El municipio vasco con sus dos últimos alcaldes imputados por un agujero de 4 millones

Alonsotegi tiene el dudoso récord de ser el segundo municipio vasco más endeudado (más de 1.700 euros por habitante cuando la media de Euskadi no llega a 300 por cada vecino), tener a sus dos últimos alcaldes imputados por malversación de fondos públicos y prevaricación y buena parte de sus 2.800 vecinos soliviantados porque el Ayuntamiento quiso que 50 familias pagaran un millón de euros por una plaza.

Este pequeño municipio, ubicado a 8 kilómetros de Bilbao, es otro ejemplo de una nefasta gestión municipal. Es inexplicable que en una localidad de tamaña población se creara una sociedad municipal para la gestión urbanística. Como si el ayuntamiento por sí mismo fuera incapaz. O por otras oscuras razones. Funcionó ocho años, entre 2003 y 2011, y se disolvió  dejando un agujero de 4,1 millones que tuvo que ser asumido por el consistorio.

[pullquote]Es inexplicable que en una localidad de tamaña población se creara una sociedad municipal para la gestión urbanística[/pullquote]

La sociedad municipal se gastó casi 8,6 millones de euros sin justificar. Lo acredita el informe de la interventora municipal. Los gastos sin justificar procedían de la venta de bienes públicos a dos inmobiliarias y de una ayuda de la Diputación vizcaína. “Se desconoce el importe exacto de los gastos en los que la sociedad [Alonsotegi Eraikiz] incurre con motivo de la gestión propia de los asuntos municipales que, a pesar de recogerse en el Capítulo IV del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, no han sido autorizados, dispuestos ni reconocidos tales créditos”, decía textualmente la interventora. Facturas sin aprobación, contratación de personal sin conocerse el proceso de selección, datos sobre el IVA diferentes al Ayuntamiento de Alonsotegi y la Hacienda de Bizkaia. Y no pasó nada: son sucesos que suelen quedar en el cajón cuando hay mayorías absolutas.

Los dos ex alcaldes imputados son Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban (en la imagen de arriba), ambos del PNV y que gobernaron con mayoría absoluta.. El primero creó la sociedad urbanística en 2003 al llegar a la alcaldía y luego fue director de director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia hasta 2015. Tras ser imputado en 2014, resistió en el cargo hasta acabar la legislatura. No repitió y no tuvo tampoco puerta giratoria pública. Ha acabado en una consultora vizcaína de la órbita peneuvista: promotor de negocios de diversificación, como lo refleja en las redes sociales. Su sucesor en la alcaldía, Aitor Santisteban, mantuvo la sociedad durante su mandato desde 2007 hasta que la disolvió  justo un mes antes de las elecciones de 2011, tras las cuales los peneuvistas perdieron la mayoría absoluta pero mantuvieron la alcaldía: cinco concejales, frente a Bildu (4 ediles), PSE (1) e Independientes (1).

[pullquote]Sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación, abonar dos veces la misma factura a una constructora…[/pullquote]

Como es habitual en Euskadi y España, sus partidos e instituciones salieron en su defensa cuando estalló el escándalo. El PNV se apresuró en denunciar que «aquí no hay ni enriquecimiento, ni financiación ilegal, ni saqueo de las arcas públicas, ni robo, que es lo que abarca la corrupción» y la Diputación de Bizkaia, por boca del ahora diputado general Unai Rementeria, aseguró que Martinez de Arenaza, en esas fechas director foral de Turismo «no roba dinero».

El Tribunal Vasco de Cuentas, que utiliza siempre la mesura, fue demoledor en el informe que hace unos meses realizó sobre la polémica sociedad urbanística. «No ha cumplido la normativa legal que regula su actividad económica-financiera», una frase que casi nunca emplea en sus informes pese a que siempre hay incumplimientos de mayor o menor gravedad de los organismos públicos que fiscaliza. En el informe completo, se censura la deficiente gestión de los dos ex alcaldes, con sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación, abonar dos veces la misma factura a una constructora… No ha habido, tras el informe, defensa de la actuación de los dos ex alcaldes de quienes meses antes glosaban su honestidad.

Pendientes de la instrucción judicial y si el caso termina en juicio con el procesamiento de los imputados, la tensión en el consistorio se ha saldado con la dimisión de dos concejales del equipo de gobierno del PNV. Como siempre, la razón ha sido motivos personales pero de manera privada han aludido a las decisiones del actual alcalde como el conflicto suscitado con los vecinos y la negativa a realizar una auditoría externa de la gestión municipal. Una petición de un millar de firmas, más de un tercio del censo de Alonsotegi.

Con casi el 22% de desempleo, el segundo municipio de Bizkaia con la tasa de paro más elevada y diez puntos más que la media de Euskadi, Alonsotegi sufre ahora las consecuencias de lo que pocos dudan en tildar de nefasta gestión municipal. Es uno de los siete municipios intervenidos en Bizkaia por la Diputación debido a su abultada deuda y junto a Bakio ha sido el único al que se le ha prolongado de 10 a 15 años el plazo para pagarla. La condición es que no puede acometer inversiones. Casi nada.

¿No deberíamos sonrojarnos por toda esta retahíla de despropósitos? A unos cuantos nos produce vergüenza, enojo y una irrefrenable exigencia de justicia. Toca esperar.