Barrika sigue sin pagar por la chapuza urbanística que ha costado dos millones de euros de dinero público

La chapuza urbanística en la costa vizcaína de Barrika, que cuesta casi dos millones de euros a los ciudadanos de Bizkaia, sigue sin abonarse. El Ayuntamiento de Barrika no puede afrontar el pago del millón de euros que le corresponde por permitir la construcción de 14 chalés en suelo ilegal y el juzgado de Bilbao encargado del caso aún no ha decidido si acepta el plan de pagos aplazados durante los próximos ocho años. El consistorio debe además ejecutar (y pagar) en un plazo de cuatro años y medio el plan de recuperación del área urbanizada. El llamado caso Barrikabaso sigue sin resolverse.

Es uno de los mayores despropósitos urbanísticos en Euskadi. Desde hace casi 30 años, dos instituciones (la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barrika) se han saltado sin ningún pudor la ley que impedía construir en un suelo protegido. Primero, hace 27 años, permitieron un proyecto para edificar  349 chalés, un hotel y un campo de golf. La autoridad que protegió el terreno, el Gobierno vasco, lo impidió pero siete años después aquellas dos instituciones públicas  aprobaron otro proyecto con casi 100 chalés. Los ecologistas lo denunciaron a los tribunales y ganaron tres pleitos en largos litigios que se prolongaron durante 12 años. Los tribunales calificaron de “arbitraria” y “desviación de poder” la modificación urbanística de un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección paisajística. Ya desde la primera sentencia de 2001, tanto el Ayuntamiento como la Diputación renunciaron a parar la ejecución de los chalés.

Pero, en ese intervalo de 12 años de pleitos y pese a la judicialización del caso, esas dos instituciones permitieron que se construyan 14 chalés. La última sentencia, en 2009, declaró ilegal la urbanización y, con ello, suponía el derribo de las casas. Una traumática medida que no se materializó porque los ecologistas no lo quisieron.

Buscaron un acuerdo pese a las maniobras de la Diputación vizcaína, que intentó la última jugarreta en 2013: en su informe sobre el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barrika, propuso recalificar la zona protegida como urbana. Finalmente, en 2015 el ayuntamiento asumió la propuesta ecologista: aceptó que Barrikabaso es un área de especial protección, que la zona construida es disconforme con el planeamiento y, por primera vez, los chalés tienen licencia de uso y ocupación. No se podrá construir ya nada más en esa zona.

Las promotoras de los chalés, que entraron en concurso de acreedores por la fallida operación, reclamaron perjuicios en los juzgados y el Tribunal Superior vasco falló el pasado año que la Diputación y el Ayuntamiento debían abonarles, de forma subsidiaria, casi dos millones de euros, 1,5 millones de indemnización y cerca de 400.000 euros en intereses. La Diputación vizcaína dio la orden de pago de la sanción, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia el pasado 14 de marzo: casi un millón de euros a la cuenta del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Bilbao.

 

El ayuntamiento no ha podido consignar, debido al rechazo de toda la oposición, 200.000 euros que le dio la Diputación a fondo perdido

 

Pero el Ayuntamiento de Barrika no ha consignado aún ninguna cantidad de ese millón de euros, que supone el 70% de su presupuesto anual. El pleno municipal aprobó, en abril pasado, un plan de pagos durante ocho años que debe ser aceptado por el juzgado, aún sin pronunciarse. Pero además dicha propuesta no contempla el abono de 200.000 euros en intereses, considerados “abusivos” por el consistorio. Asimismo, no ha podido consignar un adelanto de 200.000 euros que fueron aportados por la Diputación vizcaína a fondo perdido para destinarlos al pago: la oposición lo rechazó y quedó aparcado ya que el PNV gobierna en minoría con 4 de 9 concejales que conforman la corporación.

El Ayuntamiento de Barrika está obligado además a ejecutar el plan de recuperación del área urbanizada. El pasado 11 de octubre el Boletín Oficial de Bizkaia publicó la orden urbanística definitiva sobre Barrikabaso, que declara fuera de ordenación los 14 chalés construidos, que solo podrán realizar obras de mantenimiento y mejora. Obliga a derribar las urbanizaciones innecesarias y restituir la vegetación existente antes del proyecto, la elaboración de un proyecto especial de protección y conservación en un plazo de seis meses y su ejecución en otros cuatro años más. Todo ello financiado por el consistorio de Barrika.

A la espera de la resolución del juez y la opinión de los que deben recibir el dinero, el futuro no es nada halagüeño para los vecinos de Barrika. En el consistorio quieren que gran parte de su parte sea abonado por la Diputación, que se ha negado repetidamente. ¿Y, con ese ahogo económico, alguien cree que el ayuntamiento va a acometer el plan de recuperación de la zona? Sin olvidar el fondo del asunto: una chapuza que tiene a responsables con nombres y apellidos que han causado un agujero de dos millones de euros a todos los vizcaínos. Nadie ha dimitido ni ha asumido ninguna culpa. Vaya, cosas que pasan en Valencia y en Euskadi.