El Ayuntamiento de Lezama se salta de nuevo la ley para beneficiar con una recalificación a su ex alcaldesa

El “nuevo” plan urbanístico del municipio vizcaíno de Lezama investigado por la Justicia desde hace un año vuelve a obviar la ley para beneficiar a su ex alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV). El propio consistorio admite a un juzgado que el informe que justifica rebajar la inundabilidad y así recalificar un solar de la familia Etxeandia (para construir 52 pisos y obtener plusvalías por 5,5 millones de euros) no ha sido sometido a exposición pública. Esta fue de las razones por las que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló en 2009 todo el plan urbanístico. Es decir, el ayuntamiento ha hecho caso omiso del fallo.

Como ha informado este blog, el Tribunal Superior vasco de Justicia investiga, desde junio de 2016, la legalidad del plan urbanístico de Lezama, tras una denuncia presentada por la plataforma Lezama Bizirik y medio centenar de vecinos de la localidad. El caso ha quedado en mayo visto para sentencia tras las declaraciones de testigos, técnicos y las instituciones implicadas, como el ayuntamiento, el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia.

Uno de los aspectos más polémicos del plan fue la recalificación de un solar de la familia de la ex alcaldesa Alaitz Etxeandia, actualmente directora de Biscaytik, el organismo público de la Diputación vizcaína que se dedicar a introducir las nuevas tecnologías en los ayuntamientos. Estos terrenos estaban catalogados como inundables desde 1993, lo que impedía cualquier construcción.

El ayuntamiento tramitó este plan en 2007, rebajando al inundabilidad en base al informe de una consultora Izarvi. Justo en ese año, se firmó un acuerdo de compraventa entre la familia Etxeandia y dos constructoras. El documento fue suscrito ocho meses antes de que el Ayuntamiento de Lezama, con Alaitz Etxeandia entonces como alcaldesa, recalificara los terrenos. Bastante sospechoso. Suponía el pago de 5,5 millones de euros a la familia de la alcaldesa: su padre, su tía y cuatro primos.

El solar de los Etxeandia, ubicado junto al río Asua, estaba considerado, como se ha comentado, inundable desde 1993 y cuando empezó a revisarse el plan urbanístico de Lezama en 2002 se mantuvo esta calificación. Solo en la última fase, pocos días antes de la aprobación por parte del Gobierno vasco (y por tanto sin estar sujeto a alegaciones por la ciudadanía), el ayuntamiento introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del Gobierno vasco aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal “que sólo ha podido ser analizado con premura”, según admitió entonces la Dirección de Aguas.

Una plataforma vecinal, Lezama Bizirik, llevó el plan a los tribunales y quedó anulado en 2009 por una sentencia del Tribunal Superior vasco por irregularidades en el informe de impacto ambiental. Pese a la anulación, la alcaldesa empezó a aplicar el plan urbanístico de Lezama pero solo impulsando los proyectos para urbanizar su solar. Fue (otro dato esclarecedor) la única actuación urbanística que se puso en marcha en Lezama. Y no salió gratis: el ayuntamiento se gastó en estos proyectos para el solar de los Etxeandia más de 100.000 euros. Otro dato significativo. Los intentos fueron cortados de raíz por los tribunales que, en tres fallos diferentes, en 2012, declararon ilegal la promoción urbanística en el solar de la alcaldesa al estar anulado todo el plan general de Lezama.

Ante los reveses judiciales, el Ayuntamiento empezó a tramitar un nuevo plan urbanístico en el municipio, que es el investigado otra vez por la Justicia. La instrucción judicial desarrollada en el último año constata que el ayuntamiento hace caso omiso a la anulación del anterior plan.

Es reveladora la declaración judicial el pasado 29 de mayo de Borja López, arquitecto de la empresa Idom, autora del Plan urbanístico, quien reconoce que en la elaboración del documento usaron una cartografía de inundabilidad que no permitía construir en la parcela de la familia de la Alcaldesa. Pero finalmente usaron el estudio de la consultora Izarvi de 2007 para justificar que no es inundable.  Al ser preguntado sobre el hecho de que el Tribunal Superior anuló el plan urbanístico precisamente por la falta de exposición al público de dicho estudio, el arquitecto admite que ahora se ha vuelto a obviar ese trámite. “El estudio [de Izarvi] que yo se sepa no [se ha expuesto a la participación ciudadana”, asegura textualmente.

El propio Ayuntamiento de Lezama, en su declaración por escrito el pasado 2 de mayo, admite (preguntas 25 y 26) que el estudio que permite edificar a los Etxeandia “no ha sido objeto de exposición al público” durante la tramitación del plan general urbanístico de la localidad.

El consistorio de Lezama, según la documentación de la instrucción judicial, ha actuado estos años como si el plan urbanístico anulado en 2009 estuviera vigente: el arquitecto de Idom ha declarado que en la elaboración del nuevo plan usaron esos datos y así tramitaron 50 hectáreas de suelo rústico de alto valor estratégico como si fueran urbanizables industriales, como recogían las normas anuladas de 2009. Además, en el nuevo plan general se han incorporado dos proyectos de viviendas que no aparecen en toda la tramitación urbanística que se ha acometido durante los últimos cuatro años.

Curioso que este último plan urbanístico que avala la recalificación del solar de los Etxeandia se publicara en el Boletín Oficial de Bizkaia el 14 de mayo de 2015, en plena campaña electoral de las anteriores elecciones municipales, en las que la ex alcaldesa no  se presentó a la reelección tras ocho años en el cargo en el que se ha obstinado en impulsar la recalificación.

Merecerían muchos calificativos negativos la actuación de un ayuntamiento que, al tramitar su plan general urbanístico (una de las principales gestiones en cualquier municipio), adopta una decisión (presentar un estudio sin participación de la ciudadanía) que fue la que anuló el anterior plan. Que ese “descuido” beneficie especialmente a su anterior alcaldesa y hasta tenga que reconocerlo ante el juez. Suena más bien a tomadura de pelo a la justicia y a los ciudadanos.