El condenado jefe del Fisco en Bizkaia se queda de nuevo sin trabajo

El ex jefe de la Inspección Fiscal de Bizkaia (o sea el máximo responsable de que ningún ciudadano eluda el pago de impuestos) que fue condenado por encubrir a contribuyentes ha vuelto a quedarse sin su trabajo. Juan Ramón Ibarra, aunque sea inexplicable para muchos, se reincorporó a su puesto como funcionario tras estar solo dos meses en la cárcel (con una condena de 4 años y medio de cárcel), la Diputación vizcaína le rescindió su contrato el pasado año al cumplir la edad de jubilación, Ibarra pleiteó para continuar como funcionario de la Inspección hasta los 70 años (el sueldo duplica al de un  jubilado con la prestación máxima) y ganó el juicio en diciembre. Pero apenas ha estado un mes en su puesto: la Diputación ha vuelto a denegar la prórroga y está de nuevo en su casa. Sigue el culebrón.

¿Bastante enrevesado? Menos que todo el caso que supuso la condena del jefe del Fisco en Bizkaia, un escándalo que prácticamente ha quedado en nada y retrata las diferentes igualdades que persisten en la Justicia. Juan Ramón Ibarra fue jefe de la Inspección Fiscal vizcaína desde 1989 hasta 2004 (permaneció en en el cargo casi un año más después de desvelarse el caso). Se le acusó de beneficiar a cerca de 200 contribuyentes  al simular que estaban siendo investigados por la Hacienda vizcaína cuando en realidad no había ninguna actuación sobre ellos.

[pullquote]Un presunto soborno de 337.000 euros que Ibarra dijo que era herencia de su padre. Lo guardó en un armario y más tarde lo devolvió en billetes de 500 euros. Sin declarar a la Hacienda que lideraba[/pullquote]

Durante los siete años de instrucción judicial, el ex jefe siguió como funcionario de la Inspección aunque en tareas administrativas. El largo juicio (duró dos meses) celebrado a principios de 2011 evidenció al menos variados claroscuros en el funcionamiento de la Hacienda vizcaína: hasta siete inspectores confirmaron irregularidades como dejar prescribir 4,2 millones de fraude de un contribuyente, el pago de una deuda por un asesor fiscal días antes de que la Hacienda le notificase el inicio de una inspección o la obstrucción a la labor de un inspector de la Hacienda estatal. Y salió a la luz una de las principales pruebas esgrimidas por la Fiscalía: un presunto soborno de 337.000 euros. El dinero se lo dio, dijo Ibarra, su padre ya fallecido pero en dinero negro que guardaba en un armario. Y que años más tarde se lo devolvió en billetes de 500 euros. Dos operaciones no declaradas a Hacienda por su máximo responsable. Todo un ejemplo para los contribuyentes que vigilaba.

Tras la petición final de ocho años de cárcel por parte de la Fiscalía, el caso quedó en una absolución por parte de la Audiencia de Bizkaia,. El fallo fue revocado poco después por el Tribunal Supremo, que redujo los delitos al de falsedad y la condena, a 4 años y medio.

[pullquote]El caso ha retratado a la Hacienda que no ha reclamado nada  (aunque la Fiscalía cifró el perjuicio en 4 millones) y a la Justicia, que no le inhabilitó como funcionario[/pullquote]

El caso ha retratado a unos cuantos. Como la Diputación de Bizkaia, que tardó casi un año en apartar de la jefatura al luego condenado, sostuvo que era un asunto «personal» de Ibarra  y sorpresivamente,  tras actuar como acusación particular durante la larga instrucción de siete años, se retiró meses antes de la celebración del juicio. No hubo perjuicio a las arcas forales, adujo. Un argumento poco creíble, como expuso la Fiscalía en su alegato final. «Lo mínimo exigible a una administración pública es que comprobara los datos de los contribuyentes». De hecho, la fiscal cifró el perjuicio en cuatro millones de euros y censuró a la Diputación que la mayoría de los escritos «que pudieron ser reveladoras de las conductas prevaricadoras o falsificadoras han desaparecido».

Los 15 años en que estuvo al mando del Fisco vizcaíno debieron influir bastante. «Ha tenido siempre buenas agarraderas en el partido [el PNV]”, decían en la Hacienda foral. El PNV, por boca de entonces su presidente y ahora lehendakari Iñigo Urkullu, denunció, al ser absuelto inicialmente, la «crítica injustificada» soportada por Ibarra, la Diputación y el PNV. Como suele habitual en estos casos, cuando llego la sentencia definitiva condenatoria del Tribunal Supremo el silencio fue sepulcral.

Y ha retratado a la Justicia. Con una condena de cuatro años y medio y tras múltiples presiones (cartas de apoyo en la Hacienda y personalidades, búsqueda de respaldo del Obispado de Bilbao y petición de indulto) todas baldías, acabó en la cárcel pero en solo dos meses logró el tercer grado y con ello pudo volver a su puesto de funcionario. Una breve estancia en la cárcel a la que se opuso la Fiscalía pero cuyo recurso se demoró varios meses sin una justificación clara, según comentan en los pasillos del Palacio de Justicia de Bilbao. El retraso permitió que Ibarra no perdiera su plaza de funcionario. Tampoco se explica que la condena, en contra de lo habitual, no conllevara una inhabilitación como funcionario público.

Una Hacienda que no reclama nada, una justicia que no inhabilita a un empleado público condenado y le  permite salir de prisión al de dos meses y un alto cargo que se aferra a su condición de funcionario para seguir cobrando hasta los 70 años. La legalidad es siempre interpretable pero la ética, mala, se torna incuestionable.