El rechazo a pagar 60.000 euros acerca a la cárcel a los cuatro procesados por corrupción en Alonsotegi

El rechazo a pagar 60.000 euros acerca más a la cárcel a los cuatro procesados por corrupción en el ayuntamiento vizcaíno de Alonsotegi. El preacuerdo extrajudicial al que llegaron hace dos meses el exalcalde José Luis Erezuma (PNV), un arquitecto municipal y dos constructores se ha tambaleado. Todos ellos pactaron en enero con la Fiscalía y la acusación popular, representada por EH Bildu, que reconocían el pago de dinero público de obras que no se ejecutaron, se comprometían a abonar de casi 900.000 euros de las subvenciones públicas y los intereses. Así evitaban el juicio y el paso por el cárcel si fueran condenados.

En estos meses se tenía que haber cerrado el acuerdo, especialmente sobre el calendario de pagos. Pero los problemas han aparecido por el rechazo al abono de la indemnización al Ayuntamiento, cifrada en 122.000 euros incluidos intereses y costas. Otros cerca de 750.000 deben pagarse a la Diputación de Bizkaia.

Según fuentes municipales, el abogado del arquitecto municipal procesado es el principal obstáculo, ya que se niega a pagar el perjuicio cometido al Ayuntamiento. El pago al consistorio corresponde al arquitecto y al exalcalde, quien sí ha mostrado su disposición a abonarlo.  Totaliza, según el informe de la secretaría municipal, casi 65.000 euros, a los que se añaden 24.000 euros por los intereses y 32.000 en concepto de los gastos de defensa jurídica del ayuntamiento de Alonsotegi.

Hace dos semanas, los tres grupos municipales (PNV,PSE, que gobiernan en coalición) y EHBildu, el único partido de la oposición) acordaron un ultimátum: el acuerdo se tiene que cerrar el 20 de abril y, en caso contrario, se celebrará el juicio suspendido en enero.

El exalcalde José Luis Erezuma y los otros tres procesados afrontaban hasta ocho años de cárcel cada uno. Esta era la petición de pena más elevada, solicitada por la acusación de EH Bildu, ya que el resto de las partes (la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Alonsotegi) habían coincidido en solicitar seis años de prisión para los seis imputados.

El acuerdo pactado en enero suponía que los cuatro procesados aceptan los delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental y prevaricación. La condena se reducía a dos años de prisión (con lo que al carecer de antecedentes penales eluden la cárcel) y tenían que devolver el dinero público que se defraudó: 600.000 euros de la subvención otorgada por la Diputación vizcaína, los 65.000 concedidos por el propio ayuntamiento de Alonsotegi y 200.000 euros en concepto de intereses.

El pacto incluía establecer un calendario de pagos y una garantía que contempla embargos, con bienes inmobiliarios como aval, en caso de incumplimiento de los abonos. Esta fue una exigencia de EH Bildu para aceptar el acuerdo.

Los implicados admitían, con el acuerdo extrajudicial, que actuaron de “de común acuerdo” para lograr unas subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 65.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio, así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, según subrayó el auto judicial de 2019 que les procesó.

Había otros dos implicados, una arquitecta y el aparejador municipal. La primera se quedaba con una condena leve, por lo que no figura en el pacto y no tendría que pagar ningún dinero, mientras que el aparejador falleció en noviembre.

La investigación judicial de este caso se inició en 2018, tras una denuncia del grupo municipal de EH Bildu, por el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo para esclarecer un episodio de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones y las diligencias han determinado que ese dinero se utilizó para pagar a la constructora Laneder, (en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de un millón de euros por una obra anteriormente realizada en 2008.

Este abono por obras no ejecutadas fue reconocido, en su declaración ante el juez en noviembre de 2018, por uno de los constructores, Eduardo Ibarra. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El exalcalde José Luis Erezuma, con el preacuerdo extrajudicial, reconocía que encargó de “de forma verbal” las supuestas obras y los técnicos municipales presentaron informes “con desperfectos inexistentes”.

En Alonsotegi, que en la década pasada llegó a ser el municipio vasco de entre 1.000 y 10.000 habitantes con más endeudamiento, los tribunales tienen abiertas otras dos investigaciones diferentes, con las que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres legislaturas que van de 2003 a 2015. El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales. A pesar de que las investigaciones se iniciaron años antes, van más retrasadas en la instrucción judicial.

El caso de mayor gravedad implica a dos exalcaldes, Aitor Santisteban (alcalde entre 2007 y 20119 y a Gabino Martínez de Arenaza (primer edil entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Se les culpa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal.

Junto a ellos, tendrán que pasar por el banquillo un abogado y el arquitecto asesor, acusados todos ellos de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.

Pese a que el juzgado de Barakaldo que investiga el caso decretó el procesamiento en julio de 2018, aún sigue sin fijarse la fecha de la vista.

El tercer caso se refiere a certificaciones falsas de obras por la que está imputado el exalcalde Aitor Santisteban, junto al arquitecto externo y el aparejador municipal.  En concreto, cerca de 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron. Estaban imputados por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

Sin embargo, la Fiscalía de Bizkaia ha aumentado las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplía los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

La Fiscalía señala que los siete imputados “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras”.

El rechazo a pagar parte de las indemnizaciones puede reactivar el juicio contra un exalcalde, un arquitecto municipal y dos constructores. Todos ellos han admitido que defraudaron dinero público para pagar a una constructora por obras públicas que nunca se ejecutaron. Casi 700.000 euros que no se utilizaron para el fin solicitado. El preacuerdo extrajudicial que ahora se tambalea ha certificado la grave corrupción en este municipio. Y aún quedan pendientes otros dos juicios en Alonsotegi, que han causado un agujero económico de otros 16 millones de euros, según los informes periciales. Dos casos en los que están acusados otros dos exalcaldes de Alonsotegi y media docena de personas, entre técnicos municipales y constructores. Casi nada para lo que algunos llaman el oasis vasco de la corrupción.