Los dos chalés «fantasma» del nuevo plan urbanístico de Lezama

El nuevo plan urbanístico del municipio vizcaíno de Lezama tiene dos chalés «fantasma». El documento definitivo aprobado por la Diputación de Bizkaia incluye dos proyectos de viviendas que no aparecen en toda la tramitación urbanística que se ha acometido durante cuatro años. Una flagrante ilegalidad denunciada por la asociación vecinal Lezama Bizirik, que por segunda vez en diez años ha impugnado todo el plan en los tribunales.

Los temas urbanísticos son complejos y requieren de explicaciones claras y sencillas. Lo intento. La elaboración del plan urbanístico de un municipio contempla varias fases: avance, aprobación inicial, provisional y definitiva. Salvo en las grandes localidades, en Euskadi a definitiva siempre corresponde a la Diputación de cada territorio, que se limita a comprobar la legalidad del proyecto y proponer correcciones pero no puede incluir nuevos usos. En las otras fases, desde el avance hasta la aprobación provisional, la autonomía es totalmente municipal y en esos pasos se fijan los cambios urbanísticos.

Lo que ha ocurrido en Lezama es que en el documento del nuevo plan urbanístico, desde su avance hasta su aprobación provisional en septiembre de 2013, no aparece por ninguna parte el proyecto de dos chalés en suelo urbano. Se trata de las llamadas actuaciones aisladas A.A.4 y A.A.5. en el barrio de Garaioltza. Son los proyectos de dos viviendas de 302 y 266 metros cuadrados de edificabilidad, que solo aparecen en la publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 4 de noviembre.

Desde septiembre de 2013, el plan estuvo ya en manos de la Diputación vizcaína para proceder a su aprobación definitiva. Dos largos años de tramitación, debido a los fuertes enfrentamientos sobre el documento entre el ayuntamiento y la institución foral, según fuentes consultadas por este blog. Fue en mayor de 2015 cuando se emitió la aprobación definitiva (y se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el 14 de mayo de 2015, en plena campaña electoral de las anteriores elecciones municipales) con una serie de correcciones exigidas por la Diputación.

Es a partir de entonces cuando se «introduce» el cambio, reflejado en el Boletín Oficial de Bizkaia del 4 de noviembre, lo que según la plataforma Lezama Bizirik  supone una infracción de «máxima gravedad» de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. Debe suponer, aducen, «la nulidad de todo el planeamiento».

Llamativa es la argumentación de la Diputación de Bizkaia, que niega cualquier ilegalidad. «No existen modificaciones sustanciales de ningún tipo (…). Tampoco existen particulares afecciones en las Actuaciones Aisladas que el demandante menciona. En consecuencia, no existiría vicio invalidante ni siquiera en el supuesto hipotético de que fuera cierta la versión del demandante, que no lo es».

Una respuesta bastante farragosa. ¿Aparecen o no esas viviendas en la tramitación urbanística del plan? Esa es la pregunta que debería ofrecer el organismo que vela por la legalidad. Si no es cierta la versión del demandante, ¿dónde están esas viviendas en el plan urbanístico de Lezama?

Los antecedentes en el proceder del consistorio de Lezama no ayudan. La anterior alcaldesa, Alaitz Lezama, ahora alto cargo en la Diputación vizcaína (es directora de la sociedad pública Biscaytik) porfió durante sus ocho años de mandato para aprobar la recalificación de un solar de su familia ubicado en un área inundable: llegó a negar que los terrenos fueran de su familia, hasta en tres ocasiones votó a favor de la recalificación y se empeñó en llevar adelante la operación hasta el punto que quedó aprobada días antes de que dejara la alcaldía. Un pelotazo de 5,5 millones de euros que quedó frustrado inicialmente y ha obligado a los Etxeandia a devolver 1,5 millones.

 Aunque se trata de solo dos viviendas y ubicadas en suelo urbano, el caso incita a la suspicacia. Podría haber sido un error no incluirlos en ningún momento de la tramitación del plan por el ayuntamiento e incluso un descuido del técnico de la Diputación al que le «colaron» el cambio en la fase de correcciones de la aprobación definitiva. Pero ya es incomprensible la argumentación foral de que no existe ninguna ilegalidad sin aportar ninguna prueba. La investigación judicial, abierta desde el pasado 24 de junio por el Tribunal Superior de Justicia, deberá dictaminar sobre los chalés «fantasma».