Archivados la mayoría de los expedientes contra la juez que dejó 200 sentencias sin dictar

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la máxima autoridad de la judicatura en España, ha archivado la mayoría de los expedientes disciplinarios que abrió contra la juez de San Sebastián que dejó más de 200 sentencias sin dictar. Tres de los cinco expedientes han quedado ya sin efecto y se desconoce lo que ha ocurrido con los otros dos.

Como ha informado este blog, la magistrada del juzgado de lo social número 5 de San Sebastián paralizó la emisión de fallos durante siete meses, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, aunque las demoras en su cometido se remontaban a los últimos cuatro años.

Por ello, le incoaron cinco expedientes disciplinarios, que supusieron una sanción “por infracción grave por retraso”, según informó entonces el Tribunal Superior vasco. La magistrada fue apartada de su caso y la paralización en la resolución de las 200 sentencias obligó a organizar la celebración de otros tantos nuevos juicios en un área, la social, que trata asuntos tan delicados como despidos o indemnizaciones laborales, y que por ello suele ser más ágil.

Para la celebración de las vistas, el Superior designó el pasado 22 de noviembre a una nueva magistrada para el juzgado de lo social 5 de San Sebastián con un plan concreto: celebrar cada semana 14 juicios durante seis meses, entre el 13 de enero y el 13 de julio.

El Tribunal Superior Vasco citó a varias entrevistas a la juez para que explicase las demoras. “No compareció a dichas entrevistas ni alegó formalmente el motivo del retraso, si bien informó al decanato de San Sebastián que se encontraba de baja, sin acreditarlo documentalmente”, señaló entonces el alto tribunal.

La comisión del Superior vasco que designa los jueces sustitutos no le incluyó en el listado para el curso 2024-2025 y quedó “finalmente excluida por falta de idoneidad para el cargo”, según el acuerdo adoptado el pasado 24 de julio de 2024 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

El juez decano de San Sebastián aseguró haberse puesto varias veces en contacto con la juez para “interesarme por la situación personal” y por los retrasos en las sentencias “sin obtener una respuesta satisfactoria a esta segunda cuestión”. Estas demoras causaron una gran preocupación en los abogados y graduados sociales de Gipuzkoa, según el juez decano.

En concreto, la juez apartada dejó pendientes, solo en el juzgado de lo social número 5 de San Sebastián, un total de 198 sentencias, ocho autos de aclaración y tres autos en procedimiento de ejecución. A ello se agregaban 106 expedientes, “sin que se sepa si van a ser o no devueltos, lo que requerirá, en su caso, iniciar un expediente de recuperación de autos” y otras 9 sentencias en el juzgado de lo Social 1. Además, también dejó sentencias sin dictar en los juzgados de instrucción 1 de Eibar y el 4 de Tolosa.

De los cinco expedientes disciplinarios abiertos (identificados con los números 5/2024, 15/2024, 19/2024, 22/2024 y 23/2024), el Poder Judicial ha archivado tres. En concreto los números 15, 19 y 23. Sin embargo, el Tribunal Superior vasco, que recibió la información del caso el pasado marzo, no ha aportado más datos: ni de los argumentos del archivo ni de lo que pasa con los otros dos expedientes abiertos.

No es el único caso en Euskadi de un magistrado que incumple gravemente su trabajo. Hace diez años, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya suspendió de empleo y sueldo durante nueve meses al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo por haber acumulado en 11 meses más de 200 sentencias sin dictar. En 2021, el juez fue expulsado tras ser sancionado en una decena de ocasiones en los últimos años. Si de media un juez dicta 240 sentencias al año, el magistrado de Barakaldo firmaba tres al mes. 

Sorprende el archivo de la mayoría de los expedientes disciplinarios abiertos a la juez de San Sebastián que fue apartada tras dejar más de 200 sentencias sin dictar. Sobre todo, porque el Tribunal Superior vasco, que recibió la información del caso en marzo por parte del Consejo del Poder Judicial (el organismo encargado de la investigación interna), no ha dado dato de las razones del archivo ni ha aclarado qué ha pasado con dos de los cinco expedientes. De nuevo, la escasa transparencia de la cúpula judicial acrecienta la desconfianza del ciudadano en su Justicia.