Un juzgado investiga prevaricación y malversación del alcalde de Zamudio por el acoso a un vecino durante 17 años

Un juzgado de Bilbao ha iniciado una investigación contra el alcalde de Zamudio, Igoitz López (PNV), por los delitos de prevaricación continuada, malversación, falsedad y desobediencia a la autoridad judicial por el acoso a un vecino, que lleva más de 17 años de hostigamiento por el ayuntamiento por la simple colocación de unas estacas en su terreno. El vecino presentó una demanda el pasado 14 de febrero  tras recibir la comunicación del alcalde de una tercera “investigación” en apenas medio año cuyo objetivo último es el derribo de las estacas. Dos fallos judiciales ya firmes, en 2010, condenaron al Ayuntamiento a restituir los postes derribados y obligaron a la anterior alcaldesa a dejar su cargo por prevaricación. En solo medio año, el alcalde ha abierto y cerrado por dos veces dos expedientes para tratar de demostrar que el camino junto al que se ubican las estacas es público.

La denuncia ya en fase de diligencias previas por el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao habla de un «plan delictivo» del alcalde contra el vecino con actuaciones que son una «represalia o mobbing institucional al ciudadano». «Una actuación municipal deliberadamente arbitraria, ilegal e irrespetuosa con los derechos constitucionales (del vecino)», agrega. .

El vecino se llama José María Zarate y en 2001 empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas entre el 21 y el 23 de mayo. Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea, “que es la que corta el bacalao en Zamudio”, dice Zarate, le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao le condenó por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesaria otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En julio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Sin embargo, los problemas no se han resuelto. En estos más de tres años el consistorio se ha negado a conceder la licencia fin de obra. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el pasado 12 de julio, anunció al vecino que no iba a disponer, tres años después, de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En una enrevesada argumentación, señalaba que se debía determinar si el camino es público y, en ese caso, se podría anular la colocación de las estacas. En ese escrito se informaba de otro decreto del alcalde de 2014 que desestimaba la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días.

El pasado 13 de octubre, el alcalde emite otro decreto en el que declara el archivo del expediente por haber transcurrido el plazo de tres meses que estipula la ley. Pero ya anunciaba sus intenciones al afirmar que “es posible la iniciación de un nuevo expediente de investigación”. El 7 de noviembre, el primer edil dicta otro decreto con el que retoma el expediente. Sorprende que no exista ninguna referencia al decreto de 2014 que supuestamente desestimó la licencia de obras. El escrito se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia, el pasado 17 de noviembre, y se ha notificado a los Gobiernos vasco y central. Llamativos semejantes esfuerzos por unas estacas.

Este segundo expediente vuelve a archivarse al pasar otros tres meses. Pero, el 27 de febrero el alcalde de Zamudio dicta el tercer decreto de “investigación”, que es publicado en el Boletín Oficial del día siguiente, con las mismas argumentaciones.

En la denuncia contra el primer edil de Zamudio, presentada el 14 de febrero, se  se alude a una prevaricación continuada del alcalde por los diversos expedientes abiertos; un delito de desobediencia judicial por no cumplir las sentencias que dieron validez a la colocación de las estacas; otro de malversación de caudales públicos, por los fondos públicos destinados en todas las actuaciones contra el vecino y la falsedad en documento público por el decreto «fantasma» de 2014.

La demanda resalta también que el secretario municipal de Zamudio, José Ignacio Arberas, es yerno de Ángel Aurre, el vecino colindante al camino donde están las estacas, quien precisamente presentó la primera denuncia contra José María Zarate por la colocación de los postes.

Los tribunales tendrán que dilucidar de nuevo sobre un caso donde se ha evidenciado una persecución de un ayuntamiento a uno de sus vecinos. Un caso que provoca la condena firme de una alcaldesa por prevaricación al ordenar el derribo de las estacas y le obliga a dejar el cargo. Un ayuntamiento que sigue resistiéndose, tras dos sentencias judiciales, a permitir la colocación de postes. Accede tres años después de ser amonestado por la Justicia pero se niega a conceder la licencia de fin de obra. Y ahora emprende hasta tres “investigaciones” con el fin último de derribar de nuevo los postes. Un secretario municipal que es el yerno de otro vecino que inició las denuncias y, por cierto, uno de los prebostes en el municipio del PNV, el partido que gobierna Zamudio. Persecución, venganza, arbitrariedad, caciquismo….y la impunidad de un ayuntamiento que actúa como si estuviera encima de toda ley.