Los municipios vascos más endeudados, implicados en la corrupción o con alcaldes todopoderosos

Los municipios vascos con mayor deuda tienen en casi todos los casos un denominador común: casos de presunta corrupción o gestión personalista del alcalde. Alonsotegi, Bakio y Salvatierra padecen un déficit de entre 670 y 760 euros por habitante, por encima de la media española que se sitúa sobre los 500 euros por vecino. Alonsotegi tiene abiertas actualmente tres investigaciones diferentes en los que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres anteriores legislaturas (de 2003 a 2015). El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales. En Bakio, el que fue alcalde durante 16 años, Txomin Renteria, fue inhabilitado por los tribunales por prevaricación y en Salvatierra, la gestión personalista del alcalde Iñaki Beraza (que lleva siete legislaturas como primer edil) ha llevado a que los contratistas tuvieran que citarse personalmente con él para cobrar las facturas.

En los casos de Alonsotegi y Bakio, la Diputación de Bizkaia ha tenido que realizar un plan de rescate ya aplicado en una decena de municipios vizcaínos por su fuerte endeudamiento. Un programa que limita las inversiones durante un periodo largo. Ambos ayuntamientos fueron además los únicos en Bizkaia a los que se prolongó el plazo estipulado de 10 años hasta los 15 para pagar la deuda. Salvatierra también se encuentra en un plan de viabilidad desde 2012, aunque el último pleno municipal, en enero, aprobó la salida del rescate, que debe ser autorizada por la Diputación de Álava.

El informe que actualiza todos los años el Ministerio de Hacienda revela, que a fecha 31 de diciembre de 2017, los municipios vascos más endeudados son Alonsotegi (763 euros por habitante), Salvatierra (755), Orduña (703) y Bakio (669). Todos ellos son poblaciones pequeñas, de entre 1.800 y 3.800 vecinos. 

En el más endeudado se localiza el mayor número de casos relacionados con la corrupción. Los tres últimos alcaldes de Alonsotegi (todos del PNV, en las tres anteriores  legislaturas, de 2003 a 2015) están imputados por diversos delitos y dos de ellos ya han sido procesados a la espera de celebrarse el juicio.

Son tres casos que han causado un agujero económico de 17 millones de euros, según informes periciales. El primero es el gasto municipal en una sociedad urbanística de 7,3 millones sin documentación que lo justificara, que fue disuelta tras un déficit de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Se acusa a los ex alcaldes Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban, junto a tres abogados y al arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

El segundo caso se refiere a certificaciones de obras falsas en 2008. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obra falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

El tercer sumario indaga otro episodio de obras falsas en noviembre de 2011, por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Están imputados por cuatro delitos (prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos, malversación y fraude de subvenciones) el alcalde entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma, la arquitecta municipal, el arquitecto asesor (el único que está investigado en los tres casos), el aparejador y dos constructores de la empresa Laneder.

En este caso destaca la declaración, el pasado 20 de noviembre, de un constructor vasco, que admitió ante la jueza que el ex alcalde Erezuma le obligó a cobrar por obras falsas.

Bakio ha tenido una mezcla de irregularidades y una gestión personalista de su alcalde durante 16 años (de 1995 a 2011) Txomin Renteria, quien en 2018 fue condenado a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público  por cambiar de forma arbitraria el contrato de construcción de un centro de talasoterepia. Supuso la exención a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros. La sentencia firme del Tribunal Supremo, el pasado año, evitó su entrada en prisión al rebajar la condena fijada anteriormente por la Audiencia de Bizkaia, que le impuso dos años y medio de cárcel. Durante su gestión, Bakio vivió varios casos de irregularidades urbanísticas que acabaron en los tribunales. El más importante fue el proyecto de 436 pisos, con la posible inclusión de un campo de golf, en el área de Ohija, un espacio privilegiado con vistas al mar. Se ubicaba a escasa distancia del biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño) del ahora famoso enclave de San Juan de Gaztelugatxe. La oposición vecinal consiguió frenar el proyecto.

En Salvatierra, el protagonista ha sido el alcalde Iñaki Beraza, quien lleva siete legislaturas en el poder: desde 1987, solo con el paréntesis de 2011 a 2015 cuando fue reemplazado por EH Bildu, hasta ahora. Su gestión fue muy polémica hasta 2011 por el elevado endeudamiento que contrajo el ayuntamiento: 3,7 millones de agujero certificado en 2012. No ha salido a la luz pública ningún caso de irregularidades como en Alonsotegi o Bakio, pero contratistas que han trabajado en Salvatierra han admitido que tenían que hablar con el alcalde en persona para poder cobrar facturas.

Es significativo que la mala gestión de las cuentas públicas en estos ayuntamientos esté asociada a presuntos delitos de corrupción o al personalismo de alcaldes con cuatro o siete legislaturas al mando de su municipio. En lo local es donde los sistemas de inspección de lo público deberían focalizarse.