Otros dos varapalos judiciales contra la fábrica ilegal de Bilbao

El caso de la fábrica ilegal de hormigón de Bilbao ha recibido otros dos varapalos judiciales. El Tribunal Supremo ha confirmado (en un fallo firme que no admite ya recurso) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que paralizaba la actividad industrial y un  juzgado de lo contencioso administrativo ha sentenciado la ilegalidad de la actividad desarrollada durante los últimos cinco años.

Como ha informado este blog, es una fábrica construida la pasada década, en las faldas del monte Pagasarri, por la constructora Hormigones Vascos para dar servicio a las obras de la Supersur, la autovía de pago en torno a Bilbao. Se erigió en suelo no urbanizable (una decisión con muchos visos de ilegalidad) con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur (terminaron en 2011) y con un plazo máximo de uso hasta 2017.

Pero, finalizadas las obras en 2011, la fábrica prosiguió con su actividad ante la pasividad del Ayuntamiento de Bilbao, la institución que le concedió la licencia. Solo la denuncia de un vecino y la posterior intervención de la Fiscalía hicieron reaccionar al consistorio. Pasaron cuatro años. En  22 de mayo de 2015, ordenó el cierre de la planta de hormigón pero, al judicializarse el caso, el consistorio aceptó solo ocho meses después, en enero de 2016, la petición de la empresa de mantener la actividad. Dos meses después, el Ayuntamiento presentó otro escrito en el juzgado, más contundente que el de mayo de 2015, donde volvía a confirmar la ilegalidad de la actividad de la hormigonera “cuyo cese de actividad resulta absolutamente procedente”. Demasiados vaivenes para no dudar de la imparcialidad exigida a cualquier administración pública.

En octubre llegó la sentencia del Tribunal Superior Vasco que denegó la petición de Hormigones Vascos de continuar con su fábrica, al resaltar que dicha actividad «sólo se contempla en suelo industrial» y que no existe la justificación de su existencia por las obras de la Supersur: «desde septiembre del año 2011 no hay obras realizándose en la infraestructura viaria». Por ello concluía que la fabricación de hormigón “no tiene por qué ser desarrollada en la actual ubicación” y que el mantenimiento de la fábrica “no tiene otra explicación que alargar temporalmente el funcionamiento de una actividad que se presenta como innecesaria actualmente dada la inexistencia de obras”.

Ahora, el Tribunal Supremo, en un fallo dictado el pasado 15 de marzo, corrobora la paralización de la fábrica dictada por el Tribunal Superior vasco. Y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao, en otra sentencia firmada el 25 de abril, concluye que «la actividad de fabricación y suministro de hormigón en Camino Peñascal 179 [la dirección de la planta en las afueras de Bilbao] no se ajusta a lo autorizado, y no resulta legalizable, y se ordene el cese de actividad».

Habrá que esperar ahora la decisión del Ayuntamiento bilbaíno. En diciembre comunicó que trasladaría la sentencia al Área de Seguridad Ciudadana pero a día de hoy no existe ningún precinto ni cierre de la fábrica. Al parecer no existe actividad industrial pero en las  oficinas siguen entrando empleados. El cese de la actividad debe ir aparejado el derribo de las instalaciones, ya que están en suelo no urbanizable. A todo ello se añade el «gratis total» que supuso la fábrica para Hormigones Vascos: la Diputación de Bizkaia le pagó 4,7 millones de euros. Más de dos millones en concepto de indemnización por trasladarse de una ubicación cercana y el suelo (la fábrica tuvo que derribarse por el trazado de la Supersur) y otros 2,7 millones costeando todos los trabajos de construcción de la nueva planta ahora declarada ilegal por los tribunales.

Con dos sentencias judiciales que certifican la ilegalidad, ¿a qué espera el Ayuntamiento de Bilbao para cerrar definitivamente la fábrica y ordenar su derribo? Con los antecedentes (la primera de las tres fábricas de Hormigones Vascos en Bilbao funcionó 20 años sin licencia de actividad), cualquier escenario es posible. El silencio municipal invita a pensar en que busca soluciones para no derribar la planta.