Una Justicia en entredicho: el juez que se forró, la extraña sentencia de Karrantza y sin Fiscalía Anticorrupción

En el último año, este blog ha expuesto numerosos casos de irregularidades en la gestión de lo público. La actuación de la Justicia ha quedado en entredicho en más de una ocasión. Ahí está el ejemplo del juez que, tras forrarse durante ocho años en la empresa privada con la administración de empresas en quiebra, ha dejado el negocio a sus hijos al volver a la carrera judicial; la polémica sentencia que exoneró, en la vía mercantil, a un ex alto cargo del fiasco de 10 millones de euros un una planta de purines o la negativa del anterior fiscal superior a crear una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi.

El primero es el caso de un juez de lo mercantil que deja su puesto para dedicarse a un lucrativo negocio relacionado directamente, que vuelve a la carrera judicial ocho años después pero abandona sus cargos privados 43 días después de publicarse su nombramiento cuando la ley estipula que deben ser ocho días. Y que deja sus negocios de más de 3,5 millones anuales en sus hijos.

La historia de Edorta Etxarandio se asemeja demasiado a las famosas puertas giratorias.  Durante ocho años (de 2008 a 2016) estuvo como administrador concursal, un negocio claramente al alza por la inacabable crisis iniciada precisamente en 2008. Únicamente entre 2009 y 2013 se llevó la administración de 68 concursos en cuatro años y era el sexto administrador de toda España entre un listado de más de 9.000.

En mayo de 2016 se conoció su petición de reincorporarse a la carrera judicial y, en junio, el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, aprobó su nombramiento como juez de primera instancia de San Sebastián. Su designación apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de septiembre.

Etxarandio se mantuvo como consejero y presidente de la empresa Cuevas&Ibarnavarro S.L. hasta el 13 de octubre de 2016. El Boletin Oficial del Registro Mercantil del 21 de octubre del pasado año (página 46152) refleja el cese de su cargo y el nombramiento de uno de sus hijos como presidente. La compañía tiene como consejeros a su otro hijo y su esposa, quien es procuradora de los tribunales en Bilbao.

El actual juez del Juzgado de Primera Instancia 5 de San Sebastián ha mantenido a su nombre su negocio privado casi cuatro meses desde la aprobación de su vuelta a la carrera judicial y mes y medio desde que apareciera en el boletín oficial su puesto como juez. El reglamento de la Carrera Judicial expresa en, el artículo 326. que el juez que regrese de un actividad privada debe cesar de ella en un plazo de ocho días «desde que se produjo el nombramiento».

Etxarandio podría haber incumplido la norma de los ocho días pero el criterio no está claro. Fuentes judiciales consultadas han revelado que habido casos de jueces que han dejado su actividad privada antes incluso de solicitar su reingreso a la carrera judicial, sin que el Consejo del Poder Judicial comentara nada. Y otros casos que siguieron cobrando de la esfera privada hasta justo ser destinados en su plaza, lo que no fue vetado por el Poder Judicial. En el caso del juez Etxarandio, desde la publicación en el boletín de su nombramiento hasta el cese en su negocio familiar han pasado 43 días.

En su actividad como administrador concursal, Etxarandio fue censurado a finales de 2010 en el concurso de Viajes Marsan por esta empresa, donde era administrador concursal, por designar como auxiliar en el concurso a Antonia Magdaleno, una de las directivas del despacho Broseta por el que fichó a finales de 2008. Esa relación profesional en el mismo despacho impedía, según establece la Ley concursal, dicho nombramiento. Cuando Etxarandio era juez de lo mercantil, designó en 2008 a Magdaleno administradora del caso de Construcciones Loizate y tres meses después, también formó parte del concurso de la constructora Urazca (una de las primeras quiebras importantes en Euskadi) por designación del juez Edorta Etxarandio. A finales de ese año, fichó por el despacho de abogados de Antonia Magdaleno.

Uno de sus hijos, el que le ha reemplazado como presidente en la empresa familiar, es precisamente asociado del despacho de abogados Antonia Magdaleno, una de las principales firmas de quiebras en España.

No es menos inquietante la extraña sentencia del fiasco de 10 millones en Karrantza  y su relación el abogado-juez del principal acusado, el mismo Edorta Etxarandio. Se trata del caso de la planta de purines del municipio vizcaíno de Karrantza, que causó gran escándalo cuando saltó a la luz pública en 2010. Un proyecto puesto en marcha a comienzos de 2000 para resolver el problema medioambiental de los residuos ganaderos en esta zona, con ríos contaminados. Pero, tras recibir 11 millones de euros de ayudas públicas, tanto de Euskadi como del Gobierno central, se quedó paralizado por su falta de viabilidad. Solo se recuperaron 750.000 euros y, como recuerdo, un esqueleto de hormigón.

Las acusaciones del administrador concursal de la empresa quebrada y la abogada del Estado eran contundentes: fue un proyecto «ideado» por el ex alto cargo del Gobierno vasco, Martin Ascasibar, (exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Agricultura y actualmente alto cargo de la constructora Altuna y Uria) con la intención de recibir fondos públicos, que la empresa  Ade Biotec cobró 4,2 millones de euros «sin poner un ladrillo», las subvenciones solicitadas se presentaban en blanco, se manipularon para no perder ayudas, hubo sobrecostes de 800.000 euros en facturas de dos millones, ayudas para proyectos como una planta de abonos que iba a aprovechar los residuos, que recibió un millón de euros y de la que nunca se supo nada o que se compraron terrenos pagando 100.000 euros en una zona karstica, lo que obligó a adquirir otro suelo abonando otros 300.000 euros. Además de que el ex alto cargo Martin Ascasibar, tras dejar el puesto público, en solo 11 días pasara a ser consejero de la empresa promotora del proyecto Karrantzako Minda,

El caso tiene abiertas las vías penal y mercantil. En esta última, quedó exonerado el principal acusado. El fallo, dictado el 28 de febrero por la juez de lo mercantil número 2 de Bilbao, Olga Ahedo, eludió valorar varias de esas irregularidades, como las peticiones de subvenciones en blanco, la manipulación para no perder ayudas o la inmediata incorporación a Karrantzako Minda del principal acusado.  Tampoco dedicó una línea al millón de euros de la planta de abonos y se limita a valorar sobre su conexión o no al proyecto de la planta de purines. La juez sostuvo que los pagos anticipados, aunque totalizasen 4,2 millones (la tercera parte del presupuesto inicial estimado, que era de 12,8 millones), «al inicio del contrato es práctica habitual» en las obras; que los 100.000 euros perdidos en la elección del suelo son «fruto de un proceso de valoraciones de la Administración pública»  y los sobrecostes se deben a «hechos ajenos a la voluntad» de los acusados.

Llamativo es que precisamente el ahora juez Edorta Etxarandio fuera el abogado defensor del ex alto cargo del Gobierno exonerado y que la sentencia echara por tierra los demoledores informes del administrador concursal, la Fiscalía y la abogada del Estado. Un fallo que causó estupor en muchos círculos jurídicos de la capital vizcaína. Las  dudas se acrecientan por la cercana relación entre Etxarandio y varios jueces de lo mercantil de Bilbao.

 

Tampoco ha ayudado mucho a la Justicia vasca la labor del anterior fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, sustituido en febrero pasado tras siete años en el cargo. Aunque públicamente defendió la creación de una Fiscalía anticorrupción en Euskadi,  ha eludido solicitarlo formalmente en estos siete años de mandato, una atribución exclusiva al fiscal superior de cada comunidad autónoma. Sus detractores censuran su acercamiento a los dirigentes políticos de Euskadi como explicación de la ausencia de esa Fiscalía específica y el elevado número de casos archivados

A Calparsoro se le achaca que haya dedicado demasiado tiempo a la política en vez de a la Justicia. Archivó varios presuntos casos de corrupción: el caso Pinosolo, el supuesto trato de favor a dos empresas para que se llevaran una obra de casi 60 millones de euros en el que estaba implicado el actual director gerente del metro de Bilbao Eneko Arruabarrena, o el caso Ibarzaharra, el cobro de casi 200.000 euros sin ir a trabajar de dos ex altos cargos del PNV en una sociedad púbica avalado por un contundente informe de la Inspección de Trabajo.

Se mostró bastante más benigno con las denuncias que han llegado a su despacho frente a los fiscales provinciales: como la de Bizkaia con el caso Kutxabank, la presunta contratación ficticia como asesor del ex delegado del Gobierno central Mikel Cabieces que ha acabado en juicio y la malversación de dinero público del ex delegado de Vivienda del Ejecutivo vasco Txema Gonzalo, condenado a cuatro años de prisión o de Álava con el caso De Miguel, la presunta trama del cobro de comisiones ilegales de exdirigentes peneuvistas, en el que se ha abierto juicio oral contra 26 imputados.