El gigantesco vertedero de Bizkaia inutilizado donde se iban a crear 1.100 empleos

Otra historia de la pasividad de las instituciones que perjudica a un ciudadano. Es el propietario de un solar que ha quedado inutilizado como un gigantesco vertedero en Bizkaia (más de dos millones de metros cúbicos de residuos en una superficie de ocho hectáreas) y a quien le prometieron la construcción de una fábrica que iba a crear 1.100 empleos.

El caso se localiza en el municipio vizcaíno de Alonsotegi a principios de la pasada década. Entonces se estaba construyendo el denominado corredor del Cadagua (la autovía que une Bilbao con la comarca de las Encartaciones, en el oeste de Bizkaia) y la Diputación vizcaína, que gestionaba el proyecto, necesitaba una zona para depositar las tierras de las excavaciones. La institución foral ofreció a los propietarios recalificar el suelo de rural a residencial (para construir viviendas en un futuro) a cambio de crear un gran vertedero de manera temporal, mientras durasen las obras de la autovía. Así, el acopio de tierras empezó en 2004.

Pero poco más de un año después apareció un proyecto industrial: una novedosa fábrica de construcción de pisos en serie. Y a los propietarios se les trasladó que el vertedero serviría para albergar la fábrica. Era el llamado proyecto Habidite, impulsado por el empresario Jabyer Fernández y avalado con gran entusiasmo por la Diputación de Bizkaia. Una iniciativa empresarial que se truncó tras el enfrentamiento entre el empresario y la Diputación. Como ha informado este blog, el asunto ha acabado en los tribunales y el empresario reclama a la Diputación de Bizkaia en los tribunales una multimillonaria indemnización (18,6 millones de euros) por incumplir los convenios firmados.

A uno de los dueños del terreno donde se emplaza, el vertedero le trae de cabeza durante los últimos 13 años. No se ha creado la zona residencial ni la fábrica prometidas y se encuentra con un solar inutilizado. Las obras de la autovía concluyeron en 2008 y en esa fecha los terrenos tenían que haber sido restituidos al propietario.

No sólo no se restituyeron los terrenos (se mantuvo la ocupación temporal hasta 2013) sino que empezaron los vertidos incontrolados: desde escombros y útiles domésticos hasta neumáticos y metales, como se aprecia en la documentación gráfica del expediente y lo han corroborado ante la Justicia diferentes testigos. Además, la Diputación de Vizcaya permitió unos vertidos que hacían casi inviable la construcción de la fábrica de Habidite. Los depósitos de tierras, piedras y otros materiales no eran compactados a continuación, según confirmaron vecinos de Alonsotegi, una técnica habitual cuando se hace un relleno para edificar sobre él. «Construir sin compactar es más arriesgado [por la estabilidad del terreno] y más costoso; te puede salir diez veces más caro», afirmaron entonces varios constructores.

El propietario denunció el caso en los tribunales: No exigía ninguna compensación ni indemnización económica por los vertidos en sus terrenos sino que se reconociera el derecho de su propiedad y restituir el solar a su anterior estado. Un juzgado le dio la razón en 2010 y condenó a la Diputación a devolver la propiedad del solar.

 

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco admitió al juez que no realizó una inspección de los residuos depositados

 

La Diputación vizcaína se negó a retirar los residuos, una operación que, en base al canon del metro cúbico de residuos, podía tener unos costes estratosféricos: más de 24 millones de euros. Y contó con la protección del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco: rechazó exigir responsabilidades a la Diputación porque “no resulta posible determinar si el vertido de residuos se realizó” durante el periodo que “la Diputación foral de Bizkaia ocupó temporalmente estas parcelas”. El propietario presentó en 2014 otra denuncia para exigir la retirada de los desechos.

Durante la instrucción, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco reconoció ante el juez que no realizó ningún control de los residuos de tierras cuando se terminó la autovía, como se refleja en un escrito firmado el 13 de octubre de 2015 por la entonces directora de Administración Ambiental, Alejandra Iturrioz. “No consta que se girara visita de comprobación alguna”, dice. Cuando Medio Ambiente dio el permiso a la Diputación para crear el vertedero temporal, una de las condiciones era realizar una inspección al finalizar las obras de la autovía del Cadagua.

Tras dos años de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el pasado año las exigencias del propietario. La sentencia, dictada en julio de 2016, señala que “puede entenderse que existe una obligación legal de la Administración demandada de retirada de residuos vertido no autorizados”. Pero rechaza su aplicación porque no se han determinado los vertidos no autorizados ni la fecha en que se efectuaron.

Es decir, la negligencia de las administraciones de permitir y no controlar el vertido sin autorización de residuos queda indemne. Y la consecuencia es que un ciudadano que cede sus terrenos de manera temporal con la promesa primero de edificarse pisos y luego una fábrica se encuentra desde hace más de 10 años con este marrón: un terreno inutilizado con residuos sin especificar y, como ha reconocido hace unos meses la Diputación vizcaína, sin ningún plan industrial de calado. Además de mala gestión, se me ocurren unos cuantos calificativos más groseros.