El ayuntamiento que vuelve a acosar a un vecino tras 17 años de litigios

El Ayuntamiento de Zamudio persiste en su tozuda cruzada contra un vecino que lleva 17 años de litigios por unas simples estacas. El alcalde Igoiz López (PNV) ha iniciado por segunda vez en un año una “investigación” que busca el derribo de los postes. Dos fallos judiciales ya firmes, en 2010, condenaron al Ayuntamiento a restituirlos y obligaron a la anterior alcaldesa a dejar su cargo por prevaricación. El alcalde ha firmado un decreto para tratar de demostrar que el camino junto al que se ubican las estacas es público.

El vecino se llama José María Zarate y en 2001 empezó a quejarse por el tráfico pesado que pasaba por el camino vecinal junto a su caserío de Zamudio: debido a la estrechez de la calzada, los camiones invadían sus terrenos. Entre 2004 y 2006 se reunió hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipal le aconsejó delimitar su terreno con unas estacas. Dicho y hecho. En 2006 pidió la licencia municipal de obras pero no recibió respuesta en ocho meses.  Acogiéndose al silencio administrativo positivo, colocó 43 estacas entre el 21 y el 23 de mayo. Entonces no hubo silencio municipal. El primer día de las obras, la entonces alcaldesa, Sorkunde Aiarza (PNV), apareció en su caserío para decirle que no podía hacer nada y antes de finalizar la obra la ex parlamentaria del PNV y ex  viceconsejera de Educación Arantza Aurrekoetxea, “que es la que corta el bacalao en Zamudio”, dice Zarate, le conminó a que “parara inmediatamente”.

La entonces alcaldesa dictó un decreto para derribar las estacas en solo cinco días. Sin transcurrir ese periodo, convocó una comisión municipal y acordó la demolición, pese a que había sido advertida tanto por una funcionaria como por la Ertzaintza de que el afectado había interpuesto una denuncia en el juzgado. En 2010 un juzgado de lo penal de Bilbao le condenó por prevaricación, un fallo confirmado ese mismo año por la Audiencia de Bizkaia ya que ordenó los derribos “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”. Sorkunde Aiarza fue además inhabilitada durante 9 años para cualquier cargo, lo que, además de dejar la alcaldía antes de terminar su mandato, le impidió concurrir, como había previsto su partido, el PNV, a las Juntas Generales de Bizkaia. Pocos meses después, fue nombrada directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao, un centro cultural propiedad del Ayuntamiento y la Diputación, gobernados por los peneuvistas. La oposición protestó pero permanece en el cargo.

Pese a las dos sentencias judiciales, el ayuntamiento se resistió a cumplirlas ya con el nuevo alcalde, Igoitz López. Fue necesario otra intervención  de los tribunales. En noviembre de 2013, la Audiencia de Bizkaia advirtió al ayuntamiento de “renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados”. En junio de 2014, el alcalde aprobó la licencia de obras y Zarate pudo instalar las estacas.

Sin embargo, los problemas no se han resuelto. En estos más de tres años el consistorio se ha negado a conceder la licencia fin de obra. Hasta que  un decreto del alcalde, firmado el pasado 12 de julio, anunció al vecino que no iba a a disponer, tres años después, de la licencia de fin de obra “por incumplimiento de la misma” sin aportar más explicaciones. En una enrevesada argumentación, señalaba que se debía determinar si el camino es público y, en ese caso, se podría anular la colocación de las estacas. En ese escrito se informaba de otro decreto del alcalde de 2014 que desestimaba la licencia de fin de obra sin que el interesado haya sido informado de ello en estos tres largos años. La ley fija que debe notificarse en un plazo de 10 días.

El pasado 13 de octubre, el alcalde emite otro decreto en el que declara el archivo del expediente por haber transcurrido el plazo de tres meses que estipula la ley. Pero ya anunciaba sus intenciones al afirmar que “es posible la iniciación de un nuevo expediente de investigación”. El 7 de noviembre, el primer edil dicta otro decreto con el que retoma el expediente. Sorprende que no exista ninguna referencia al decreto de 2014 que supuestamente desestimó la licencia de obras. El escrito se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia, el pasado 17 de noviembre, y se ha notificado a los Gobiernos vasco y central. Llamativos semejantes esfuerzos por unas estacas.

Parece evidente que la “investigación” sobre si es público el camino situado junto a las estacas busca sortear las sentencias judiciales. Unos fallos que, en este aspecto, son concluyentes. El juzgado de lo penal de Bilbao, en 2010, afirma (ver página 7 de la sentencia) que “no ha quedado en absoluto acreditado que las obras realizadas interferían en un camino público o que eran de cierre de finca”. La Audiencia de Bizkaia, en su resolución de 2010 (ver página 11 del fallo), concluye que “no estamos, ni mucho menos, ante una situación palmaria en cuanto a la titularidad pública del terreno afectado por la obra acometida por el denunciante”.

Estamos ante casi dos décadas de un hostigamiento a un vecino por la colocación de unas simples estacas para que no entraran camiones en su propiedad. Un caso que provoca la condena firme de una alcaldesa por prevaricación al ordenar el derribo de las estacas y le obliga a dejar el cargo. Un ayuntamiento que sigue resistiéndose, tras dos sentencias judiciales, a permitir la colocación de postes. Accede tres años después después de ser amonestado por la Justicia pero se niega a conceder la licencia de fin de obra. Y ahora emprende una “investigación” con el fin último de derribar de nuevo los postes. Persecución, venganza, arbitrariedad….Todo eso y la impunidad de un ayuntamiento que se cree por encima de toda ley.