Los ochos casos vinculados a la corrupción archivados por la Justicia vasca en los dos últimos años

Hasta ocho casos vinculados a la corrupción en Euskadi han quedado archivados o con leves penas solo en los dos últimos años, 2018 y 2019. La gran mayoría de ellos han quedado en nada tras una larga investigación judicial y con graves acusaciones del juez instructor o la Fiscalía, incluso con peticiones de cárcel.

Estos elevados índices de sobreseimiento, censurados desde hace años por profesionales vascos del Derecho, han llegado también a la censura pública en la judicatura.  La pasada semana, la Fiscalía de Álava reprochó, al presentar su informe de actividades de 2018, la “marcada tendencia” de los órganos jurisdiccionales» a «archivar» los casos de delitos económicos o contra la administración pública que son investigados o, si llegan a juicio, a «absolver» a los imputados.

El caso Epsilon fue el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace 11 años por el Gobierno de Juan José Ibarretxe que causó pérdidas de 16 millones al Ejecutivo vasco por un aval que concedió en 2009 en contra de informes técnicos. El agujero llegó a los 50 millones de euros, la mayoría de ellos de ayudas del Gobierno central, y lo más llamativo es que los promotores pusieron solo un capital social de 90.000 euros para recibir esos 50 millones en créditos y subvenciones. El único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009, a quien la juez le acusó de los delitos de prevaricación, administración desleal y malversación. La Audiencia de Álava archivó a principios de año el caso al argumentar que el edificio sin uso desde entonces “tiene un valor superior”.

El caso Hiriko giraba sobre el fallido coche eléctrico vasco, impulsado por empresarios y ex altos cargos del PNV, en el que otra juez confirmó tres delitos: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales. La Fiscalía concluyó que 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. La Audiencia de Álava también archivó a principios de año este caso porque, pese a existir indicios incriminatorios, son “débiles e insuficientes” y que la “alegría” con la que se usó el dinero fue sancionada en la vía mercantil, donde tuvieron una condena leve.

En el tribunal que dictó estos archivos, que no llegaron a juicio oral, ha estado el magistrado Jaime Tapia, el mismo que preside el tribunal que ha enjuiciado el caso de Miguel, el mayor caso de corrupción enjuiciado en Euskadi que se ha desarrollado en largas sesiones durante todo el año pasado y está pendiente de la sentencia.

Las corruptelas que han llegado a juicio en estos dos años se han saldado con absoluciones o condenas muy leves. El ex alcalde de Bakio durante 16 años (de 1995 a 2011) Txomin Renteria, fue condenado en 2018 a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público  por cambiar de forma arbitraria el contrato de construcción de un centro de talasoterapia. Supuso la exención a una empresa del pago del canon al ayuntamiento: casi medio millón de euros. La sentencia firme del Tribunal Supremo, el pasado año, evitó su entrada en prisión al rebajar la condena fijada anteriormente por la Audiencia de Bizkaia, que le impuso dos años y medio de cárcel.

El caso Margüello, las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello en la Sanidad pública vasca entre 2006 y 2009, quedó instruido por el juzgado con la petición de penas de hasta 6 años de cárcel para el principal imputado, otra empresaria y dos altos cargos de Sanidad, acusados de prevaricación y malversación. Tras el juicio, la Audiencia de Bizkaia solo condenó por prevaricación a tres de los cuatro acusados con una pena mínima: entre siete y nueve años de inhabilitación y sin prisión.  

Mejor le fue al ex alcalde de Zierbena, Marce Elorza, quien se sentó en el banquillo con una petición de tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y delitos societarios en una sociedad pública municipal. La acusación se fundamentaba en que mantuvo a otro concejal cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- de una sociedad pública cuando ya no dirigía nada y sin un contrato durante más de un año. En mayo del pasado año, fue absuelto por la Audiencia de Bizkaia que estimó no han “sustraído ningún caudal” ni ha habido “desviación de fondos públicos”. Y con una curiosa argumentación: la administración puede hacer todo lo que no tiene prohibido.

Este verano una jueza de Vitoria, Eva Román, archivó sin investigación la causa por el sobrecoste en la compa de dos camiones de basura en Vitoria cuando el alcalde era el popular Javier Maroto. La magistrada rechazó realizar una valoración del precio de los vehículos, como había pedido la Fiscalía. El ayuntamiento vitoriano pagó 330.000 más IVA por vehículo, cuando hay modelos similares por menos de 200.000.

Poco después, la misma jueza decretó el archivo de la investigación abierta contra el exjefe de seguridad del Parlamento Vasco, un ertzaina que tenía el cargo de asesor, y que había sido denunciado por la Fiscalía y por la propia institución. Se le imputaba el uso indebido de hasta cuatro tarjetas de crédito adscritas a su oficina y a tres vehículos Audi del parque móvil de la Cámara.  La magistrada consideró «razonada» y «creíble» la versión del acusado. “No existe ningún motivo para creer que el denunciado actuara con el conocimiento y la intención de estafar”.

Las posibles irregularidades ahora archivadas se detectaron cuando el Audi de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, tuvo un accidente en abril de 2018. A pesar de que el coche estuvo varias semanas fuera de servicio, la tarjeta de crédito adscrita al vehículo presentó gastos elevados, al mismo nivel que las de las otras dos berlinas.

El empresario Antón Iraculis también fue absuelto este verano, tras una dura acusación de la Fiscalía, que pedía hasta 13 años y medio de cárcel por el supuesto desvío, en 2008, para su propio beneficio de 34,7 millones de euros del grupo Urvasco. Este grupo llegó a ser el máximo accionista de la cadena hotelera Silken, cuando ya tenía problemas económicos.

La Audiencia de Álava absolvió igualmente a la mujer del empresario, a sus dos hijas y a un socio, todos ellos acusados de delitos de apropiación indebida y societarios.

Hoy día, (además de la sentencia del caso De Miguel) se encuentran bajo investigación judicial casos como la planta de purines de Bizkaia (un proyecto de 11 millones de euros que no se ejecutó), el casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), con cinco imputados, y el “agujero” de 17 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Alonsotegi, que implica a los tres últimos alcaldes del PNV, dos de los cuales ya están pendientes solo de ir a juicio por delitos de  tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Chirría sobremanera que casos con graves acusaciones y elevadas peticiones de prisión instruidos por jueces y fiscales vayan a la papelera por las instancias superiores judiciales. Alguna de las dos partes no hace bien su trabajo. Si son los jueces o fiscales, es grave. Pero sin son los altos tribunales, como las Audiencias Provinciales o el Tribunal Superior, quienes se equivocan al desautorizar las investigaciones, es mucho más preocupante. ¿Y qué puede pensar un juez o un fiscal que dedica meses a una investigación, reúne pruebas de presuntos delitos y no sirve para nada? ¿Seguirá con el mismo empeño la próxima vez? El esclarecedor balance estos dos años, con solo dos condenas leves y seis casos archivados pese a las elevadas peticiones de cárcel, debería llevar a alguien a reflexionar.