Los problemas en otros vertederos vascos: los incendios en Zalla y los malos olores en Lemoa

La catástrofe ambiental y humana (todavía hay dos personas desaparecidas casi tres semanas después del derrumbamiento) del vertedero de Zaldibar ha puesto en el foco la falta de control de estas instalaciones. En Euskadi, es en los basureros de residuos no peligrosos o los de de la construcción donde se concentran los mayores problemas. Ahí están los casos del vertedero de Zalla, que ha registrado tres incendios en dos meses cuyo origen se desconoce, y el de Lemoa, con más de una década de fuertes olores.

Como ha informado este blog, el Gobierno vasco solo dispone de ocho inspectores para vigilar el funcionamiento de los 11 vertederos de residuos no peligrosos y de inertes, similares al de Zaldibar donde el pasado 6 de febrero de 2020 desaparecieron dos trabajadores tras el corrimiento de medio millón de metros cúbicos de terreno, pero también para controlar a las más de 300 empresas contaminantes registradas en Euskadi. Una ingente labor que expertos, ecologistas e incluso los propios profesionales reconocen que no garantiza el correcto control de lo que se deposita en esos vertederos.

El Gobierno estableció en 1994 una rígida legislación para el funcionamiento de estos basureros pero en el sector se admite que no se cumple. «No hay ningún tipo de inspección ni estudios que determinen con exactitud lo que hay en su interior. Se tira de todo, incluso residuos tóxicos», han afirmado dos técnicos medioambientales vascos.

La investigación judicial iniciada por la catástrofe de Zaldibar ha confirmado estas denuncias. Trabajadores del vertedero de Zaldibar han declarado ante la Ertzaintza, según informó El Correo, que no se acogían residuos no autorizados, no se cuidaban las proporciones entre tierra y residuos para garantizar la estabilidad o se compraba chatarra y plástico antes de la visita de los inspectores para «dar la apariencia» de que se reciclaba.

Zalla y Lemoa son dos de los 9 vertederos autorizados (el de Mutiloa que está en la tabla se ha cerrado recientemente) para acoger residuos no peligrosos. Hay otros dos para residuos de la construcción y dos urbanos (tres incluidos el de Vitoria que acoge también residuos no peligrosos). En total 11 para residuos no peligrosos y de la construcción y tres urbanos para la basura doméstica. La mayoría son de titularidad privada.

En Zalla, los vecinos llevan años quejándose por la actividad del vertedero, el de mayor capacidad actual en Euskadi con 7,3 millones de metros cúbicos. Informes técnicos detectaron concentraciones de sulfuros 20 veces por encima de lo legal y recibió una multa por vertido de amoniaco. Su actividad provocó un enfrentamiento con el Ayuntamiento a principios de la década pasada y la empresa, Cespa, llegó a denunciar ante los tribunales la exigencia municipal de instalar una planta de lixiviados, de la que carecía. A regañadientes, la compañía se gastó dos millones de euros en esa infraestructura y retiró la denuncia.

El vertedero acogió además ilegalmente escorias (un producto altamente tóxico) procedentes de la única planta de incineración de Euskadi, la de Zabalgarbi, ubicada en las afueras de Bilbao. Entre julio y octubre pasados, el basurero de Zalla registró tres incendios cuyo origen no se ha aclarado y el ayuntamiento llegó a pedir la suspensión temporal de la actividad.

Expertos medioambientales han apuntado a las escorias como uno de los posibles motivos de los incendios. Además en esas fechas, según los testimonios de los vecinos, había aumentado el tránsito de camiones de transporte especial durante la noche, algunos procedentes de Europa central.

En Lemoa, el vertedero de Bistibieta lleva más de 15 años con problemas por los malos olores. Este basurero de residuos no peligrosos, en funcionamiento desde 2002 y gestionado por la empresa Ekonor, afecta a los vecinos de un barrio de Galdakao y es perceptible a diario por los conductores que usan la autopista A-8 entre Amorebieta y Bilbao. “El olor se debe a las balsas que recogen los lixiviados. Hace cuatro años, tras las quejas, se hizo un tratamiento pero el olor persiste”, señala la alcaldesa de Lemoa, Saioa Elejabarrieta. Sus vecinos no sufren el mal olor, ya que el casco urbano está en el otro lado de la ladera del vertedero. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco anunció en junio de 2012, hace ya casi ocho años, que los olores iban a desaparecer de manera inmediata tras la exigencia de medidas a la empresa. El problema sigue sin solución.

Y están también los casos de escombreras que han funcionado de manera anómala, como una en la que la Fiscalía de Bizkaia y la Agencia Vasca del Agua, Ura, han detectado irregularidades. Se trata de de un vertedero clandestino en Amorebieta (Bizkaia), que estuvo activo durante cinco años sin autorizaciones y ante la pasividad del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Amorebieta ha emitido hasta cuatro decretos para paralizar los vertidos y ha incoado un expediente sancionador. Pero ha quedado en papel mojado: no ha habido resolución del expediente ni ninguna sanción contra los promotores del vertedero.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, se refiere a “la falta de transparencia” en el control de los vertederos. Asegura que en Euskadi, a diferencia de otras comunidades autónomas, “no se hace publica cuando existe una modificación no sustancial de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada”, el permiso impuesto hace 12 años por la Unión Europea que reúne en una sola todas las autorizaciones que había hasta entonces y endurece los requisitos para su obtención. En Euskadi, en el caso de los vertederos, afecta a los 11 basureros de residuos no peligrosos y de construcción y los tres urbanos.

Arribas muestra su extrañeza por el hecho de que la última inspección al vertedero de Zaldibar se realizara en dos días diferentes (los días 10 de junio y 10 de julio), “cuando en Valencia cada inspección dura mínimo tres días y de manera consecutiva”.

Sorprende que la Administración vasca no haya anunciado un inminente plan de inspección de esos 11 vertederos de residuos no peligrosos y de desechos de la construcción para asegurarse de su correcto funcionamiento. Lo urgente es solucionar la catástrofe de Zaldibar, primero encontrando a los dos desaparecidos, pero la siguiente tarea es acabar con las prácticas de depositar residuos no autorizados. El negocio no debería estar encima del medio ambiente y la salud. Pero no parece que sea así.