El Ayuntamiento de Sopela niega el acceso ágil a información solo a una parte de la oposición

El Ayuntamiento de Sopela (Bizkaia) niega desde hace más de dos años el acceso ágil a los expedientes municipales  a solo una parte de la oposición. El consistorio, gobernado por Josu Landaluce (PNV), permite “el libre acceso electrónico” a EH Bildu pero no a los otros grupos políticos de la oposición como Elkarrekin Podemos y Denok Batera Sopela.

Ese acceso electrónico permite la consulta inmediata de cualquier expediente municipal. Sin ese sistema, los concejales tienen que realizar una petición previa, lo que supone mayor tiempo y burocracia, ya que tiene que intervenir el personal del ayuntamiento para tramitar las solicitudes de información.

Las restricciones a la información municipal se iniciaron con el comienzo de la legislatura. Inicialmente, el acceso electrónico era solo de los concejales de la junta de gobierno, los del PNV y PSE (que gobiernan en coalición) y al edil de Denok Batera Sopela, tras un acuerdo político. Pero dos meses después, en septiembre de 2019, se amplió a la concejal liberada de EH Bildu (que cuenta con seis corporativos).

 El alcalde afirmó, en ese pleno del 26 de septiembre de 2019, que la edil liberada de EBH Bildu tendrá acceso “al 100% de todos los expedientes, como tienen el resto de miembros de la Junta de Gobierno. Aquí ocultismo no hay transparencia la máxima posible”, según consta en el acta del pleno. Así, el único grupo con esa restricción era Elkarrekin Podemos, que tiene dos ediles.

Un año después, el alcalde destituyó de la junta de gobierno al concejal de Denok Batera Sopela Jon Andoni Gerediaga, una decisión que llevó aparejada la prohibición del acceso electrónico. De esta forma hoy día, de los grupos de la oposición, uno dispone este sistema de acceso ágil y los dos restantes carecen de esa prerrogativa.

Además de esto, el consistorio tampoco está cumpliendo el plazo legal para el acceso de expedientes de manera ordinaria, que es de cinco días. En una documentación sobre el bidegorri municipal, pedida en septiembre de 2020 por el edil Jon Andoni Gerediaga, se tardó más de diez meses en posibilitar el acceso, después de tres solicitudes.

Hace ahora casi un año, el pleno municipal aprobó una moción, con los votos de toda la oposición, en la que se exigía el libre acceso electrónico a los expedientes municipales. Pero el ayuntamiento no la ha aplicado. Los trabajadores del consistorio se han quejado de que la petición ordinaria de expedientes por ediles de la oposición les supone perder horas de trabajo.

Como ha informado este blog, el ayuntamiento de Sopela está también envuelto en la polémica por su propósito de reducir las viviendas protegidas en el municipio, tras el informe del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco que ha frenado el cambalache urbanístico en el sector de Abaro. Un escrito del responsable de Ordenación Territorial había rechazado rebajar del 100% al 75% los pisos de protección en un barrio de este municipio, como pretende el Ayuntamiento. Se trata de un área de casi 7 hectáreas donde se preveía construir 520 viviendas protegidas.

La intención del alcalde Josu Landaluze (PNV) es redactar el primer plan general urbanístico (la localidad funciona con normas subsidiarias de hace más de 20 años) en el que se asuma que no se construirán el número de viviendas protegidas que exige la ley vasca.

Facilitar información ágil en un ayuntamiento a unos grupos de la oposición y denegarla a otros es lo más alejado de la transparencia pública. Suena más bien a tratar de frenar el trabajo de crítica política e induce a pensar que algunos persiguen el  ocultamiento de su gestión municipal. Luego nuestros dirigentes políticos hacen gala de disponer de normas de transparencia en las administraciones públicas pero la práctica muestra lo contrario en demasiadas ocasiones.