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa lleva el asunto a los juzgados y se opone alegando que tiene muchos clientes y contratos de otras obras (cuando el permiso claramente refleja que se circunscribía a la Supersur), y amenaza con la pérdida de empleos que supondría.

[pullquote]El Ayuntamiento de Bilbao, presionado por la Fiscalía, ordenó la demolición pero luego aceptó mantener la fábrica[/pullquote]

Entonces llegan los vaivenes del consistorio de Bilbao. El pasado 20 de enero, solo ocho meses después, el ayuntamiento acepta la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defiende su propio acto de clausura. Se podría asemejar al caso del cierre de un bar: el propietario recurre y el ayuntamiento dice que se mantenga abierto mientras se tramita el recurso. El juzgado acepta que la hormigonera siga con su actividad. Pero es que dos meses después, en marzo pasado, el Ayuntamiento presenta otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, en el que vuelve a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad provoca el “mosqueo” de la Fiscalía  y que pidiera, el pasado 13 de julio, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado considera ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se opone a que siga funcionando.

El culebrón ha seguido porque Hormigones Vascos incluso solicitó al Tribunal Superior vasco que la fábrica continuara más allá del límite de 2017. La sentencia del Superior concluye que la fábrica se permitió mientras durasen las obras de la autovía. «Se autorizó la actividad aunque se desarrollaba en un suelo no urbanizable, y se trata de una actividad que sólo se contempla en suelo industrial, o en suelo calificado con el uso de comunicaciones, pero en área de servicio, lo que no es el caso».  Añade que «desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria» y alude a que cualquier cierre de una actividad empresarial genera perjuicios y «puede comprometer puestos de trabajo». Pero estima que la fabricación «no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación» y que el mantenimiento de la fábrica «no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

El Tribunal Superior argumenta que la existencia de la fábrica de hormigón en un suelo no urbanizable se explicaba por «el interés público» en construir la Supersur. «Pero si no existen obras de infraestructura, el interés público prevalente es que las actividades industriales se desarrollen en los suelos calificados de uso industrial, y no en sistemas generales de comunicación adscritos a suelo no urbanizable».

El fallo aún puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo pero supone el práctico cierre de la hormigonera y su demolición. Ya fue discutible permitir su actividad aunque fuera vinculada a una obra pública. Injustificable es que la actividad no se parase en 2011, como dice el Tribunal Superior, y que solo la denuncia de un particular haya evitado las ilegalidades. El Ayuntamiento de Bilbao no ha velado por el cumplimiento de lo que exigió (el cierre cuando terminasen las obras de la Supersur), solo admitió la ilegalidad de la hormigonera cuando fue presionado por la Fiscalía y ha aceptado que siga la actividad hasta 2017 pese a ordenar el cierre y la demolición. Que nos digan donde se encuentra el interés general.