Solo ocho inspectores para vigilar en Euskadi los 11 vertederos como el derrumbado en Zaldibar y otras 300 instalaciones contaminantes

El Gobierno vasco dispone de ocho inspectores para vigilar el funcionamiento de los 11 vertederos de residuos no peligrosos y de inertes, similares al de vertedero de Zaldibar donde el pasado 6 de febrero desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de medio millón de metros cúbicos de terreno, pero también para controlar a las más de 300 empresas contaminantes registradas en Euskadi. Una ingente labor que expertos, ecologistas e incluso los propios profesionales reconocen que no garantiza el correcto control de lo que se deposita en esos vertederos.

El Gobierno estableció en 1994 una rígida legislación para el funcionamiento de estos basureros, que va desde los requisitos para su puesta en marcha hasta una vigilancia periódica por parte de la Administración, pero en el sector se admite que no se cumple. «No hay ningún tipo de inspección ni estudios que determinen con exactitud lo que hay en su interior. Se tira de todo, incluso residuos tóxicos», afirman dos técnicos medioambientales vascos.

El debate sobre los vertederos ha vuelto a la luz pública tras el grave accidente en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), propiedad de la empresa Verter Recycling. En el basurero, que albergaba cerca de dos millones de toneladas de residuos, había 10.000 toneladas de amianto que sí estaban registradas.

El accidente (que llegó a cortar por completo la autopista A-8 que une Bilbao y San Sebastián, sobre la que cayó la tierra deslizada) ha creado alarma entre los vecinos de la zona, que han protagonizado varias manifestaciones. Además, como ha publicado El Correo, uno de los trabajadores desaparecidos advirtió el pasado 3 de febrero (tres días antes del derrumbe) a sus superiores de que habían aparecido grietas en las bancadas del vertedero y que había que dejar de volcar residuos. La empresa  contrató entonces a una empresa topográfica para analizar las grietas, labor que empezó a realizar justo el día anterior al corrimiento. Pero, a pesar de ello, la empresa continuó con su labor cotidiana de acoger residuos. Un juzgado de Durango investiga posibles delitos ambientales y laborales.

Partidos de la oposición como EH Bildu han criticado la gestión del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, cuyos técnicos detectaron en junio pasado que el vertedero albergaba residuos no autorizados y ocupaba más espacio del permitido. Pero, según sus datos, no se había detectado ningún riesgo de deslizamiento.

Los vertederos son una de las actividades que requieren la llamada Autorización Ambiental Integrada (AAI), el permiso impuesto hace 12 años por la Unión Europea que reúne en una sola todas las autorizaciones que había hasta entonces y endurece los requisitos para su obtención. La AAI es obligatoria para las más de 300 instalaciones calificadas en Euskadi como las más contaminantes. Ahí están los vertederos (los de residuos no peligrosos y de inertes que totalizan 11 y los 3 urbanos que recogen la basura doméstica), fábricas y las cerca de 165 instalaciones (según el último censo del Gobierno vasco) que se dedican al tratamiento de los residuos peligrosos. En Euskadi no existe una instalación para albergar estos desechos tóxicos (aunque se ha intentado varias veces ponerla en marcha), por lo que los residuos son tratados, inertizados (eliminar su componente tóxica) cuando se puede o trasladados a depósitos específicos en otras partes de España o el extranjero.

Además de requerir la AAI para cualquier cambio en el tratamiento de sus residuos, los vertederos como el de Zaldibar se someten a un plan de vigilancia ambiental. Un requisito que le obliga a ser inspeccionado al menos una vez al año.

Expertos y ecologistas señalan que este control es insuficiente, pese a que alaban la profesionalidad del equipo de inspectores del Departamento de Medio Ambiente. “No llegan a todo. Y en las visitas, la empresa a veces le llevan a donde quieren y les presentan informes de ingenierías y consultoras que evidentemente son a la carta y que todo está bien”, afirma un técnico medioambiental vasco. Los propios inspectores han admitido en privado que realizan la labor que pueden “hasta donde nos llegan las horas”.

El protocolo de la ley obliga a que cualquier camión que lleve residuos a un vertedero entregue un documento con la cantidad y el tipo de residuos. El recepcionista, el empleado del vertedero, corrobora esos datos. “Hay un control de todo lo que entra, la empresa proveniente y el tipo de residuo”, señala un portavoz oficial del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Aunque admite que “se puede colar algo si hay connivencia entre el que lo trae y el que lo recepciona”.

Expertos y ecologistas señalan que esta picaresca ocurre. “Ha habido casos», afirma un técnico de Vizcaya «de residuos de papelera tirados a uno de inertes y lodos que tenían que trasladarse a una depuradora y aparecen en un vertedero. No se realiza ninguna inspección y así los propietarios tienen cerrado el vertedero y nadie sabe lo que pasa dentro. Tendrían que hacerse estudios sobre el flujo de residuos”.

Ecologistas sostienen que la falta de inspectores medioambientales impide el control. «En teoría debería haber un seguimiento de los camiones que entran en estos vertederos pero en la práctica, al ser privados y por la falta de inspectores, es imposible saber que hay».

La catástrofe ambiental y humana en Zaldibar debería de servir para poner más recursos en el control de los residuos. El medio ambiente, pese a los grandes avances en Euskadi en los últimos años, sigue siendo una de las “marías” de la administración. Disponer de una ley estricta para montar estas infraestructuras es lo correcto pero tener ocho inspectores para vigilar anualmente más de 300 fábricas, vertederos e instalaciones es claramente insuficiente. Y empresarios sin escrúpulos que juegan con la salud de todos deberían ser señalados y sancionados.