El Ayuntamiento de Sopuerta solo ofrece 900 euros de indemnización por un error urbanístico que ha costado 250.000 euros

El Ayuntamiento de Sopuerta ofrece solo una indemnización de 900 euros por un error urbanístico que ha obligado a una vecina a gastarse más de 250.000 euros durante más de cinco años. El Consistorio vizcaíno reconoce que hace ya 10 años dio el permiso para reconstruir una casa de indianos en otra ubicación y que “la contestación dada era errónea” por incumplir la ley de Suelo. También admite que, debido a ese fallo, el promotor incurrió en “gastos que han sido inútiles” pero únicamente ofrece pagarle por las tasas de la licencia (964 euros) pero no por la compra del inmueble, que son 170.000 euros, ni los gastos acometidos durante cinco años, hasta que fue denegada definitivamente la posibilidad del proyecto.

Este caso arranca en febrero de 2016, cuando la vecina realiza una consulta urbanística al Ayuntamiento de Sopuerta sobre una casa de indianos. Pregunta si es posible la reconstrucción en otra ubicación (a unos 200 metros), ya que estaba junto a la carretera y en un área inundable. Solo un mes después, el arquitecto emite un informe positivo al cambio de ubicación y la vecina compra en junio de 2016 el inmueble por 170.000 euros.

Dos años después, en 2018 el ayuntamiento le deniega la licencia de obras, ya que argumenta que es necesaria una ordenanza municipal que avale el cambio de ubicación. Le traslada que pida una segunda licencia de obras.

La vecina sigue la recomendación municipal, solicita de nuevo el permiso de obras y, en enero de 2019, el Consistorio aprueba una ordenanza que permite el traslado de una vivienda para su rehabilitación. Pero, tras las alegaciones de un grupo ecologista de que se incumplía la ley vasca de Suelo, el ayuntamiento recula y en noviembre de 2020 deniega la segunda licencia de obra. La decisión se confirma en julio de 2021 con el cambio de la ordenanza (la que se había aprobado en 2019) que impide la reconstrucción de casas en un lugar diferente a su ubicación originaria.

La promotora ha acudido a la Justicia que, basándose en la ley vasca de Suelo, ha considerado ilegal el traslado para la reconstrucción de la vivienda.

Así, cinco años después, la vecina ve frustrado su proyecto después de gastos cuantiosos. Además de la compra de 170.000 euros, ha tenido que pagar partidas de casi 50.000 euros para el mantenimiento de un inmueble que estaba bastante deteriorado, 23.000 euros al arquitecto que le ha elaborado los proyectos y varios miles de euros más en obras de urbanización, saneamiento o suministros. En esos cinco años, de 2016 a 2021 el coste supera los 250.000 euros.

La cantidad llega a los 345.000 euros si se extiende hasta ahora y se incluyen gastos de abogados y de atención psicológica, ya que la vecina ha sufrido una depresión por lo ocurrido. La afectada ha presentado un listado de 155 facturas con todos sus gastos desde 2016.

Sin embargo, el Ayuntamiento, en un informe realizado por una asesoría jurídica externa y fechado el pasado 25 de febrero, limita la indemnización a 964 euros, correspondientes a la tasa de la licencia para la reconstrucción y de la autorización de la Diputación de Bizkaia. Considera que el resto de gastos “no pueden considerarse daños derivados de la emisión de una cédula urbanística errónea”.

Ofrecer una indemnización de 900 euros cuando te has gastado más de 250.000 euros por una vivienda que no existe por un error del ayuntamiento suena a broma de mal gusto. Este es el caso de una vecina de Sopuerta que, tras realizar una consulta urbanística, le dicen que puede comprar una casa en mal estado para reconstruirla en otra ubicación cercana. Incluso se cambia la ordenanza municipal para permitirlo. Pero cuatro años después el ayuntamiento “se da cuenta” que incumple la ley vasca de Suelo, que prohíbe trasladar la reconstrucción, y deniega el permiso de obra. Un error que tiene una compensación irrisoria. Todo muy normal.