El juicio contra dos exalcaldes de Alonsotegi acusados de corrupción lleva bloqueado siete años

El juicio contra dos ex alcaldes de la localidad vizcaína de Alonsotegi acusados de corrupción por un “agujero” de 15 millones de euros en el Ayuntamiento lleva bloqueado ya siete años, desde que finalizase la investigación judicial. Los imputados son los que fueron primeros ediles entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban, ambos del PNV.

El retraso es inexplicable, ya que el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo, encargado de la investigación iniciada nada menos que hace 11 años, decretó el procesamiento (el paso previo a fijar el juicio) en 2018. Y en 2020 la Audiencia de Bizkaia confirmó que haya una vista oral contra los dos exalcaldes, así como el arquitecto asesor y un abogado. Se les acusa de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

En el auto que confirmó el procesamiento de estas personas en 2020, la Audiencia de Bizkaia ya reprochó entonces los retrasos, para lo que “ha concurrido eficazmente la masiva utilización de cuantos recursos prevé la ley, y a veces incluso de los que no prevé”, en alusión a la estrategia de la defensa de los encausados.

Este caso se refiere a la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora.

“Se desconoce el importe exacto de los gastos en los que la sociedad [Alonsotegi Eraikiz] incurre con motivo de la gestión propia de los asuntos municipales que, a pesar de recogerse en el Capítulo IV del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento, no han sido autorizados, dispuestos ni reconocidos tales créditos”, decía textualmente la interventora. Se refería a facturas sin aprobación, contratación de personal sin conocerse el proceso de selección, datos sobre el IVA diferentes al Ayuntamiento de Alonsotegi y la Hacienda de Bizkaia. 

Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio de 2018 con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011, Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban. Una auditoría externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico.

El Tribunal Vasco de Cuentas, que utiliza siempre la mesura en sus informes, fue demoledor en la auditoría que en 2016 realizó sobre la polémica sociedad urbanística. «No ha cumplido la normativa legal que regula su actividad económica-financiera», una frase que casi nunca emplea en sus informes pese a que siempre hay incumplimientos de mayor o menor gravedad de los organismos públicos que fiscaliza. En el informe completo, se censura la deficiente gestión de los dos exalcaldes, con sobrecostes de obras de hasta el 165%, ventas de terrenos por debajo de la tasación, o abonar dos veces la misma factura a una constructora.

El PNV se apresuró entonces, a finales de 2014, en denunciar, en el diario Deia, que «aquí no hay ni enriquecimiento, ni financiación ilegal, ni saqueo de las arcas públicas, ni robo, que es lo que abarca la corrupción» y la Diputación de Bizkaia, por boca del exdiputado general Unai Rementeria, aseguró en las mismas fechas que Martinez de Arenaza, en esas fechas director foral de Turismo «no roba dinero».

La Audiencia vizcaína relataba las ilegalidades principales, como el cobro de la  sociedad municipal por la venta de terrenos de un importe de 3,9 millones de euros “sin que se conozcan el destino de dichas cantidades de dinero”; la construcción del campo de fútbol municipal con un sobrecoste del “64 % superior al importe adjudicado” y el abono “de 851.146,94 euros, desconociéndose el destino dado al importe recibido”; o que los servicios de arquitectura del Ayuntamiento “vienen siendo prestados sin ningún tipo de contrato”.

Los tribunales abrieron otras dos investigaciones más por corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi en las tres legislaturas que transcurrieron entre 2003 y 2015. El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales.

La segunda también está pendiente de celebrarse el juicio, aunque el retraso es mucho menor. Hace poco más de un año, en febrero de 2024, el juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo dictó el procesamiento contra el exalcalde Aitor Santisteban (primer edil entre 2007 y 2011 por parte del PNV) y otras cinco personas, el arquitecto externo y cuatro directivos de dos constructoras. Les acusa de pagar 2,5 millones de euros por obras no realizadas y cometer hasta seis delitos.

En se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. La Fiscalía de Bizkaia y el resto de las acusaciones han pedido penas de entre 7 y 9 años de prisión para cada uno de los encausados.

La tercera investigación, paradójicamente la más reciente, ya tuvo juicio y sentencia. En un sorprendente fallo, la Audiencia de Bizkaia dejó sin cargos (ya no estaba otro exalcalde José Luis Erezuma, fallecido antes de la celebración de la vista oral en enero pasado, y cuya responsabilidad penal quedó entonces extinguida) a cuatro acusados. El caso se trataba también de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipio de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros.

Incluso  uno de los dos constructores encausados Eduardo Ibarra, declaró en el juzgado que las obras no se ejecutaron. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con [su empresa] Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas falsas. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Sin embargo, la Audiencia decidió no fijar ninguna condena.

Poca explicación tiene que 11 años después de iniciarse las investigaciones y siete desde que se dictase el procesamiento (el paso previo a fijar el juicio), todavía se desconozca cuándo se celebrará la vista oral contra dos exalcaldes acusados de dejar un “agujero” de 15 millones de euros en su municipio. No ayuda para nada la lentitud de la Justicia para determinar las responsabilidades en hechos tan graves. Y lo peor es que estas demoras se repiten a menudo.