Los juzgados vascos, los únicos en España que impiden tramitar demandas de forma telemática por la crisis del coronavirus
La práctica de los juzgados de Euskadi en la crisis del por la pandemia del coronavirus está siendo poco ejemplar. Es la única comunidad autónoma donde ahora está bloqueada la plataforma telemática que tramita las demandas judiciales, pese a que el Ministerio de Justicia ha reabierto desde este miércoles esta vía.
Como ya ha informado este blog, los trabajadores despedidos de forma temporal durante esta crisis están en situación de indefensión. En Bizkaia, por ejemplo, los once juzgados de lo social de Bilbao han decidido bloquear cualquier demanda laboral asociada al coronavirus. Los jueces tampoco pueden actuar desde fuera de los juzgados, al estar imposibilitado por cuestiones técnicas el teletrabajo.
La crisis del coronavirus ha dejado en servicios mínimos la actividad judicial en toda España. Pero en Euskadi se ha ido más allá: la junta de jueces de los juzgados de lo social de Bizkaia (los que tramitan los asuntos laborales) acordó a mediados de marzo, cuando ya se iba a decretar el estado de alarma en toda España, dejar sin efecto la plataforma telemática para tramitar las demandas laborales, la llamada JustiziaSIP.
El decreto del Gobierno de España establece que si un trabajador afectado por un ERTE (los expedientes temporales de suspensión de empleo) a consecuencia de la crisis del coronavirus plantea una demanda judicial, y alega la urgencia de ella, los juzgados deben tramitarle. Pero la realidad es otra. La plataforma telemática JustiziaSIP, que sirve para la presentación de las demandas laborales en Euskadi permanece bloqueada y los jueces no pueden actuar.
Esta paralización se ha mantenido en toda España hasta el lunes pasado, cuando el Ministerio de Justicia abrió la plataforma denominada Lexanet, que rige para todo el territorio español salvo Euskadi, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón, que tienen sus propias plataformas telemáticas. Estas vías sirven para que los ciudadanos presenten demandas o escritos de inicios de un caso ante la Justicia. Pero, a diferencia del resto, la cúpula judicial vasca ha comunicado oficialmente que su plataforma, JustiziaSIP, sigue inactiva.
Otra alternativa sería el teletrabajo, que el juez tramitara la demanda desde su domicilio. Pero, a diferencia de otros funcionarios en Euskadi, los magistrados no tienen posibilidad de acceder a los expedientes vía telemática.
La única opción es la presentación en papel, tras convencer al personal de Seguridad del Palacio de Justicia de Bilbao que permita acceder a las instalaciones cerradas actualmente. Pero en ese caso, según han confirmado fuentes jurídicas, las demandas quedan igualmente en las mesas de los juzgados por falta de personal.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha admitido, en una entrevista en la Cadena Ser, que solamente está trabajando menos el 10% de la plantilla de los juzgados vascos (101 de los más de 1.000 empleados), frente a otras comunidades como Cataluña donde ya están físicamente en sus puestos los cerca de 12.000 funcionarios judiciales.
“Solo se mueven los papeles si hay funcionarios físicamente en las sedes judiciales”, señalan fuentes jurídicas. “Con ese menos del 10% que hay, apenas da para tramitar algún tema urgente por Covid. Todo lo demás va a quedar encima de la mesa. O se obliga a todos los funcionarios a volver a trabajar, con el riesgo para la salud que ello supone, o se pone a la Justicia en modo telemático en un porcentaje amplio. Para lo cual jueces y funcionarios tienen que poder acceder desde sus domicilios al expediente judicial y a firmar electrónicamente”.
Es inconcebible que uno de los servicios públicos esenciales, la Justicia, esté desaparecido en Euskadi (y encima no ofrezca el servicio de las otras comunidades autónomas) en medio de la mayor crisis conocida este siglo. Inexplicable que se bloquee, en plena era tecnológica, la vía telemática para que funcione como otras áreas públicas. Que la judicatura esté como si fuera el siglo pasado es injustificable ¿O existen razones inconfesables para impedir el trabajo telemático?
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