El ex diputado general vizcaíno José Luis Bilbao declara este martes en el juzgado por el frustrado proyecto Habidite

El frustrado proyecto Habidite (la fábrica de viviendas en serie en la localidad vizcaína de Alonsotegi con una inversión de 60 millones de euros y la creación de 1.100 empleos) lleva este martes, 19 de noviembre, al juzgado al anterior diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. Tendrá que declarar como testigo por una demanda multimillonaria contra la Diputación vizcaína que presidió: casi 31 millones que reclama la compañía que fundó el empresario Jabyer Fernández por el incumplimiento de los convenios firmados entre la institución pública y la empresa que nunca llegaron a materializarse.

La declaración judicial tendría que haberse celebrado en junio pasado pero la expectación entre los medios de comunicación obligó a habilitar una sala más amplia y modificar la fecha, según explicó entonces la Justicia vasca.

 

Habidite es el caso más importante en Euskadi de un empresario, Jabyer Fernández, que se enfrentó al poder y perdió: estuvo en prisión tres años y medio hasta que salió de la cárcel en enero pasado. El empresario ya ha ganado dos pleitos que han condenado a la Diputación por su actuación “poco diligente” al frustrar la puesta en marcha del proyecto urbanístico.

Este caso se remonta a 2005 cuando Fernández, presidente del entonces grupo Afer (un conglomerado de 30 empresas que daban trabajo a 2.000 empleados de los sectores inmobiliario y de la construcción y que llegó a facturar 281 millones de euros en 2007), presentó públicamente el proyecto Habidite, avalado por el entonces diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao. Una gran factoría que invertía 60 millones de euros y anunciaba 1.100 empleos. Todo un reclamo electoral para los políticos y la Diputación de Bizkaia lo apoyó ciegamente. “Es un proyecto serio y una empresa seria”, afirmó en febrero de 2007 José Luis Bilbao.

El apoyo público era una bicoca para el empresario: se firmaron tres convenios en los que se garantizaba que la Diputación iba a comprar las primeras 1.500 casas. Es decir, un negocio con la facturación inicial garantizada. Los problemas empezaron pocos meses después, en el verano de 2007, cuando constructores vascos se quejaron personalmente ante José Luis Bilbao. Jabyer Fernández podía frustrar muchos otros proyectos inmobiliarios y repartirse la mayor porción de la tarta del siempre suculento pastel de la construcción. Ahí estuvo la clave de que el proyecto Habidite fracasase. Bilbao tuvo que empezar a recular pero lo hizo con pausa, mientras Fernández seguía avanzando en su proyecto. El empresario era uno de los dos primeros adjudicatarios de contratas públicas en Bizkaia en esos años.

La ruptura entre el empresario y el poder se consumó en 2009, cuando la Diputación rescindió por los retrasos cuatro obras adjudicadas al grupo Afer por más de 35 millones de euros. Era una decisión inédita que incluso provocó malestar en el grupo del PNV de las Juntas Generales de Bizkaia por no haber sido informados previamente por el diputado general. Fernández se sintió traicionado y empezó su guerra personal contra Bilbao, quien también vivió los meses más duros de su mandato al frente de la Diputación.  Conversar en privado con uno u otro sobre este asunto servía para comprobar la inquina muta que se tenían. “Quiere ser lehendakari. No le puede ni ver a Ibarretxe”, decía Fernández por Bilbao en aquellos años. “Habría que saber dónde guarda los fajos con billetes”, espetaba el diputado general en alusión al empresario, a quien se dirigía como un “individuo” que no había pagado a Hacienda.

La batalla la perdió Fernández. Su declive empresarial le obligó a vender el solar donde iba a acometer otro negocio: el mayor proyecto urbanístico de Euskadi, 2.000 pisos en Barakaldo. El IVA de 43 millones de euros de esa operación (que debía haber pagado a la Hacienda vizcaína por la venta del suelo) lo utilizó para sanear su grupo. A diferencia de otros empresarios, no logró el aplazamiento fiscal. Intentó negociar los retrasos de sus pagos con Hacienda tanto con el diputado general de Bizkaia como con el propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar. “Le dejaron caer”, aseguraron quienes conocen cómo funcionan las peticiones de aplazamientos de deudas. El que fue su mano derecha en Habidite y entonces presidente del Athletic, Fernando García Macua (Fernández le aupó al cargo con su dinero), le denunció con otros socios por el uso de aquellos 43 millones de euros y empezó su vía crucis judicial.

En 2014, la Audiencia de Bizkaia le condenó a tres años de prisión por insolvencia punible en la operación del solar de Barakaldo, aunque le absolvió del delito fiscal pedido por la Diputación, que exigía otros cuatro años de cárcel y una indemnización de 80 millones. Desde junio de 2015 hasta el pasado enero Fernández estuvo recluido en la prisión de Zaragoza.

Pero el empresario también tenía sus pleitos contra la Diputación vizcaína por el incumplimiento de los convenios de su fábrica de viviendas. La institución foral decidió comunicar en 2009 (en pleno enfrentamiento con Fernández) a la UE si los convenios podían ser ayudas de Estado, en una decisión sorprendente ya que había transcurrido casi dos años y medio después de firmarlos.  La Comisión Europea dictaminó en 2012 que eran ilegales. Aunque con un matiz: no cumplían la ley por no haber sido notificados cuando se firmaron, en 2006. Las autoridades europeas revelaron que incluso podían haber tenido acceso a ayudas de la UE por 10,5 millones de euros. La Diputación decretó, con ese informe, la nulidad de los convenios y pretendió dar por cerrado el asunto.

El Tribunal Supremo constató en 2017 el “poco diligente comportamiento» de la Diputación vizcaína al frustrar el proyecto inmobiliario

 

Jabyer Fernández interpuso denuncias en la vía administrativa y judicial. Primero el Tribunal Superior, en  2014, le dio la razón al no existir argumentos para la anulación de los convenios y el Tribunal Supremo, el 25 de mayo de 2017, confirmó el fallo al constatar el “poco diligente comportamiento de la Administración“. Estas sentencias han obligado a la Diputación vizcaína a retrotraer a su inicio el expediente de los convenios. Hasta ahora, el proyecto ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros en la compra del suelo de la frustrada fábrica y otros 700.000 euros en gastos jurídicos de los pleitos, según los datos aportados por la institución foral.

Los abogados de Fernández exigieron hace dos años la reclamación de indemnizaciones a la Diputación vizcaína, que las rechazó, y acudieron a la vía judicial. El Tribunal Superior vasco de Justicia abrió una investigación, el 23 de octubre del pasado año, tras  una demanda que cuantifica el perjuicio causado al empresario en 30,8 millones de euros: 8 millones corresponden a los gastos en I+D de Habidite; 6 millones en la subvención perdida del Gobierno vasco; 10,5 millones, las ayudas de la Unión Europea igualmente frustradas; 3,3 millones por lucro cesante y 2,9 por el daño moral a la empresa.

La demanda resalta la “nula voluntad” de la Diputación vizcaína de desarrollar el proyecto a partir de 2009 y apunta, como ejemplo, que los suelos donde iba a ubicarse la fábrica (una vaguada que debía rellenarse) no se compactaron para albergar una factoría, lo que ya se denunció en 2009 por vecinos. “Se incumplieron ya entonces con todo ello las propias previsiones expresas de los convenios firmados”, señala la demanda, que acusa a la Diputación de “dar por enterrado” el proyecto “sin ninguna explicación por la simple vía de hecho”.

La denuncia justifica la petición de la abultada indemnización por la imposibilidad de retomar el proyecto industrial. “No hay terrenos suficientes, ni adquiridos, ni expropiados, ni suelos adaptados, ni instrumentos urbanísticos, ni proyectos técnicos actualizados, ni voluntad política de llevar a cabo este proyecto. Hablar hoy en día de su ejecución es una notoria quimera”.

El Tribunal Superior ha aceptado la toma de declaración del entonces diputado general José Luis Bilbao, que tras el aplazamiento de junio, se ha fijado para este martes. Ese día también está llamada a declarar la  entonces diputada de Innovación Izaskun Artetxe (actualmente alto cargo en la Diputación vizcaína).

La demanda multimillonaria (casi 31 millones de euros) contra la Diputación vizcaína abordará este mes la práctica de una prueba importante: el testimonio del adalid público (José Luis Bilbao, la máxima autoridad de Bizkaia entonces) a un proyecto que quedó en el cajón al de poco tiempo sin ninguna explicación clara. Lo que iba a ser el paradigma de la innovación y que iba a crear 1.000 empleos, de momento ha costado 5,4 millones sin ningún rendimiento. Ahora surge el riesgo de que se añadan otros 30,8 millones de euros si la demanda prospera. Y sería deseable que, a través de los tribunales, se conozca lo que realmente pasó entre un empresario entonces de éxito y un todopoderoso político.