El tercer intento de acoso del ayuntamiento de Bermeo al vecino que denunció (y ganó) recalificaciones ilegales

Por tercera vez, un vecino que denunció (y ganó en los tribunales) la ilegal reclasificación de un solar en Bermeo para construir 40 pisos con un informe técnico contrario es acosado por su ayuntamiento. El Consistorio, pese a que el asunto está pendiente de una decisión final del Tribunal Supremo, ha vuelto a pedir la entrada en la vivienda del denunciante, José Antonio Ercoreca. El vecino ha ganado cuatro de las cinco sentencias dictadas hasta ahora ante la insistencia del ayuntamiento, gobernado por EH Bildu, en demoler su caserío.

El acoso tiene su origen en una denuncia que el vecino presentó ante la Justicia en 2013 por la operación urbanística de los 40 pisos en el barrio San Miguel de Bermeo. El  denunciante es el propietario de terrenos colindantes y en 2008 le denegaron la petición de que pasaran de la clasificación de urbanizables a urbanos (un cambio sustancial ya que evita gastos de urbanización, la entrega al ayuntamiento del 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre). Pero un constructor, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, logró en 2012 la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo que le beneficiaba a él pero no al solar adyacente de Ercoreca.

Dos meses después de presentarse la denuncia, en 2013, el constructor denunciado demandó al vecino por la construcción de un caserío a partir de, según su escrito, una caseta rural. En solo dos días, el arquitecto municipal emitió un informe contrario sobre la vivienda y en menos de un mes, el consistorio abrió un expediente disciplinario que, sorprendentemente, fue calificado de “penal” por la alcaldesa Idurre Bideguren en el Boletín Oficial de Bizkaia. A finales de ese año, en diciembre de 2013,  el consistorio bermeano inició el expediente de demolición del caserío del vecino.

El caso cambia en junio de 2014, cuando  el Ayuntamiento de Bermeo anula el expediente del caserío, como reconoce en los juzgados. El acoso parecía haberse frenado. Solo un mes después, el Ayuntamiento de Bermeo envía un escrito al vecino para entrar en su caserío. Llamativo cuando el propio consistorio había anulado la presunta infracción.

En enero de 2015, el Ayuntamiento acude al juzgado para pedir autorización judicial de entrada en la vivienda, que es aceptada inicialmente pero rechazada en septiembre de 2015 por el Tribunal Superior. El fallo no arredra al consistorio que intenta reactivarlo: arguye que la anulación del expediente, de junio de 2014, se debio a una mala traducción del euskera. El vecino tiene que pleitear otra vez y un juzgado de lo contencioso sentenció, el 1 de junio de  2016, claramente: “los expedientes incoados por el Ayuntamiento de Bermeo en relación con la situación urbanística de un edificio de su propiedad en el barrio San Miguel quedaron archivados por Acuerdo de la Corporación de 23 de junio de 2014”.

El Ayuntamiento vuelve a recurrir y, en un fallo dictado el 15 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior vasco, de nuevo pierde el pleito. La sentencia concluye que “carecía de apariencia de legalidad la actuación administrativa que soportaba la autorización de entrada” al caserío y avala plenamente la resolución del juzgado de lo contencioso de junio de 2016. El fallo no entró, sin embargo, en el fondo del asunto, que fue abordado por el Tribunal Superior vasco en otra resolución dictada el 13 de julio, en el que avala que el consistorio investigue el caserío del vecino. La sentencia, tras ser recurrida por José Antonio Ercoreca, está pendiente de la decisión definitiva del Tribunal Supremo.

Sin embargo, sin esperar a la decisión del Supremo, el Ayuntamiento de Bermeo ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 31 de enero la nueva petición de entrada en la vivienda y exige la presentación de documentación. Unos papeles que ya tiene el consistorio en sus oficinas desde hace cinco años, presentados por el vecino cuando empezó a ser acosado.

El vecino ha ganado cuatro de los cinco pleitos dirimidos en dos años solo para evitar que entren en su domicilio, al que se añade otros tres más por su denuncia de la reclasificación urbanística que está anulada: del Tribunal Superior y del Supremo, ésta ya firme, y el del juzgado declaró nula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento.

Si la consecuencia de denunciar una ilegalidad a tu ayuntamiento, encima corroborada por la Justicia, es amedrentar y acosar a un vecino, hay algo que funciona muy mal. Así, nadie denunciará ninguna mala práctica y las administraciones con gestores públicos de dudoso interés por salvaguardar el interés público seguirán campando a sus anchas. Y quien se atreve a enfrentarse al poder, se expone a gastarse dinero y salud frente a ayuntamientos que costean estos litigios con el dinero de todos. Es el sistema que estamos perpetuando.