La Justicia archiva la denuncia de un alcalde del PNV contra un concejal al que echó del gobierno municipal

Un juzgado de Getxo ha archivado la denuncia por falsedad documental presentada por el alcalde de Sopela Josu Landaluze (PNV) contra un concejal de la oposición. El primer edil se valió de esta demanda para echar al concejal Jon Andoni Gerediaga, de la plataforma Denok Batera Sopela, de la junta de gobierno municipal. Pero, tras la sentencia que es ya firme, no ha vuelto a integrar al corporativo en el órgano de gobierno municipal.

Como ha publicado este blog, el Ayuntamiento de Sopela mantiene una actitud discriminatoria con parte de los concejales de la oposición. Desde hace más de dos años niega el acceso ágil a los expedientes municipales a los grupos Elkarrekin Podemos y Denok Batera Sopela pero si permite “el libre acceso electrónico” a EH Bildu.

Esta historia se remonta al inicio de la legislatura, en 2019, cuando el alcalde y el PNV de Sopela firman un acuerdo con la plataforma Denok Batera Sopela que incluye la entrada del concejal Jon Andoni Gerediaga en la Junta de Gobierno. Los problemas aparecen cuando el edil empieza a cuestionar acuerdos adoptados en ese órgano.

Así, en menos de un año, en 1 de junio de 2020 el alcalde presenta un escrito ante la Fiscalía de Bizkaia contra el edil por un supuesto delito de falsedad en documento público. Le acusa de difundir por wasap unas ayudas económicas del consistorio por la pandemia que no existían. Al iniciar la Fiscalía de Bizkaia una investigación, el alcalde dicta el 9 de junio de 2020 (al día siguiente de recibir la notificación de la Fiscalía), un decreto en el que acuerda apartarle de la junta de gobierno por “razones de prudencia” y “hasta en tanto se esclarezcan los hechos investigados”.

La instrucción judicial se ha demorado casi dos años. La Fiscalía de Bizkaia no pidió hasta el pasado 21 de diciembre el archivo del caso. El juzgado de instrucción número 6 de Getxo dictó el sobreseimiento el 10 de enero, en un auto en el que rechaza la existencia de cualquier delito de falsedad. “No consta el remitente” del wasap que hablaba de las ayudas económicas inexistentes y, agrega el auto, “en modo alguno cabe imputar ni su confección ni su difusión al investigado”, el concejal de Denok Batera Sopela.

Por ello, dicta el archivo, que ya es firme al no haberse presentado ningún recurso a la decisión judicial.

El ayuntamiento de Sopela está también envuelto en la polémica por su propósito de reducir las viviendas protegidas en el municipio, tras el informe del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco que ha frenado el cambalache urbanístico en el sector de Abaro. Un escrito del responsable de Ordenación Territorial había rechazado rebajar del 100% al 75% los pisos de protección en un barrio de este municipio, como pretende el Ayuntamiento. Se trata de un área de casi 7 hectáreas donde se preveía construir 520 viviendas protegidas.

La intención del alcalde es redactar el primer plan general urbanístico (la localidad funciona con normas subsidiarias de hace más de 20 años) en el que se asuma que no se construirán el número de viviendas protegidas que exige la ley vasca.

Cercenar la labor de la oposición en un ayuntamiento mediante la presentación de denuncias judiciales retrata perfectamente a quienes lo hacen. En este caso, al alcalde de Sopela, que no se le ocurre otra manera de expulsar de su gobierno municipal a un concejal incómodo con la presentación de una denuncia por un wasap que, encima, la justicia demuestra que no es del afectado. Y tras perder el caso, no restituye en el cargo al edil. Ahí se demuestra que solo buscaba apartar de la gestión municipal a una persona molesta. Tampoco es explicable la lentitud de la Justicia que ha tardado casi dos años en resolver una demanda que no requería gran esfuerzo investigador.