Tres casos del dudoso negocio de las constructoras en Euskadi

Hace algo más de 16 años, empecé a vislumbrar una pizca del desconocido negocio de las empresas constructoras. Fue tras publicar una información en El País sobre las adjudicaciones públicas en Euskadi y cómo las administraciones contrataron entre 1995 y 1999 cerca de 165.000 millones en grandes obras públicas. Entre ellos, 57 proyectos con un importe superior a los 1.000 millones, con el gran peso de constructoras vascas: seis empresas locales en la «tarta» de las contratas públicas.

Aquella información causó un importante revuelo entre las administraciones y las grandes constructoras vascas. De hecho, un directivo de una de las empresas mencionadas se apresuró a llamar al periódico para concertar una cita. Mi interlocutor, en tono siempre amable y conciliador, se esforzó en transmitirme que no había nada irregular en esas adjudicaciones y, sobre todo, que estaba a su disposición para cualquier aclaración previa si volvía a escribir del tema. En la información no había ningún atisbo ni insinuación de actuaciones oscurantistas ni irregulares, por lo que me sorprendían los temores del constructor. Era un artículo más bien plano, según observo ahora al releerlo 16 años después.

[pullquote]En estas más de dos décadas, he ido comprendiendo los temores de aquel directivo, a quien le importunaba sobremanera la mera aparición del nombre de su constructora[/pullquote]

En estas más de dos décadas, he ido comprendiendo los temores de aquel directivo, a quien le importunaba sobremanera la mera aparición del nombre de su constructora en un periódico. En ese negocio, hay bastante que ocultar.

Hay bastantes más pero citaré tres casos concretos. Un juez acaba de condenar a la empresa Construcciones Olabarri por no depositar en un vertedero legal los escombros de obra para la construcción de un frontón en Zalla (Bizkaia). La adjudicación establecía el pago de 107.000 euros para acometer el vertido legalmente y en cambio se depositaron en un monte público. Ha habido un «enriquecimiento indebido», dice la sentencia. El ayuntamiento de Zalla había pedido la intervención del Gobierno vasco, a través de su Departamento de Medio Ambiente, quien rechazó intervenir.

Segundo caso. La empresa Hormigones Vascos construyó una planta hormigonera en el monte Pagasarri de Bilbao (por cierto en un suelo no urbanizable que impide actividades industriales) con el argumento de que lo usaba para las obras de una autovía de pago en torno a Bilbao (la conocida como Supersur). Se acabó la obra pero la hormigonera continuó con su actividad (de hecho de esa planta ha salido el hormigón del nuevo campo de fútbol de San Mamés), pese a que había una orden municipal de cerrarla. De nuevo, connivencia de lo público con lo privado: la empresa pidió continuar con su actividad y el ayuntamiento de Bilbao no se opuso. El asunto sigue en los tribunales.

Tercer caso. En Alonsotegi existe un gigantesco vertedero con cerca de 10 millones de metros cúbicos de vertidos realizados al amparo de otra gran obra pública, la autovía del Cadagua. El Gobierno vasco no ha actuado contra la Diputación de Bizkaia, pese a constatarse que hay depósitos que nada tienen que ver con la autovía y reconocer que ningún técnico del Departamento de Medio Ambiente ha controlado los vertidos. «Como allí no había control, allí lo echaban todo».  «En una ocasión me tocó ir por la carretera detrás de un camión que iba al vertedero y me tuve que separar porque iba vertiendo lodo». Son los testimonios de dos vecinos de la zona en el pleito que aún prosigue.

Dejo al lector que saque sus propias conclusiones.