El Gobierno vasco frena el cambalache urbanístico para reducir las viviendas protegidas en Sopela

El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha frenado el cambalache urbanístico para reducir las viviendas protegidas en Sopela (Bizkaia). Un informe del responsable de Ordenación Territorial rechaza rebajar del 100% al 75% los pisos de protección en un barrio de este municipio, como pretende el Ayuntamiento. Se trata de un área de casi 7 hectáreas donde se preveía construir 520 viviendas protegidas.

En Sopela, el planeamiento urbanístico de la localidad se basa en normas antiguas y en 2012 el Gobierno vasco y el Ayuntamiento firmaron un convenio en el que se fijaba que todas las viviendas protegidas (VPP) del municipio se iban a concentrar en un área de suelo urbanizable llamada Abaro. Es un modelo que beneficia a las otras áreas urbanizables que, al estar eximidas de construir VPP, tienen muchos más beneficios económicos con la venta de vivienda libre.

Ese mecanismo ya se aplicó en el municipio vizcaíno de Bermeo en la década pasada: el ayuntamiento introdujo toda la vivienda protegida en un área. “De esta forma nunca se hacen y la vivienda protegida se queda sin construir”, explica un experto urbanista.

Como ya informó este blog en 2017, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ya declaró ilegal una operación urbanística en Bermeo, al advertir que el  traspaso de la vivienda protegida de un solar a otro es un caso de urbanismo a la carta. “Evidencia una desproporción, una clara desigualdad de trato…y es expresiva de un urbanismo a la carta que no se compadece con el principio de subordinación al interés público ni con el principio de igualdad”, señaló el fallo del Tribunal Superior

El cambalache en Sopela está avalado por el arquitecto municipal y un informe externo urbanístico, con el argumento de que la ley de Suelo exige un 75% de vivienda protegida en una nueva área urbanizable y no el 100%. “Se mantiene la edificabilidad urbanística en los ámbitos, no se modifican las determinaciones del planeamiento estructural, habiéndose modificado únicamente el planeamiento pormenorizado”, justifica el arquitecto.

Pero esta medida fue recurrida por el concejal de Denok Batera Sopela, Jon Andoni Gerediaga, quien argumentó que incumple la ley vasca de Suelo. Sus alegaciones fueron rechazadas en dos ocasiones por el consistorio de Sopela y un informe de un asesor urbanístico incluso concluía que el acuerdo de 2012 entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento “ha perdido su vigencia”.

Sin embargo, el Gobierno vasco ha rechazado la reducción de la cuota de vivienda protegida al 75%. En un informe, firmado el pasado 26 de octubre por el responsable de Ordenación Territorial, se concluye que “no es posible” dicha reducción de VPP ya que al área de Abaro se ha “transferido aprovechamiento de vivienda protegida de otros ámbitos del municipio”.

El informe explica que una medida de este tipo “no puede ser modificada vía plan parcial. Una determinación de la ordenación estructural como es el estándar de vivienda protegida debe ser modificada a través de una modificación puntual de las normas subsidiarias”.

De nuevo, el complicado mundo del urbanismo en un municipio está rodeado de sombras. Un ayuntamiento que quiere saltarse un acuerdo adoptado por el Gobierno vasco y reducir la cuota de vivienda protegida, un mecanismo para que los menos pudientes puedan acceder al derecho de un piso. Pero, en cambio, se piensa más en un promotor privado que pueda hacer más negocio con pisos libres. Una historia que se repite demasiado en nuestros ayuntamientos.