El vecino que tumbó a una alcaldesa y lleva 16 años en pleitos con el ayuntamiento

Esta es la historia del litigio que dura ya 16 años de un vecino contra un ayuntamiento. Pese a dos fallos judiciales firmes, que obligaron a que la anterior alcaldesa tuviera que dejar el cargo por prevaricación, a José María Zarate el consistorio vizcaíno de Zamudio sigue amedrentándole. Todo a causa de unas simples estacas y fundamentalmente por un vecino influyente. Seis años después de la última sentencia firme, el ayuntamiento continúa sin ratificar la legalidad de las estacas.

La historia se remonta a 2001 aunque su origen se retrotrae una década antes. Zarate ya irritó entonces a la Diputación de Bizkaia por revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros.

En 2001,empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio. Debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos y entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aseguró entonces que podía delimitar sus tierras con unas estacas. Por ello pidió al ayuntamiento en 2006 una licencia de obras pero no hubo respuesta en ocho meses. Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó de 43 estacas entre el 21 y el 23 de mayo. El silencio municipal mutó rápidamente. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y actual viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea, «que es la que que corta el bacalao en Zamudio», dice Zarate, le conmino a que «parara inmediatamente».

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado le condenó por prevaricación, un fallo confirmado en 2011 por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos «a sabiendas de su manifiesta ilegalidad» y de «forma arbitraria». Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese al fallo que obligaba a reponer las estacas, el ayuntamiento de Zamudio, ya presidido por Igoitz López (PNV), siguió sin permitirlo. Tuvo que recibir otro tirón de orejas de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de «renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados». Surtió efecto y en junio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Pero el permiso municipal se ha quedado a medias ya que, meses después, en noviembre de 2014, el alcalde, en una reunión con Zarate en el despacho del ayuntamiento, le anunció que el conflicto seguía abierto «a instancias de varias vecinos». A día de hoy, José María Zarate sigue sin disponer de la licencia de fin de obra.

[pullquote]El vecino privilegiado es suegro del secretario municipal de Zamudio[/pullquote]

El caso ha vuelto además a judicializarse. Desde el pasado 3 de junio, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao investiga la denuncia presentada por Zarate por «el trato discriminatorio» con su influyente vecino, a quien el ayuntamiento ha permitido el cierre de su propiedad. Zarate ha presentado, desde 2008, hasta ocho denuncias administrativas contra Ángel Aurre, suegro del secretario municipal de Zamudio y padre de una trabajadora del consistorio. El denunciante señala que, sin ninguna licencia, ha acometido un cierre con verja metálica, arbolado e incluso instalación de una puerta, mientras que a él le cuestionan la colocación de estacas sin cierre. El alcalde, en un decreto firmado el pasado 29 de febrero, admite la falta de licencia pero argumenta que es un asunto prescrito. Llama la atención que se base en el informe del «Secretario», familiar directo del denunciado y que por tanto debiera abstenerse, y que meses después el alcalde asegura que ese «Secretario» es el asesor jurídico externo.

Para defender al vecino Ángel Aurre, el Ayuntamiento de Zamudio se ha gastado más de 6.100 euros en sendos informes a las empresas Idom e Imade para justificar la prescripción.

Que a un vecino, tras ignorar su petición de licencia, se le tiren unas estacas en menos de cinco días, condenen a la alcaldesa por ello y al de enfrente se le permita un cierre total sin exigirle ninguna licencia, suena a desigualdad. Que el privilegiado tenga vínculos con el partido que gobierna el ayuntamiento, destila a algo peor. «Estos conflictos pasan en muchos pueblos, pero no se denuncian», afirmó el perjudicado cuando ganó los pleitos judiciales. Algo de ello hay.