Los nueve casos vinculados a la corrupción que ha archivado la Justicia vasca los últimos tres años

Los recientes archivos de los llamados casos Epsilon e Hiriko han vuelto a poner en el foco la lucha contra la corrupción en Euskadi. Hasta  nueve casos vinculados a corruptelas han sido mandados al cajón por la Justicia vasca en los últimos tres años. La gran mayoría de ellos han quedado en nada tras una larga investigación judicial y con graves acusaciones del juez instructor o la Fiscalía, incluso con peticiones de cárcel.

La veintena de imputados en el caso De Miguel, el mayor caso de corrupción enjuiciado en Euskadi.

El caso Epsilon fue el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace 11 años por el Gobierno de Juan José Ibarretxe que causó pérdidas de 16 millones al Ejecutivo vasco por un aval que concedió en 2009 en contra de informes técnicos. El agujero llegó a los 50 millones de euros, la mayoría de ellos de ayudas del Gobierno central, y lo más llamativo es que los promotores pusieron solo un capital social de 90.000 euros para recibir esos 50 millones en créditos y subvenciones. El único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009, a quien la juez le acusó de los delitos de prevaricación, administración desleal y malversación. La Audiencia de Álava acaba de archivar el caso al argumentar que el edificio sin uso desde entonces “tiene un valor superior”.

El caso Hiriko giraba sobre el fallido coche eléctrico vasco, impulsado por empresarios y ex altos cargos del PNV, en el que otra juez confirmó tres delitos: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales. La Fiscalía concluyó que 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. La Audiencia de Álava también ha archivado hace unas semanas este caso porque, pese a existir indicios incriminatorios, son “débiles e insuficientes” y que la “alegría” con la que se usó el dinero fue sancionada en la vía mercantil, donde tuvieron una condena leve.

El caso Dennokinn versaba sobre  presuntas irregularidades en la concesión de una subvención por parte de la Diputación de Álava en 2011 a esta entidad sin ánimo de lucro creada por personas cercanas al PNV (la exdiputada foral Arantza Zenarruzabeitia, su entonces ‘número dos’ y actual director de Presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu, Hernando Lacalle, y un funcionario). La investigación de la Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, concluyó que 125.000 euros de los 337.000 que percibió Denokinn no estuvieron justificados, entre ellos el dinero público alavés que se destinó a una iniciativa en Bizkaia que nada tenía que ver.

La juez vio delitos de prevaricación y malversación pero el caso fue archivado en diciembre 2017 por la Audiencia de Álava  debido a un defecto de forma y porque, pese a que “sin duda hay indicios” del “escaso control sobre en qué gastaba Denokinn el dinero recibido”, no hay indicios claros de “sustracción de los caudales públicos”, señala el fallo.

En el tribunal que dictó estos tres archivos, que no llegaron a juicio oral, ha estado el magistrado Jaime Tapia, el mismo que preside el tribunal que ha enjuiciado el caso de Miguel, el mayor caso de corrupción enjuiciado en Euskadi que se ha desarrollado en largas sesiones durante todo el año pasado y está pendiente de la sentencia.

Otros sumarios no han pasado de la fase de instrucción judicial. Ahí está el llamado caso Pinosolo, un supuesto trato de favor a dos empresas para que se adjudicaran la construcción de un polideportivo en Leioa (Bizkaia) de casi 60 millones de euros. Una comisión de investigación en el Ayuntamiento dio por probado que Arcain, el arquitecto y Aros colaboraron con el exalcalde Eneko Arruabarrena (actual director gerente de Metro Bilbao) y el exconcejal Jon Loizaga, ambos del PNV, antes de que se convocara el concurso. El polideportivo no se ha llegado a construir nueve años después de la adjudicación.

Pero este caso quedó archivado por la Fiscalía a finales de 2015 por la prescripción de los hechos. El denunciante del caso, un arquitecto que difundió un video con anomalías (“el concejal me dijo que estuviera con el pico cerrado”), ha pagado un precio alto. “Después de aquello, yo no he vuelto a trabajar con la Administración. Ya ni me presento a concursos”, ha afirmado.

Igualmente quedó sobreseído por el juzgado el caso Ibarzaharra, los dos ex altos cargos del PNV que cobraron casi 300.000 euros de esa sociedad pública sin ir a trabajar. Un contundente informe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia certificó las irregularidades sobre la existencia de “una relación laboral simulada” pero el juzgado lo archivó en 2015 porque las pruebas eran “insuficientes”.

Las supuestas irregularidades en la lonja de Pasaia y el presunto trato a favor fiscal de chatarrerías en Bizkaia son otros dos casos que quedaron en el cajón de los jueces.

El ex alcalde de Bakio, Txomin Renteria, en el juicio por el que fue condenado.

Las corruptelas que han llegado a juicio en estos tres años se han saldado con absoluciones o condenas muy leves. El ex alcalde de Bakio durante 16 años (de 1995 a 2011) Txomin Renteria, fue condenado en 2018 a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público  por cambiar de forma arbitraria el contrato de construcción de un centro de talasoterapia. Supuso la exención a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros. La sentencia firme del Tribunal Supremo, el pasado año, evitó su entrada en prisión al rebajar la condena fijada anteriormente por la Audiencia de Bizkaia, que le impuso dos años y medio de cárcel.

El caso Margüello, las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello en la Sanidad pública vasca entre 2006 y 2009, quedó instruido por el juzgado con la petición de penas de hasta 6 años de cárcel para el principal imputado, otra empresaria y dos altos cargos de Sanidad, acusados de prevaricación y malversación. Tras el juicio, la Audiencia de Bizkaia solo condenó por prevaricación a tres de los cuatro acusados con una pena mínima: entre siete y nueve años de inhabilitación y sin prisión.  

Mejor le fue al ex alcalde de Zierbena, Marce Elorza, quien se sentó en el banquillo con una petición de tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y delitos societarios en una sociedad pública municipal. La acusación se fundamentaba en que mantuvo a otro concejal cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- de una sociedad pública cuando ya no dirigía nada y sin un contrato durante más de un año. En mayo pasado, fue absuelto por la Audiencia de Bizkaia que estimó no han “sustraído ningún caudal” ni ha habido “desviación de fondos públicos”. Y con una curiosa argumentación: la administración puede hacer todo lo que no tiene prohibido.

El llamado caso Zubiaurre, el ex director de una sociedad pública quien reconoció en el juicio el espionaje informático de datos urbanísticos, quedó archivado en 2016 por un error de forma de la Fiscalía. Hoy día, (además de la sentencia del caso De Miguel) se encuentran bajo investigación judicial casos como la planta de purines de Bizkaia (un proyecto de 11 millones de euros que no se ejecutó), el casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), con cinco imputados, y el “agujero” de 17 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Alonsotegi, que implica a los tres últimos alcaldes del PNV, dos de los cuales ya están pendientes solo de ir a juicio por delitos de  tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Hoy día, (además de la sentencia del caso De Miguel) se encuentran bajo investigación judicial casos como la planta de purines de Bizkaia (un proyecto de 11 millones de euros que no se ejecutó), el casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), con cinco imputados, y el “agujero” de 17 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Alonsotegi, que implica a los tres últimos alcaldes del PNV, dos de los cuales ya están pendientes solo de ir a juicio por delitos de  tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

En los pasillos del Palacio de Justicia de Bilbao, sede de la máxima autoridad judicial vasca, se ha tomado como habitual el archivo de casos con altos indicios delictivos. Algo falla cuando jueces instructores y fiscales cierran casos con graves acusaciones que luego van a la papelera por las instancias superiores judiciales. Una de las dos partes no hace bien su trabajo. Si son los jueces o fiscales que señalan sin datos fechacientes, es grave. Pero sin son los altos tribunales, como las Audiencias Provinciales o el Tribunal Superior, quienes se equivocan al desautorizar las investigaciones, es mucho más preocupante. ¿Y qué puede pensar un juez o un fiscal que dedica meses a una investigación, reúne pruebas de presuntos delitos y no sirve para nada? ¿Seguirá con el mismo empeño la próxima vez? Nueve casos archivados en solo tres años y ninguna condena importante en cuatro juicios no parecen datos irrelevantes. ¿Hay alguien en el poder judicial que ha analizado esto? En el poder político, estén seguros que no lo van a hacer

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