El Gobierno vasco reduce 10 veces la multa al municipio sin ayudas para el saneamiento

La Agencia Vasca del Agua, Ura, dependiente del Gobierno vasco, ha reducido en 10 veces la multa impuesta al ayuntamiento vizcaíno (al que dejaron sin ayudas para su saneamiento) por no realizar correctamente sus vertidos. La sanción, que superaba los 71.000 euros, ha quedado en 7.500, al aceptar parte de las alegaciones del Ayuntamiento de Karrantza.

El Consistorio no puede tratar adecuadamente sus aguas residuales sus aguas residuales por la carencia de una depuradora. Existe una instalación para el abastecimiento que se construyó la década pasada pero lleva inutilizada ya 10 años tras una inversión de 9 millones de euros, ya que no se ha construido la red de conducciones.

El conflicto sobre el tratamiento de agua en este municipio de la zona oeste de Bizkaia viene de años atrás. En el fondo está la reticencia del Ayuntamiento de Karrantza, gobernado por la plataforma independiente Karrantza Zabala, de integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, por el perjuicio económico para el municipio. “Las condiciones de entrada al CABB (Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia) no son viables para la estabilidad presupuestaria”, concluye un informe del interventor municipal  que “informa desfavorablemente a la entrada en el CABB bajo el condicionado requerido”.

Un informe de la auditoría Deloitte, elaborado en mayo de 2018, determinó que, con la integración, las nuevas tarifas de agua supondrían el cierre del 70% de las explotaciones ganaderas del municipio al ser “incapaces de remunerar su mano de obra propia”. Además, incidió en que se exige el Ayuntamiento que, antes de integrarse en el Consorcio, debe reparar toda la red secundaria de abastecimiento (más de 9 millones de euros) y ejecutar la planta de tratamiento (más de 20 millones).

Hace tres años la Diputación de Bizkaia rescindió los dos convenios suscritos con el Ayuntamiento de Karrantza hace ya 11 años para solucionar los problemas de abastecimiento y saneamiento, que suponían inversiones por 30 millones de euros.La ley obliga a las diputaciones, como entidad supramunicipal, a prestar asistencia a los ayuntamientos que, con su propio músculo financiero, no pueden ejecutar infraestructuras de alto coste como las estaciones depuradoras o de abastecimiento de agua.

La paralización de los convenios llevó al Ayuntamiento de Karrantza a presentar hace dos años dos denuncias en los tribunales, por la no ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento, respectivamente.

El Tribunal Superior vasco, en dos sentencias dictadas el 1 de julio del pasado año, consideró que los dos convenios están ya caducados. Pero se unía a la tesis de Ayuntamiento de Karrantza que la razón última de la anulación, y por tanto la paralización de las ayudas por 30 millones de euros, se debe a la negativa a integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB).  En el fallo sobre las ayudas al abastecimiento, señalaba que “con respecto a la extinción de que se trata en las presentes denotan cierta connotación entre el hecho de no haberse integrado el Ayuntamiento de Karrantza en el CABB y ,así, bien puede entenderse que tal circunstancia no es ajena al propósito que anida en el Acuerdo recurrido”.

En la sentencia sobre el saneamiento, dejaba abierta la vía a que el Ayuntamiento pueda exigir esas ayudas sin la obligación de consorciarse. Así, expresa que “el decaimiento del convenio  no prejuzga negativamente cuantas acciones puedan asistir al Ayuntamiento recurrente para hacer valer en derecho la necesidad de una cooperación técnica y económica diferenciada ajena a dicho instrumento por parte de las otras instituciones comunes o forales del País Vasco, en la que dicho municipio ejercite dentro de la legalidad la capacidad decisoria que le corresponda y, -de ser ese el caso-, al margen del Consorcio de Aguas, del que precisamente la extinción del referido convenio en vez de someterle, le libera indiscutiblemente” 

De esta forma, la Justicia advertía, por vez primera, que la entrada en el Consorcio de Aguas vizcaíno es voluntaria y no debe imponerse para recibir ayudas de la Diputación vizcaína.

Mientras se dirimía este pleito judicial, Ura impuso en 2021 una multa por falta grave en la depuración de aguas residuales con un importe de 52.000 euros. A ello se sumaban otros 19.211 euros en concepto de indemnización por daños al dominio público hidráulico.

El Ayuntamiento de Karrantza formuló una serie de alegaciones a la sanción, entre ellas que contaba con la autorización de vertido, en contra de lo que sostenía Ura. La Agencia Vasca del Agua ha admitido que existe dicho permiso, por lo que ha cambiado la falta grave por una leve y ha disminuido la multa a 7.500 euros. La sanción, que con la reducción por pago inmediato ha quedado en 6.000 euros, ya ha sido abonada por el Consistorio.

Finalmente, un pequeño municipio se ha librado de una importante multa en un asunto que escapa de sus competencias. El incumplimiento de la Diputación vizcaína de los convenios firmados la pasada década con el Consistorio impide la construcción de una depuradora de aguas residuales y la puesta en marcha de otra ya construida para el abastecimiento, que lleva parada 10 años tras invertirse 9 millones de euros. Y el asunto, y el tratamiento de las aguas residuales, sigue sin resolverse. Otro ejemplo de deficiente gestión pública.