La Justicia reprocha “la tolerancia” del Ayuntamiento de Bilbao con una fábrica ilegal desde hace 7 años

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido un fuerte varapalo de la Justicia por permitir que una hormigonera funcionara ilegalmente durante cinco años. El Tribunal Superior vasco ha reprochado, en una sentencia, la “pasividad y tolerancia” del consistorio bilbaíno con la fábrica de la empresa Hormigones Vascos, ubicada en un suelo no urbanizable. La planta, que debía haber parado su actividad en 2011, ha seguido con su actividad hasta 2016. En mayo pasado el ayuntamiento de Bilbao anunció que la fábrica se demolería a finales de 2017 pero hasta ahora no se ha acometido ninguna obra de derribo.

La fábrica de Hormigones Vascos en Bilbao que se tiene que demoler.

Una sentencia del Tribunal Superior vasco  ordenó en octubre de 2016 el cierre y la demolición de la fábrica  por mantener ilegalmente su actividad de 2011 a 2016. Esta hormigonera se construyó la década pasada en un suelo no urbanizable de las faldas del monte Pagasarri de Bilbao para acometer, con mayor facilidad y menor coste (la instalación se ubicó cerca de uno de los túneles), la construcción de la Supersur, la gran autovía de pago en torno a Bilbao.  El Ayuntamiento de Bilbao concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Además. la fábrica recibió 4,7 millones de dinero público por su traslado. Más de dos millones fueron en concepto de indemnización y 2,7 millones por los costes de la nueva fábrica, según refleja el expediente administrativo de la Diputación de Bizkaia.  Sin embargo, no hay ningún informe que justifique el pago de esos 2,7 millones, una nueva sombra en este caso.

Pese a que debía haber concluido su actividad en 2011, la hormigonera siguió trabajando para obras diversas: allí se fabricó, por ejemplo, el hormigón para la construcción del nuevo campo de fútbol de San Mamés. Un propietario expropiado denunció el caso en la Fiscalía, que mandó un escrito en enero de 2015 al Ayuntamiento pidiendo explicaciones sobre la continuación de la actividad industrial pese a estar finalizadas las obras de la Supersur.

Solo esa intervención de la Fiscalía hizo reaccionar al Ayuntamiento… con cuatro años de retraso. Ordenó, en un informe emitido el 22 de mayo de 2015, el cierre de la hormigonera y su derribo al haberse finalizado, cuatro años antes, las obras de la Supersur. La empresa judicializó el caso y el 20 de enero de 2016, solo ocho meses después, el ayuntamiento aceptó la petición de la empresa de mantener la actividad con los argumentos de que generaría “perjuicios de muy difícil reparación” como el cierre de la planta y la pérdida de 30 empleos esgrimidos por la empresa. Es decir, no defendía su propio acto de clausura.  El juzgado aceptó entonces que la hormigonera siguiera con su actividad. Sin embargo, dos meses después, en marzo de 2016, el Ayuntamiento presentó otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde volvía a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”.

Este informe ratificando la ilegalidad llevó a la Fiscalía a pedir, en julio de 2016, que se le remitan todas las diligencias del caso para comprobar la actitud del Ayuntamiento: por un lado consideraba ilegal la actividad de la hormigonera y al mismo tiempo no se oponía a que siga funcionando.

En octubre llegó la sentencia del  juzgado de lo contencioso del Tribunal Superior Vasco que denegó la petición de Hormigones Vascos de continuar con su fábrica, al resaltar que dicha actividad “sólo se contempla en suelo industrial” y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: “desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria”. Por ello concluía que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

El Tribunal Superior vasco censura hasta en cinco ocasiones al Ayuntamiento y a la Diputación de Bizkaia su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos

El fallo fue recurrido por la empresa, que ha vuelto a perder el pleito. En una sentencia dictada el pasado 23 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Tribunal Superior vasco ratifica que la actividad de la hormigonera debía haber concluido en 2011. En el escrito, llama la atención la reiteración en sus reproches a la actuación del Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, de quienes censura hasta en cinco ocasiones su “escasa diligencia”, “pasividad” e incluso “tolerancia” hacia la empresa Hormigones Vascos.

El Tribunal Superior certifica que, en los interrogatorios, la Diputación “responde ambiguamente” y el Ayuntamiento bilbaíno ofrece “vagas e imprecisas respuestas”. Agrega que la institución foral llega a eludir el dato de cuándo acabaron las obras de la Supersur. “Respondió que lo desconoce, lo que es inaudito teniendo en cuenta que es un servicio de su competencia”.

Al Ayuntamiento bilbaíno le propina varios tirones de orejas. Se refiere a  “la pasividad, e incluso la tolerancia de la Administración municipal con la continuación de la actividad” y “demorándose hasta el año 2015 en incoar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística”. La sentencia, que impone el pago de las costas, ya solo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Los reproches del Tribunal Superior al ayuntamiento confirman su parcialidad en este caso. Primero permitió la ubicación de una fábrica en un suelo no urbanizable; luego incumplió el acuerdo que limitaba la actividad de la hormigonera a la duración de las obras de la Supersur, que concluyeron en 2011. Solo intervino en 2015 cuando recibió el toque de atención de la Fiscalía. Con la sentencia del cierre, en 2016, aunque no ha habido actividad industrial, se ha permitido el trabajo administrativo en la fábrica.

Hace unas semanas se ha conocido la intención de la Diputación de Bizkaia de acometer una nueva fase de la Supersur. ¿Tenemos en marcha la coartada para mantener la fábrica en pie?

No es habitual que una sentencia judicial reitere hasta en cinco ocasiones la “escasa diligencia”, “pasividad o “tolerancia” de administraciones públicas hacia una empresa privada. Una compañía que encima ha recibido 4,7 millones de dinero público de más que dudosa justificación y ¿cuántos millones ha facturado por fabricar hormigón en esos 5 años de actividad ilegal? Ya tenemos dos fallos que certifican la ilegalidad de la fábrica pero hoy día sigue en pie pese a que, en mayo de 2016, el concejal de Planificación Urbana de Bilbao, Asier Abaunza, anunció públicamente que la hormigonera se derribaría a finales de 2017 y, en caso de negativa de la empresa, el consistorio se encargaría de ello. ¿Dónde están los que debieran defender el interés público?

 

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