La Justicia ha archivado la mitad de los 13 principales casos vinculados a la corrupción en Euskadi

La Justicia ha archivado en la última década casi la mitad de los 13 principales casos vinculados a la corrupción en Euskadi.  De los siete que acabaron con condenas, dos se saldaron con penas mínimas de inhabilitación y pago de multas. Únicamente, el caso de Miguel, el cobro de comisiones por obras públicas en el Parque Tecnológico de Álava que va a llevar a la cárcel a ex dirigentes del PNV, ha condenado a 15 personas con penas de hasta 13 años de prisión, una sentencia pendiente de la decisión del Tribunal Supremo. Y solo dos personas han pasado por prisión: el ex  exjefe de la Hacienda de Irún José María Bravo, por apropiarse de 1,9 millones de contribuyentes, y Juan Ramón Ibarra, el máximo responsable de la Inspección Fiscal en Bizkaia condenado por beneficiar a contribuyentes. Pero Ibarra únicamente estuvo dos meses entre rejas al lograr el tercer grado.

Los sobreseimientos de causas con indicios importantes de corruptelas se han sucedido en la última década.

El caso Épsilon fue el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace 11 años por el Gobierno de Juan José Ibarretxe que causó pérdidas de 16 millones al Ejecutivo vasco por un aval que concedió en 2009 en contra de informes técnicos. El agujero llegó a los 50 millones de euros, la mayoría de ellos de ayudas del Gobierno central, y lo más llamativo es que los promotores pusieron solo un capital social de 90.000 euros para recibir esos 50 millones en créditos y subvenciones. El único imputado era Julián Sánchez Alegría, presidente de los parques tecnológicos de Euskadi hasta 2009, a quien la juez le acusó de los delitos de prevaricación, administración desleal y malversación. La Audiencia de Álava archivó el caso al argumentar que el edificio sin uso desde entonces “tiene un valor superior”.

El caso Hiriko giraba sobre el fallido coche eléctrico vasco, impulsado por empresarios y ex altos cargos del PNV, en el que otra juez confirmó tres delitos: malversación de caudales, apropiación indebida y delitos fiscales. La Fiscalía concluyó que 6,4 millones del total de 18,9 procedentes de las instituciones habían sido desviados para lucro personal u otros fines. La Audiencia de Álava también lo archivó porque, pese a existir indicios incriminatorios, son “débiles e insuficientes” y que la “alegría” con la que se usó el dinero fue sancionada en la vía mercantil, donde tuvieron una condena leve.

El caso Dennokinn versaba sobre  presuntas irregularidades en la concesión de una subvención por parte de la Diputación de Álava en 2011 a esta entidad sin ánimo de lucro creada por personas cercanas al PNV (la exdiputada foral Arantza Zenarruzabeitia, su entonces ‘número dos’ y actual viceconsejero de Finanzas y Presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu, Hernando Lacalle, y un funcionario). La investigación de la Fiscalía, apoyada en un informe de la Ertzaintza, concluyó que 125.000 euros de los 337.000 que percibió Denokinn no estuvieron justificados, entre ellos el dinero público alavés que se destinó a una iniciativa en Bizkaia que nada tenía que ver.

La juez vio delitos de prevaricación y malversación pero el caso fue archivado en diciembre 2017 por la Audiencia de Álava  debido a un defecto de forma y porque, pese a que “sin duda hay indicios” del “escaso control sobre en qué gastaba Denokinn el dinero recibido”, no hay indicios claros de “sustracción de los caudales públicos”, señala el fallo.

El llamado caso Pinosolo era un supuesto trato de favor a dos empresas para que se adjudicaran la construcción de un polideportivo en Leioa (Bizkaia) de casi 60 millones de euros. Una comisión de investigación en el Ayuntamiento dio por probado que Arcain, el arquitecto y Aros colaboraron con el exalcalde Eneko Arruabarrena (actual director gerente de Metro Bilbao) y el exconcejal Jon Loizaga, ambos del PNV, antes de que se convocara el concurso. El polideportivo no se ha llegado a construir 11 años después de la adjudicación.

Pero este caso quedó archivado por la Fiscalía a finales de 2015 por la prescripción de los hechos. El denunciante del caso, un arquitecto que difundió un video con anomalías (“el concejal me dijo que estuviera con el pico cerrado”), ha pagado un precio alto. “Después de aquello, yo no he vuelto a trabajar con la Administración. Ya ni me presento a concursos”, ha afirmado.

El caso Ibarzaharra, afectó a dos ex altos cargos del PNV (Juan Cruz Nieves, ex diputado foral en Bizkaia, e Iñigo Camino, ex director de Radio Euskadi y Deia) que cobraron casi 300.000 euros de esa sociedad pública sin ir a trabajar. Un contundente informe de la Inspección de Trabajo de Bizkaia certificó las irregularidades sobre la existencia de “una relación laboral simulada” pero el juzgado lo archivó en 2015 porque las pruebas eran “insuficientes”.

El llamado caso Zubiaurre, el ex director de una sociedad pública quien reconoció en el juicio el espionaje informático de datos urbanísticos, quedó archivado en 2016 por un error de forma de la Fiscalía. 

En otros siete casos que supusieron condenas, las consecuencias han sido leves para la mayoría de los implicados. Así, el caso Margüello, las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al doctor José Carlos Margüello en la Sanidad pública vasca entre 2006 y 2009, quedó instruido por el juzgado con la petición de penas de hasta 6 años de cárcel para el principal imputado, otra empresaria y dos altos cargos de Sanidad, acusados de prevaricación y malversación. Tras el juicio, la Audiencia de Bizkaia solo condenó por prevaricación a tres de los cuatro acusados con una pena mínima: entre siete y nueve años de inhabilitación y sin prisión.

La planta de purines de Bizkaia fue un proyecto puesto en marcha a comienzos de 2000 para resolver el problema medioambiental de los residuos ganaderos en la zona de las Encartaciones, con ríos contaminados. Pero, tras recibir 11 millones de euros de ayudas públicas, tanto de Euskadi como del Gobierno central, se quedó paralizado por su falta de viabilidad. Solo se recuperaron 750.000 euros y, como recuerdo, un esqueleto de hormigón. La Audiencia de Vizcaya condenó a un ex alto cargo del Gobierno vasco, Martin Ascasibar, y a otros dos ex cargos locales del PNV a pagar 2,3 millones de euros por el fraude.

Únicamente cuatro sumarios acabaron con condenas de cárcel.  El caso Balenciaga supuso una pena de cuatro años de cárcel al ex alcalde de Getaria, Mariano Camio, por dos delitos de administración desleal y otro de falsificación continuada en la construcción del museo Balenciaga, un proyecto que tenía un presupuesto de 4,8 millones de euros y acabó costando 30 millones. Camio sigue en libertad a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.

El caso Bravo supuso la condena de 10 años de cárcel al exjefe de la Hacienda de Irún José María Bravo, por apropiarse de 1,9 millones del dinero que le entregaban deudores de la Hacienda guipuzcoana. Por esa imputación, ingresó en prisión. En 2020, dentro del mismo caso, su hermano, el ex senador del PNV Víctor Bravo, fue condenado a 7 años de prisión por tres delitos fiscales al beneficiar a una empresa de la que fue socio. La sentencia fue recurrida por el afectado.

El caso Ibarra afectó a otro alto funcionario de la Hacienda en Euskadi. En este caso, al máximo responsable de la Inspección Fiscal en Bizkaia (el encargado por velar que los vizcaínos paguen sus impuestos), Juan Ramón Ibarra, quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por beneficiar a cerca de 200 contribuyentes al simular que estaban siendo investigados por la Hacienda vizcaína cuando en realidad no había ninguna actuación sobre ellos. Ibarra,  en solo dos meses logró el tercer grado y con ello pudo volver a su puesto de funcionario.

Una breve estancia en la cárcel a la que se opuso la Fiscalía pero cuyo recurso se demoró varios meses sin una justificación clara, según comentaron entonces en en los pasillos del Palacio de Justicia de Bilbao. El retraso permitió que Ibarra no perdiera su plaza de funcionario. Tampoco se explica que la condena, en contra de lo habitual, no conllevara una inhabilitación como funcionario público.

Las prácticas con fundados indicios de corrupción no parecen tener un castigo justo. Que, de los 13 principales casos investigados en la última década, la mitad hayan sido archivados y solo dos personas (y una de ellas dos meses) hayan pasado por prisión revela que algo no funciona correctamente. No es la mejor manera para evitar que se meta la mano en el dinero público o despilfarrarlo.