La Audiencia cierra la vía penal del atropello mortal de un niño vizcaíno

La Audiencia de Bizkaia ha cerrado la vía penal en el caso del atropello mortal de un niño vizcaíno de 11 años, hace ya más de tres años. Como hizo el juzgado por dos veces, la Audiencia, que ya archivó esta investigación en abril del pasado, no tiene en cuenta los informes periciales que apuntaban a la culpabilidad de un conductor y solo da por válido el atestado de la Ertzaintza.. “No existen los suficientes indicios de criminalidad contra el investigado, debiendo ser la vía jurisidiccional civil la competente para resolver” el litigo, concluye en un auto dictado el pasado 19 de junio.

Las nuevas pruebas presentadas por los padres del niño atropellado mortalmente desacreditaban, a través de un exhaustivo informe pericial, el atestado policial de la Ertzaintza, que concluyó que fue un accidente sin culpables.

El atropello mortal de Iurgi Beraza ocurrió en un barrio de la localidad vizcaína de Aulesti en mayo de 2020. El niño transitaba en su bici en un camino vecinal cuando fue arrollado por un vehículo y falleció.

La investigación policial tiene bastantes lagunas, como el hecho de que el conductor trasladó el cuerpo 150 metros del lugar donde tuvo lugar. El atestado de la Ertzaintza da por buena la versión del conductor de que circulaba a 20 kilómetros por hora, como obliga la señalización vial del camino vecinal, y concluye que el accidente se produjo “por una fatal desgracia”.

El juzgado de instrucción de Gernika, basándose únicamente en el atestado de la Ertzaintza, archivó el caso, en un auto dictado el 28 de octubre de 2021, porque “no existen indicios de que existiera la imprudencia”. La Audiencia de Bizkaia confirmó el archivo en abril de 2022.

Sin embargo, una empresa de peritaje especializada, tras conocer por los medios de comunicación el caso, realizó un informe de manera gratuita para los padres del niño. El estudio de la compañía Itrasa, que usó un software específico para la reconstrucción de accidentes, concluye que el conductor circulaba a más de 50 kilómetros por hora, dos veces y media superior a lo permitido, y que el conductor “no realiza maniobra evasiva alguna, a pesar de tener más de 3,33 segundos desde que puede percibir al ciclista”.

Agregaba que el accidente era evitable “únicamente con el básico y exigible respeto a la normativa de circulación por parte del conductor del turismo, conocedor de la vía, de la limitación de velocidad y del trazado de la vía”.

Apuntaba a graves deficiencias en el atestado policial, que “no realiza informe técnico alguno e introduce errores, no sólo en los límites de velocidad, en la señalización, en las dimensiones” y carece de cálculos de velocidad, “de un croquis escalado real, incluso, no realiza algunos elementos de investigación exigible en este tipo de accidentes”. “Establece unos apriorismos que le llevan a unas conclusiones carentes de rigor técnico y científico”.

Señala que es “absolutamente imposible determinar” la velocidad a la que circulaba el conductor. Resalta que el informe de la Ertzaintza “se practicó de forma casi inmediata”. Concluye que había escasa visibilidad y el camino era “un piso encementado e irregular” y que el niño invadió “la parte de la vía que ocupaba el vehículo”.

Los padres del niño volvieron a presentar un recurso ante la Justicia. La Audiencia de Vizcaya, en el auto dictado el 19 de junio adelantado por Radio Bilbao, concluye que “se ha llevado una correcta valoración de los elementos probatorios” que justifica el archivo.

La vía penal queda cerrada en el desgraciado atropello mortal de un niño de 11 años. Es muy cuestionable que no se tenga en cuenta un riguroso informe técnico, elaborado de manera altruista, que determina que la velocidad era dos veces y media superior a la legal, que el conductor pudo evitar el accidente y que el atestado de la Ertzaintza carece de “rigor técnico y científico”. Un sentido de la Justicia debería determinar las razones por las que unos padres se han quedado sin su hijo.