Mundaka Festival: ley a la carta y dinero público sin datos de ingresos y gastos

Por tercer año consecutivo, la reserva de la biosfera de Urdaibai, en la localidad de Mundaka, acoge el Mundaka Festival, tres días de conciertos entre el viernes 28 y el domingo 30 de julio. Un evento cuya legalidad ha sido cuestionada y su gestión es muy opaca. Tras los problemas de las dos ediciones anteriores con la ley de Urdaibai (se celebra en un acantilado, en la llamada área de Santa Catalina, calificada de especial protección), en esta edición las autoridades se han afanado en preservar su legalidad y han elaborado una norma a su medida. Lo que no ha cambiado es la opacidad: pese a contar con una subvención de 114.000 euros de la Diputación de Bizkaia, hasta la fecha de hoy no se han conocido públicamente los gastos ni los ingresos de los organizadores, la asociación privada Emankor Sarea.

Imagen del área (toda la zona verde) donde se celebra el festival. El edificio con el tejado rojo es el polideportivo municipal, que se cierra para uso de los organizadores.

La primera edición, en 2015, se celebró sin ningún permiso del Patronato de Urdaibai, el órgano que gestiona la reserva. Los organizadores pidieron dos semanas antes del festival una consulta al Patronato de Urdaibai. Un informe técnico del Patronato concluyó que el festival cumpliría la ley “siempre y cuando las instalaciones”  tuvieran un “carácter no permanente, de titularidad pública y estén destinadas al uso del público de naturaleza recreativa y de esparcimiento”. Los promotores eran privados y no había uso público, puesto que había que pagar la entrada. De hecho los accesos incluso por mar estaban cerrados. Con ese informe, los organizadores no hicieron más trámites y el festival se celebró sin la preceptiva licencia del Patronato de Urdaibai.

El pasado año, se solicitó por vez primera el permiso para la celebración del festival al Patronato de Urdaibai. La petición la tramitó el Ayuntamiento de Mundaka en marzo  de 2016 y el informe técnico del Patronato  concluyó que el festival “no se adapta” a la ley de Urdaibai, al incumplir el artículo 89, debido a que las instalaciones “no presentan un carácter de titularidad pública”.

La difusión del documento causó un revuelo mayúsculo pero se buscó una solución para sortear la ley. Se ideó un convenio entre el Ayuntamiento de Mundaka y los organizadores, mediante el que el consistorio subrogaba las instalaciones y así se salvaba su naturaleza privada. Un convenio especialmente beneficioso para los promotores: el Ayuntamiento de Mundaka suministró la electricidad, agua, recogida residuos e incluso seguridad policial a los organizadores sin cobrar ninguna tasa por ello. Todo lo contrario con cualquier actividad recreativa como son las barracas. A ello agregaba la cesión del polideportivo municipal ubicado junto al área del Festival.  “Quedando cerrado el polideportivo para uso exclusivo de Emankor durante los días del concierto”, rezaba el convenio. Los vecinos de Mundaka se quedaron tres días sin la instalación municipal y sin acceso a un área muy transitada como en Santa Catalina. Todo ello en uno de los municipios vascos más endeudados: desde 2013 funciona con un plan de ajuste que le ha obligado a subir las tasas un 3%. En el festival se renuncia a cobrarlas y el evento supone gastos adicionales para el municipio, aunque el alcalde Aitor Egurrola (PNV) siempre ha sostenido que tiene un “coste cero”.

La asociación ecologista Zain Dezagun Urdaibai (Cuidemos Urdaibai), ha aludido a la existencia de hasta seis ilegalidades: el incumplimiento de la ley de Urdaibai, se trata de una zona ZEC (Zonas de Especial Conservación),  incumple la ley de Costas, forma parte del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Euskadi, es necesario un informe sobre protección arqueológica y que se incumpliría la ley de contaminación acústica.

Montaje de las instalaciones del festival.

El llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Urdaibai, el plan de protección de la reserva de la biosfera, se modificó el pasado año. Por vez primera hay un apartado sobre el recreo temporal, cuya redacción está hecha a la carta para permitir la celebración del festival. En el artículo 4.4.2.11 del PRUG (página 61), se posibilita disponer de “espacios para el ocio” en las áreas protegidas del litoral con instalaciones “como escenarios y graderíos”. Un traje a la medida del Festival de Mundaka. De hecho, el Patronato de Urdaibai va a emitir un informe positivo

El Gobierno vasco tiene pendiente de recibir el informe de Costas y su agencia del Agua Ura y la intención, según fuentes del Departamento de Medio Ambiente, es que se habilite un paso en el área de Santa Catalina para uso público durante la celebración del festival. En las ediciones anteriores, todo el área estaba cerrada al público (salvo con entrada) incluso desde el mar hacia las calas de la zona, muy utilizadas durante el verano.

El Ayuntamiento de Mundaka aún no ha dicho nada del convenio del festival, que este año se supone no requerirá esa falseada actividad pública. Todo apunta a que proseguirá la cesión de instalaciones municipales y la exención de tasas.

La Diputación de Bizkaia es, además de varios privados, el único patrocinador público del evento. En 2015 aportó 85.547 euros; el pasado año se incrementó hasta los 110.000 y este año aportará 114.000. Lo justifica por la creación de empleo, la promoción de los productos de Urdaibai (en Mundaka los días del festival se celebran actividades gastronómicas) y la atracción de turistas. Pero no hay ningún dato de los gastos ni ingresos de los promotores, llamativa ausencia cuando se concede una subvención. Según la Diputación, los asistentes al festival sumaron 8.000 personas durante los tres días. Lo que no dice es el elevado número de entradas gratuitas que se reparten.

Pocos se opondrán a la celebración de un acto lúdico, como un festival de música. El problema es organizarlo sin el permiso del Patronato de Urdaibai el primer año, camuflarlo el segundo como una actividad pública y cambiar la ley a la carta para avalar la legalidad en esta edición. Que un ayuntamiento ofrezca gratis total un espacio público a una empresa privada, un favorcillo nada habitual, a costa de perjudicar a sus vecinos. Y, tres años después, pese a recibir más de 100.000 euros, los vizcaínos sigan sin conocer los gastos e ingresos del festival. ¿Normal? Permítanme que lo dude.

 

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