La investigación contra el exfuncionario que avaló el casoplón de 11 baños se activa sin su principal testigo

La principal testigo de la investigación contra el exjefe de Urbanismo en Zarautz que avaló el casoplón de 11 baños, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia, no ha acudido a declarar ante la juez por estar “ilocalizable”. Así lo justificó el Ayuntamiento de Zarautz en la toma de declaraciones por el allanamiento de un despacho municipal del grupo Podemos Equo Berdeak, en el que está imputado el exjefe de Urbanismo de esta localidad.

Como ha informado este blog, la sexta juez que investiga estos hechos ha reactivado el caso tras dos años paralizado. El pasado miércoles estaban llamados a declarar ante el juzgado número 2 de Azpeitia seis personas, cuatro técnicos municipales, el portavoz de Podemos Equo Berdeak y la limpiadora. Esta empleada es la principal testigo, ya que, según la declaración de los afectados, es la persona a través de la que el exfuncionario accedió al despacho municipal. Sin embargo, no acudió al juzgado ya que no se le ha podido localizar, según el Consistorio de Zarautz.

Las otras cinco personas si prestaron declaración. Los cuatro técnicos municipales aseguraron que estuvieron pocos minutos en el despacho y que el imputado entró “como uno más”. El portavoz de Podemos Equo Berdeak sostuvo que el exfuncionario también accedió por la tarde, en vez de por la mañana como sostuvo el imputado en su declaración.

Esta investigación judicial se produce tras unos hechos ocurridos entre mayo y junio de 2023. La denunciante fue la entonces concejal de Podemos Equo Berdeak (ahora sin representación municipal tras perderla en las elecciones de mayo de 2023), Oihane Delgado, quien fue informada por la trabajadora de la limpieza que su despacho estaba revuelto. En concreto, había “dos muebles de ficheros abiertos y algunos documentos revueltos en estanterías”, según la denuncia presentada ante la Ertzaintza el 1 de julio de 2023. La formuló poco después de que el exfuncionario le admitiese que había entrado en su despacho.

El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia abrió una investigación a finales de 2023 y, en febrero de 2024, tomó declaración como investigado al exresponsable de Urbanismo. Afirmó que entró “con dos personas” en el despacho el 31 de mayo sobre las 8.15 horas porque, como iba a quedarse libre al perder Podemos su concejal, quería “tomar medidas” para usarlo para otros empleados. “No estuvimos ni dos minutos”, declaró.

Agregó que la entrada, que requiere una tarjeta electrónica, la hizo con la tarjeta de otra empleada y que no “tenía intención de espiar, ni robar nada”. Atribuyó la denuncia a la “inquina enorme” de la concejal contra su persona y aseguró que “me he sentido acosado”.

Sin embargo, la investigación de la Ertzaintza cuestiona que el allanamiento se produjera el 31 de mayo, ya que el registro de entradas de la empresa que controla las tarjetas electrónicas certifica que solo hubo dos entradas ese día, a cargo de la empleada de limpieza y están fechadas hacia las 15 horas. En su declaración, el exfuncionario no supo explicar por qué no aparece en el registro su entrada sobre las 8.15 horas.

El juzgado recibió en julio datos contradictorios de este caso. El exfuncionario imputado entregó un informe sobre el allanamiento en el que aparecen nuevos registros de entrada, que se contradicen con lo aportado por la Ertzaintza en esta investigación.

El imputado fue el empleado municipal que refrendó en concreto la licencia para la acometida del agua al palacete, con una orden de demolición dictada el pasado 17 de enero por la Justicia.

En un informe firmado el 3 de junio de 2020 (cuando el casoplón ya llevaba cinco años de investigación judicial con múltiples irregularidades), el funcionario de Urbanismo concluyó que sería “injusto y temerario no autorizar la acometida de agua”.

Es curioso que la persona que puede tener más información sobre el allanamiento de un despacho municipal en Zarautz no acuda a declarar porque no se le ha localizado. Estamos en un caso que ha estado paralizado dos años y que ese tiempo han pasado ya seis jueces por el juzgado de Azpeitia, lo que no habla nada bien de la Justicia. Es el mismo juzgado que, por su inacción, propició hace ya siete años el archivo inicial del caso del polémico casoplón de 11 baños, cuyo derribo ha sido decretado por la Justicia. Y el imputado en el allanamiento del despacho municipal es el exjefe de Urbanismo de Zarautz que avaló el palacete. Que cada uno saque sus conclusiones.