El vecino de Bermeo acosado 6 años tras destapar un “pelotazo” urbanístico denuncia amenazas para allanar su vivienda

El vecino de Bermeo que lleva 6 años acosados por el ayuntamiento, tras haber denunciado (y ganado) en los tribunales una ilegalidad urbanística, ha contado públicamente sus peripecias. “Quiero denunciar las amenazas que estoy recibiendo por parte del Gobierno de Bildu para entrar por la fuerza en mi vivienda”, ha asegurado José Antonio Erkoreka en video publicado en las redes sociales.  “Tras denunciar hace 6 años un posible caso de corrupción urbanística, las personas que en nombre de Bildu controlan el Ayuntamiento de Bermeo han utilizado miles de euros de una institución arruinada para acosarme y acallarme. No me he callado nunca ni me voy a callar ahora”.

Erkoreka ha contado su caso públicamente tras enterarse de que el consistorio bermeano va a entrar a inspeccionar un caserío de su propiedad. Este mismo martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un anuncio del Ayuntamiento de Bermeo en el que se señala que el allanamiento será este miércoles 22 de mayo «entre las 10,30 horas y las 14:00 horas» y «se realizará por tres funcionarios y/o funcionarias», entre ellos el arquitecto municipal. Y la amenaza se ha consumado: funcionarios municipales han roto las cerraduras de la puerta de acceso y han entrado en la vivienda. El vecino ha presentado una denuncia por allanamiento ante la Ërtzaintza y formulará otra demanda por prevaricación y abuso de poder contra la alcalldesa Idurre Bideguren (EH Bildu).

Es la historia de alguien que denuncia un delito urbanístico y, en vez de ser protegido y más tras dictaminar los tribunales que se incumplió la ley, empieza a ser acosado por su ayuntamiento.

El vía crucis comenzó en 2013, cuando el vecino denunció la reclasificación de terrenos en el barrio de San Miguel.  Ercoreca tiene un solar en la zona y en 2008 le habían denegado la petición de que pasaran de la clasificación de urbanizables a urbanos (un cambio sustancial ya que evita gastos de urbanización, la entrega al ayuntamiento del 15% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre). En cambio, un constructor, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, logró en 2012 la modificación urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bermeo que le beneficiaba a él pero no al solar adyacente de Erkoreka.

Dos meses después de presentarse la denuncia, en abril de 2013, el constructor denunciado demandó al vecino por la construcción de un caserío a partir de, según su escrito, una caseta rural. En solo dos días, el arquitecto municipal emitió un informe contrario sobre la vivienda y en menos de un mes, el consistorio abrió un expediente disciplinario que, sorprendentemente, fue calificado de “penal” por la alcaldesa Idurre Bideguren (EH Bildu) en el Boletín Oficial de Bizkaia. A finales de ese año, en diciembre de 2013,  sin realizar ninguna inspección ocular, el consistorio bermeano inició el expediente de demolición del caserío del vecino. Seis meses después el ayuntamiento rectificó y lo transformó en una inspección urbanística.

Desde entonces, entre 2015 y 2017, los tribunales han rechazado hasta en tres ocasiones la autorización de entrada al caserío. En el último fallo dictado el 15 de febrero de 2017 por el Tribunal Superior vasco, se concluye que “carecía de apariencia de legalidad la actuación administrativa que soportaba la autorización de entrada” al caserío. Pese a las sentencias, el ayuntamiento de Bermeo ha continuado con el hostigamiento y, el pasado 8 de abril, en plenas vacaciones de Semana Santa, la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Bilbao, Olatz Aizpurua, ha dictado un auto en el que permite la entrada en el caserío sin permitir ninguna alegación ni defensa por parte de José Antonio Erkoreka.

Este caso está además pendiente de una investigación penal por un delito de falsificación documental: el documento en el que se basa la supuesta infracción, la consulta catastral sobre el caserío, está fechado el 9 de julio de 2015 (más de dos años del inicio del expediente). La defensa de Erkoreka ha pedido además la suspensión del expediente por su caducidad (cualquier expediente debe resolverse en tres meses y éste lleva 6 años), lo que lleva aparejado aplazar cautelarmente cualquier allanamiento de la propiedad. Pero el Ayuntamiento tiene aprobada ya una autorización de entrada que debe ejecutarse en los próximos días.

Y a todo esto se añade que la promoción de viviendas anulada por la Justicia no ha tenido la más mínima afección, pese a la  sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, confirmada en 2016 por el Supremo, que decretaba la ilegalidad de los pisos construidos. El Ayuntamiento de Bermeo aprobó, en un pleno municipal, asumir que el suelo sigue como urbanizable pero sin las cargas urbanísticas que obliga esta calificación. Es decir sin el 65% de vivienda protegida, ni dotaciones docentes y deportivas. La «solución» ha sido traspasar esas cargas, y los costes económicos que conllevan para los promotores, a futuros bloques de viviendas en todo el municipio de Bermeo.

En una de las sentencias, en el pleito de la operación urbanística de San Miguel,  el Tribunal Superior ya alertó de que el traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta.  Fue una de las razones por las que se declaró ilegal la operación. «Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad», señalaba el fallo del Tribunal Superior.

“El gobierno de Bildu”, señala el vecino afectado en su video-denuncia, “ha puesto todos los medios del ayuntamiento para favorecer los intereses de un constructor e impulsar a toda costa el pelotazo urbanístico de San Miguel a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia  que la calificó de urbanismo a la carta y de ir contra el interés público”.

El vecino censura que el consistorio “no ha escatimado en gasto municipal para promover más de 10 contenciosos judiciales contra mi persona para intimidarme y silenciarme hasta el punto de amenazarme con allanar mi vivienda rompiendo las puertas antes de acabar la legislatura”.

Los hechos y los datos son tozudos. Es un escándalo que a un vecino que denuncie ilegalidades urbanísticas le persigan durante seis años para amedrentarle y tratar de silenciarle con las amenazas de entrar en su vivienda. Todo con recursos públicos y nula defensa del interés general. ¿Cómo se llama a todo esto que ocurre en este municipio vasco?